Los recientes crímenes en el departamento reflejan un patrón que combina violencia de género, criminalidad y debilidad institucional. Expertas advierten que la falta de prevención y respuesta oportuna podría agravar el impacto social y económico en la región.

En los primeros cuatro meses de 2026, se registran 26 mujeres asesinadas en el Atlántico. Los casos, registrados en municipios como Sabanagrande y Baranoa, así como en sectores de Barranquilla, muestran una tendencia creciente que ya no puede entenderse como situaciones aisladas, sino como la manifestación de un problema estructural.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 7 de abril, cuando Julia Antonia Barrios Calceta, de 55 años, fue asesinada a tiros mientras trabajaba en una miscelánea. Según fuentes judiciales, el ataque estaría relacionado con presiones extorsivas. Apenas 18 horas después, en Baranoa, Maribis del Socorro Escobar Gonzales, también de 56 años, fue asesinada dentro de su vivienda por sicarios que utilizaron un engaño para ingresar

Ambos crímenes reflejan una dinámica en la que confluyen economías ilegales, violencia armada y vulnerabilidad de las mujeres en espacios cotidianos. (Lea en CONtexto ganadero: Crimen de mujer tras consejo de seguridad se suma a la ola de violencia que sacude a Sabanagrande)

Aunque históricamente la violencia de género ha sido asociada al ámbito intrafamiliar, los hechos recientes evidencian una transformación en el que las mujeres también están siendo víctimas en contextos relacionados con delitos como la extorsión y el sicariato.

Este fenómeno amplía el riesgo y evidencia que la problemática no solo responde a conflictos personales, sino a entornos de inseguridad más amplios donde las mujeres quedan expuestas. En territorios con economías locales basadas en pequeños negocios y trabajo informal, esta situación impacta directamente en la estabilidad social y productiva.

Silencio, miedo e impunidad

Para Diana Castillo, coordinadora de la Fundación Teknos, la cifra de 26 mujeres asesinadas en lo corrido del año es una señal clara de alerta.

En sus palabras, “es una señal alarmante en el tema de violencias contra las mujeres, porque no son hechos aislados, sino la expresión de una problemática sistemática de desigualdades, de control y de violencia de género que está cobrando vidas en el Atlántico”.

Desde su experiencia acompañando a víctimas, Castillo explicó que las causas son múltiples y persistentes: violencia intrafamiliar, celos, control, dominación, normalización del maltrato, impunidad y debilidad institucional.

Uno de los puntos más críticos, según la experta, es la respuesta institucional. Aunque existen leyes, rutas de atención y mecanismos de protección, su implementación no está siendo efectiva.

“Siento que no es suficiente, que, aunque sí hay leyes, normas, rutas de atención, la respuesta suele ser tardía. Demoran todos estos procesos de sanción, y en muchos casos se ve la ineficiencia y la falta de articulación y seguimiento con un enfoque preventivo”, aseguró.

Entre las principales fallas se encuentran el incumplimiento de medidas de protección, la falta de seguimiento a denuncias y la escasa presencia institucional en zonas vulnerables. A esto se suma una débil educación en prevención de violencia de género.

El problema se agrava por las dificultades que enfrentan las mujeres al momento de denunciar. La coordinadora de Teknos señaló que el miedo a represalias es una de las principales razones por las que muchas víctimas no acuden a las autoridades.

De acuerdo con Castillo, “hay mujeres que no denuncian porque temen que el agresor, al saber que lo hizo, pueda seguir agrediendo o atentar contra su familia”.

A lo anterior se suman factores como la dependencia económica, la falta de apoyo social y familiar, la revictimización institucional y la desconfianza en la justicia, elementos que contribuyen a que muchos casos no avancen o queden en la impunidad.

Más allá de las cifras, la violencia contra las mujeres tiene efectos profundos en las comunidades. En muchos contextos ellas son sostén económico del hogar o participan activamente en actividades productivas, por eso, su ausencia genera impactos directos en la estabilidad familiar y en la economía local.

La pérdida de ingresos, la desintegración familiar y el aumento de condiciones de vulnerabilidad son algunas de las consecuencias que se extienden más allá de cada caso individual.

Acciones urgentes

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Frente a este panorama, Castillo insistió en la necesidad de medidas inmediatas y efectivas. Entre ellas, destaca el fortalecimiento de las medidas de protección, la atención oportuna a denuncias y la ampliación de refugios para mujeres en riesgo.

“Hay mujeres que van a denunciar un fin de semana y resulta que no están atendiendo… no sabemos qué pueda pasar en ese lapso de tiempo”, afirmó.

También subrayó el papel de la sociedad en la prevención, insistiendo en la importancia de no guardar silencio y de acompañar a las víctimas. “Es un tema de salud pública que nos compete a todos”.

Finalmente, su mensaje para las mujeres es: “no están solas. La violencia no es normal, no es justificada. Buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad”.

La situación en el Atlántico refleja una crisis que combina violencia de género, inseguridad y fallas institucionales. Sin una respuesta articulada y efectiva, el riesgo no solo es la continuidad de los hechos, sino la profundización de sus efectos en la vida social y económica de la región. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)