El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que el Gobierno Nacional, a través de figuras de ordenamiento territorial, está limitando las decisiones de los municipios sobre el uso del suelo y la propiedad privada. Según advirtió, estas medidas restringen proyectos rurales, afectan sectores clave como el de las flores y ponen en riesgo derechos fundamentales.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño encendió las alarmas sobre lo que llamó el inicio de un “plan de expropiación” en la Sabana Centro de Cundinamarca. Según explicó en un video difundido en sus redes, numerosos municipios del departamento estarían siendo afectados por decisiones que limitan sus facultades para definir el uso de la tierra.

“A todos los habitantes, empresarios y trabajadores de los municipios de la Sabana Centro en el departamento de Cundinamarca les digo cuáles son los municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Hay un plan silencioso, pero muy efectivo, de expropiación que está llevando a cabo el señor Gustavo Petro a través de varias entidades del Gobierno Nacional para limitar y quitar la potestad sobre lo que se puede hacer con la tierra y los predios en estos municipios”, denunció Briceño. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Grave! Ganaderos están preocupados por posibilidad de ‘expropiación indirecta’)

El papel de las APPA

De acuerdo con el cabildante, la raíz del problema está en la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), contemplada en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. A través de ellas, el Gobierno Nacional asume competencias que antes eran exclusivas de los concejos municipales en materia de ordenamiento territorial.

“Con la excusa de generar alimentos, acabar el hambre en Colombia y proteger el medio ambiente, se están tomando decisiones desde el Gobierno Nacional para manejar el ordenamiento territorial y el uso del suelo en muchos municipios. Esto ya ocurre en La Guajira, en el sureste antioqueño, y ahora está pasando en la sabana centro de Cundinamarca”, explicó Briceño.

El concejal añadió que el 13 de agosto se publicó una resolución que declaró un APPA en la región. Entre sus implicaciones, dijo, está la prohibición de construir vivienda rural dispersa, equipamientos de seguridad como estaciones de policía, infraestructura turística o proyectos de energía solar. También, según él, se restringen cultivos que no sean de alimentos, lo que impacta directamente el sector de las flores, clave en el departamento.

“No puede haber construcción de vivienda rural dispersa; no se pueden construir equipamientos como estaciones de policía, lo que genera un grave riesgo de inseguridad; no se permite infraestructura para el turismo ni la instalación de paneles solares, a pesar de la supuesta transición energética; tampoco se pueden hacer cultivos que no estén destinados a la alimentación humana. Esto afecta directamente al cultivo de flores, una de las actividades más importantes en Cundinamarca, de la cual dependen miles de empleos”, recalcó.

Propiedad privada en riesgo

Briceño aseguró que estas decisiones constituyen una “usurpación silenciosa” de las competencias locales y de los derechos de los propietarios. Según su interpretación, los municipios pierden autonomía para decidir cómo ordenar su territorio, y los habitantes ven limitado lo que pueden hacer en sus predios.

“Imagínese cómo el Gobierno Nacional, a través de una resolución, decide sobre lo que la gente de Sopó o de cualquier municipio puede o no puede hacer, cuando esa es una función que le corresponde a los concejos municipales. Esto limita el uso del suelo y afecta directamente el derecho a la propiedad privada”, afirmó.

El concejal concluyó que se trata de una estrategia que viola la Constitución y los principios de descentralización territorial. (Lea en CONtexto ganadero: Fedegán alerta sobre expropiación exprés en el Catatumbo)

“Desde Sopó hacemos la advertencia: hay algo muy grave que está sucediendo, un plan de usurpación silencioso con el que el Gobierno de Gustavo Petro decidió comenzar a limitar el suelo y la propiedad privada a través de artimañas jurídicas y actos administrativos, impidiendo que la gente pueda decidir qué hacer con lo que es suyo”, remató.

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