Entidades judiciales y ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la compra, tenencia y comercialización de especies silvestres, recordando que los animales deben permanecer en su entorno natural y no en cautiverio como mascotas.

Las autoridades continúan su lucha contra el tráfico de fauna silvestre en el país. En operativos recientes, fueron recuperadas varias especies mantenidas en condiciones de cautiverio y comercializadas ilegalmente en Antioquia y Huila.

En Copacabana, Antioquia, la Fiscalía logró la judicialización de Martha Yulieth Escobar Urrego, quien tenía en su vivienda ocho tortugas morrocoy en condiciones precarias y almacenaba nueve subproductos de fauna marina, incluyendo corales y caracoles. Un fiscal del Grupo Especializado contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y maltrato animal, los cuales no fueron aceptados.

El operativo fue llevado a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la alcaldía municipal. Las especies recuperadas fueron puestas a disposición de las autoridades ambientales para su rehabilitación.

Las tortugas morrocoy están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat, mientras que los corales, afectados por el calentamiento global y la sobrepesca, figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En otro operativo en Neiva (Huila), la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Policía Nacional lograron decomisar diez aves silvestres, entre ellas ocho loros frente amarillos y dos pericos reales, que eran comercializados a través de plataformas digitales como WhatsApp y Messenger.

Gracias a una denuncia ciudadana y labores de inteligencia, la Red de Control al Tráfico de Fauna y Flora de la CAM, junto con las seccionales de Investigación Criminal, Inteligencia y Carabineros de la Policía, lograron la incautación de estos ejemplares, que fueron trasladados al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva. Allí recibieron atención veterinaria y biológica para garantizar su recuperación y comenzar su proceso de rehabilitación.

Las autoridades han intensificado las investigaciones para judicializar a los responsables de estos delitos ambientales. En el caso de Neiva, la persona capturada enfrenta cargos por tráfico de fauna silvestre, un delito que en Colombia puede ser castigado con penas de 60 a 135 meses de prisión y multas de hasta 40.000 salarios mínimos legales vigentes.