Una operación policial ha recuperado 174 cabezas de ganado marcadas con el hierro de la finca ‘La Draga’, vinculando directamente el robo a la muerte de un ganadero y dos empleados. El resurgimiento del caso revela una red criminal con nefastas consecuencias económicas y humanas.

Lo que empezó como una simple captura por abigeato, terminó revelando una oscura red de violencia y traición en Montería. (Lea en CONtexto ganadero: "¡La justicia falló!": esposa del ganadero Urueta tras decisión de dejar en libertad a los presuntos asesinos)

El pasado 10 de junio de 2025, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), junto al Gaula y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una operación coordinada en Barranquilla y Valledupar, dando con la ubicación de 174 reses robadas y la recaptura de dos presuntos responsables, Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto.

Ambos ya estaban judicialmente implicados en el homicidio del reconocido ganadero Esteban Urueta y sus empleados, ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en la zona rural de Chimá, Córdoba.

Según el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, las reses recuperadas estaban marcadas con el hierro de la finca familiar ‘La Draga’, propiedad del ganadero asesinado.

Este hierro permitió reactivar las pesquisas bajo una nueva línea criminal centrada en el robo sistemático de ganado – un total de 700 cabezas – para su posterior comercialización ilícita en diferentes municipios del departamento.

La operación no solo logró incautar animales, sino también evidenciar el vínculo entre el hurto y la violencia extrema. El robo de las reses fue uno de los móviles principales que condujeron al asesinato de Urueta.

Esto quiere decir que este tipo de crimen organizado va mucho más allá del perjuicio económico, es un disparador de muerte que coloca en alto riesgo la actividad agropecuaria y la vida de los trabajadores rurales.

Esteban Urueta (izq.) fue asesinado junto con sus trabajadores Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado en septiembre de 2024. José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán (recuadro), ha denunciado las fallas en la administración de justicia para condenar a los responsables.

Cadena criminal

Los datos oficiales indican que, tras el asesinato de Esteban Urueta, Fredy Beleño y Gerardo Marzola, se intentó fraguar una impunidad que, sin embargo, quedó en evidencia con la reciente recuperación de animales.

Las acusaciones contra Petro Almanza y Soto revelan cómo el hurto de ganado se combina con homicidios selectivos para abrir paso a redes de comercialización. El modus operandi de la red consistía en apropiarse de reses de alto valor, cambiarlas de manos en zonas urbanas o semiurbanas como Montería, Barranquilla y Valledupar, y borrar cualquier rastro del origen.

Todo esto, presuntamente, bajo la cobertura de testaferros y compradores con conexiones criminales, dejando a los dueños y sus familias en un estado de vulnerabilidad que pone en entredicho la seguridad rural.

La Fiscalía documentó un presunto hurto continuado de 700 animales con pruebas contundentes, incluidas las marcas de propiedad y rastreo del comercio ilegal. Sin embargo, el proceso encontró un revés el 10 de junio de 2025, cuando los dos implicados fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, debido a demoras en las audiencias, una falla judicial que generó controversia e inconformidad en el sector ganadero.

Inmediatamente tras ser liberados, la Sijín y el Gaula lograron recapturarlos en las cercanías de las instalaciones carcelarias y presentarlos nuevamente ante un juez. (Lea en CONtexto ganadero: Fedegán denuncia dilaciones en caso Urueta: ¿desidia judicial o impunidad cómplice?)

El desfalco de 700 reses fue una pérdida millonaria, que no solo afectó al propietario directo, sino a todas las personas que dependen de la cadena productiva. Además, el miedo sembrado en las fincas rurales por la posibilidad de violencia letal desalienta la inversión en la agroindustria y disminuye la productividad del campo.