La Universidad Tecnológica del Chocó atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Un juzgado de Quibdó impuso medida de aseguramiento contra el exrector encargado Fabio Magdaleno Asprilla por presunta falsedad en documento público, mientras el Ministerio de Educación intenta destrabar el nuevo proceso de elección de rector en medio de demandas, anulaciones y disputas jurídicas.

La crisis administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó (Utch) sumó un nuevo capítulo luego de que un juzgado de control de garantías de Quibdó impusiera medida de aseguramiento contra el exrector encargado Fabio Magdaleno Asprilla, investigado por el presunto delito de falsedad en documento público.

La decisión judicial, conocida la semana pasada, no solo afecta directamente la situación jurídica de Asprilla, sino también el panorama institucional de la universidad.

Según se conoció, el exdirectivo no podrá acercarse ni mantener contacto con la institución mientras permanezca vigente la medida, incluso, si el proceso continúa en etapa de apelación.

Además, el fallo bloquea temporalmente la ejecución de una tutela que buscaba restituirlo en el cargo de rector encargado, situación que profundiza aún más la incertidumbre sobre el futuro administrativo de la Utch.

Un año y medio de inestabilidad

Fabio Magdaleno Asprilla había sido designado rector encargado en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU), cuando ocupaba el cargo de vicerrector de Docencia. Sin embargo, posteriormente su nombramiento fue anulado por otra decisión judicial, en medio de la cadena de demandas y disputas legales que rodean a la universidad.

La crisis de gobernabilidad en la Utch se remonta a julio de 2024, cuando la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, ordenó mediante resolución oficial la salida del rector David Emilio Mosquera.

La decisión se produjo en medio de medidas de inspección y vigilancia adoptadas por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades administrativas y financieras dentro de la institución.

Tras la salida de Mosquera, Vanessa Sánchez Ruiz asumió temporalmente la rectoría, aunque su permanencia duró poco debido a acciones judiciales impulsadas por el exrector. Posteriormente, un juzgado administrativo de Quibdó ordenó el reintegro provisional de Mosquera, quien además enfrenta imputaciones de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con contratación y peculado.

Designaciones anuladas y vacío administrativo

Después de la salida de Mosquera, el CSU nombró a Fabio Asprilla como rector encargado, pero esa designación también terminó anulada por decisiones judiciales.

Más adelante, en febrero de 2025, el Ministerio de Educación designó provisionalmente a Luis Alfredo Giraldo. Sin embargo, esa decisión fue tumbada posteriormente por el Consejo de Estado, que encontró fallas en el procedimiento administrativo utilizado para el nombramiento.

Desde entonces, la universidad ha pasado por una sucesión de rectores interinos, entre ellos Milton Henry Perea, Merlen María Díaz y Héctor Aurelio Mosquera, quien actualmente ocupa el cargo desde marzo de este año.

La constante rotación de directivos ha generado fuertes cuestionamientos sobre la estabilidad institucional y el manejo administrativo de la principal universidad pública del Chocó.

Ministerio busca destrabar la elección

Actualmente, la Utch permanece bajo vigilancia especial del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, que lleva a cabo un nuevo proceso para elegir rector o rectora en propiedad.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que, recientemente, se ordenó una suspensión temporal de la elección para revisar detalladamente las hojas de vida de los aspirantes, luego de que surgieran presuntas inconsistencias en algunos perfiles.

El objetivo del Ministerio es levantar esa suspensión durante los próximos días y avanzar con la elección definitiva en las semanas siguientes.

Mientras algunos sectores cuestionan al ministro Daniel Rojas por presuntamente desconocer decisiones judiciales, el funcionario ha defendido las actuaciones del Gobierno y sostiene que la prioridad es garantizar que la universidad quede en manos de una persona idónea y capaz de recuperar la estabilidad institucional.