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Colombia enfrenta la mayor expansión cocalera desde 2000 con récord en área sembrada

José D. Pacheco Martínez 10 de Septiembre 2025
Expansión cocalera desde el 2000Foto: Santiago Mesa - elpais.comEn 10 años, el salto fue estructural: de 48.000 hectáreas en 2013 a más de 250.000 en 2023.

Expertos señalan que con más de 253.000 hectáreas sembradas en 2023 (+10% interanual) y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína (+53%), Colombia marca su máximo en dos décadas. Estas cifras reavivan el riesgo de desertificación por parte de EE. UU., con efectos en cooperación, crédito externo y reputación. Voces técnicas advierten rezagos en erradicación y control financiero.

Con 253.000 hectáreas de coca al cierre de 2023, el país enfrenta un punto de inflexión: los cultivos crecieron 10% en un año y la producción potencial de cocaína saltó 53% hasta 2.664 toneladas. La escala territorial ayuda a dimensionar el fenómeno: el área sembrada equivale a siete veces Medellín, dos veces el Valle de Aburrá, cuatro veces Cartagena o 16 veces Barranquilla; incluso representa 1,4 veces toda Bogotá.

En 10 años, el salto fue estructural: de 48.000 hectáreas en 2013 a más de 250.000 en 2023. Esa persistencia, sumada al auge de la oferta potencia, alimenta la lectura de Washington sobre cumplimiento de compromisos antidrogas y acerca el escenario de descertificación, con posibles recortes de asistencia y oposición a créditos de organismos multilaterales. Para la economía, el mensaje sería doble: menos recursos externos y mayores primas de riesgo.


Paz total incentiva el narcotráfico


 A juicio de José Manuel Restrepo Abondano, exministro y académico, la tendencia no se revertirá sin un cambio de enfoque. Su diagnóstico mezcla seguridad y política pública: “lo más triste es que seguirá creciendo. Esto seguirá deteriorando la seguridad en secuestros, terrorismo y extorsión”. El eje del problema sostiene, es la pérdida de capacidad operativa y financiera del Estado frente a la cadena del narcotráfico. (Lea en CONtexto ganadero: El fiasco de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos)

Detrás de ese señalamiento hay tres cuellos de botella. Primero, la caída de instrumentos de terreno: “la erradicación manual ha caído 90% contra 2021” y por el momento no se ha puesto en marcha un plan de fumigación aérea. Segundo, la trazabilidad del dinero: “al salirnos de la plataforma Egmont no somos capaces de tener información para perseguir los capitales de los narcos” y, tercero, una arquitectura de negociación que, según él, relaja incentivos: la “paz total” deriva en una “paz narca” si no se acompaña de control territorial efectivo.

En paralelo, la narrativa oficial que resalta decomisos luce insuficiente frente a la magnitud de la oferta. Restrepo lo sintetiza con dureza: “creer que solo las incautaciones es el camino a luchar contra este problema es de un profundo ‘infantilismo’”. La lógica es simple y bien conocido en el país con antecedentes en estos asuntos: cuando la producción sube, las incautaciones pueden aumentar en términos absolutos y, aun así, representar una fracción menor del total que llega a los mercados.



Efectos devastadores en varios frentes


 De concretarse la descertificación, como han venido advirtiendo varios personajes de la talla de José Manuel restrepo, el costo no sería solo diplomático: un recorte de cooperación técnica y financiera comprimiría márgenes fiscales en un año de desaceleración y encarecería el crédito externo. Desde otra perspectiva más cercana a los territorios, también tensaría agendas regionales, donde la coca compite con la agricultura lega y pondría presión sobre proyectos de infraestructura y programas sociales que dependen de recursos internacionales.

Más allá del frente externo, el impacto interno se mide en territorios. La expansión de 2023 consolidó enclaves donde la economía ilícita desplaza a la lícita, eleva la extorsión y multiplica la deforestación. En esos municipios, la promesa de sustitución solo es creíble si llega con carreteras terciarias, compras públicas a precios estables, acceso a crédito y seguridad jurídica para los productores legales. Analistas políticos advierten que, sin esa combinación, el diferencial de rentas sigue favoreciendo a la coca.

Por ahora, el reloj corre. El tablero que observa Washington incluye hectáreas, oferta potencial, tendencia de erradicación, decomisos, control de precursores y persecución de activos. Revertir la pendiente, de acuerdo con Restrepo, exige que de manera imperativa se recupere la capacidad de erradicación donde sea viable, reactivar la inteligencia financiera y reconstruir cooperación para seguir el rastro del dinero; cerrar brechas de Estado en terreno con presencia judicial, policial y social; y escalar sustitución con contratos de compra y logística que compitan de verdad con la economía ilegal.

En síntesis, Colombia llega a la revisión anual con cifras récord [253.000 hectáreas y 2.664 toneladas potenciales] y una advertencia clara: sin resultados verificables y coordinados, la descertificación dejará de ser un riesgo para convertirse en un costo inmediato sobre el financiamiento, la inversión y la estabilidad en las regiones. (Lea en CONtexto ganadero: Colombia se durmió en la lucha contra los cultivos de coca, no erradicó ni una hectárea en enero)



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