Las cifras de enero a marzo evidencian un deterioro acelerado en varias regiones productivas, en las que comunidades rurales, incluidos ganaderos, enfrentan el avance de estructuras criminales. La persistencia de estos hechos pone en duda la efectividad de las estrategias oficiales y anticipa impactos económicos si no hay respuestas urgentes y contundentes.

Colombia inició 2026 con un repunte de la violencia que golpea directamente a las zonas rurales: entre enero y marzo se registraron 35 masacres y 133 asesinatos en 17 departamentos y 34 municipios, según Indepaz. (Lea en CONtexto ganadero: Reconocido ganadero y su hijo mueren en brutal atentado rural)

Los hechos, que comenzaron el pasado 3 de enero en Cauca, reflejan no solo la persistencia del conflicto armado en territorios estratégicos, sino también el debilitamiento del control estatal en regiones clave para la producción agropecuaria.

El mapa de la violencia coincide con corredores rurales donde la ganadería y otras actividades agropecuarias son fundamentales. Departamentos como Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Meta aparecen de manera reiterada en los registros, evidenciando que el fenómeno no es simple, sino estructural.

Las cifras muestran una distribución preocupante de las víctimas: 74 hombres, 16 mujeres, 17 menores de edad y 40 personas sin identificar. Este último dato refleja la magnitud de la violencia y las dificultades institucionales para esclarecer los hechos.

Para el sector ganadero, esta situación implica riesgos directos por pérdida de mano de obra, desplazamiento forzado, extorsión y limitaciones para la movilidad de productos. En regiones como el norte del Cauca o el Bajo Cauca antioqueño, la inseguridad ya condiciona decisiones productivas.

Comparación con 2025

El contraste con 2025 resulta contundente. En enero de ese año se registraron 9 masacres y 24 asesinatos, mientras que en enero de 2026 la cifra subió a 13 masacres y 66 víctimas. La tendencia se mantiene en febrero y marzo, donde también se evidencian incrementos significativos.

En el acumulado del primer trimestre, 2026 supera ampliamente los registros del mismo periodo del año anterior, lo que indica un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad.

Aunque en todo 2025 se contabilizaron 78 masacres y 256 asesinatos, el ritmo actual sugiere que 2026 podría igualar o incluso superar esas cifras si no hay cambios de fondo.

De acuerdo con la Fundación Escuela Libertad, la violencia sigue concentrándose en zonas rurales y territorios estratégicos donde estructuras criminales disputan economías ilegales y ejercen control ante la débil presencia del Estado.

El informe advirtió que, desde agosto de 2022, se han registrado 315 masacres, más de 1.100 personas asesinadas en estos hechos y 640 líderes sociales asesinados. En lo corrido de 2026, el balance parcial registra 30 masacres, 117 víctimas y 36 líderes sociales asesinados.

La organización sostuvo que el país enfrenta una crisis sostenida que no ha sido contenida, con impactos directos en comunidades rurales que dependen de condiciones mínimas de seguridad para producir.

Discurso vs realidad

El avance de la violencia plantea un cuestionamiento directo a la política de “Paz Total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la Escuela Libertad, los hechos en terreno muestran una realidad distinta porque continúan los asesinatos múltiples, la expansión de organizaciones criminales y la eliminación sistemática de líderes sociales.

La falta de control territorial y la debilidad institucional han profundizado la sensación de abandono en amplias zonas del país. En el contexto rural, esto se traduce en menor inversión, reducción de la actividad productiva y mayores costos de operación para sectores como el ganadero.

Más allá de las cifras, el incremento de la violencia tiene un costo económico que aún no se dimensiona completamente. Cada masacre, cada desplazamiento y cada líder asesinado afectan la estabilidad de las cadenas productivas.

En regiones ganaderas, la inseguridad limita el acceso a mercados, encarece el transporte y desincentiva la inversión. Si la tendencia se mantiene, el país podría enfrentar no solo una crisis humanitaria, sino también una afectación directa en su capacidad productiva rural.

El desafío no es solo contener la violencia, sino recuperar el control territorial y garantizar condiciones que permitan a los productores operar sin amenazas. Sin ello, cualquier discurso de estabilidad quedará lejos de la realidad del campo colombiano. (Lea en CONtexto ganadero: “¿Para quién trabajo?”: el grito del ganadero golpeado)