Los daños registrados durante las últimas movilizaciones, incluidas afectaciones a infraestructura asociada al Metro de la capital, generaron nuevas críticas sobre el manejo del orden público. La concejal advierte que la ciudad enfrenta un desafío creciente para proteger sus bienes públicos y garantizar manifestaciones pacíficas.

Los hechos de vandalismo registrados durante las movilizaciones del pasado 1 de junio en Bogotá atizaron el debate sobre cómo garantizar el derecho a la protesta sin que las manifestaciones deriven en daños a bienes públicos, bloqueos, afectaciones a la movilidad o riesgos para proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá.

Las imágenes difundidas en redes sociales, en las que se observaron jóvenes sobre estructuras relacionadas con las obras del Metro, volvieron, una vez más, a generar preocupación entre ciudadanos y dirigentes políticos.

Para algunos sectores, los hechos evidencian una falta de autoridad frente a quienes cruzan la línea entre la protesta pacífica y el vandalismo.

Y es que la capital del país enfrenta un reto urgente para proteger su infraestructura pública, preservar la seguridad ciudadana y evitar que los actos violentos terminen deslegitimando el derecho constitucional a la movilización.

La concejal Diana Diago aseguró que lo ocurrido debe entenderse dentro de un contexto más amplio, como parte de una tensión política que, según ella, busca generar miedo e incertidumbre en medio del ambiente electoral.

Diago señaló que los daños a bienes públicos deben tener consecuencias. Para la concejal, una cosa es respaldar una causa política o participar en una manifestación, y otra muy distinta es afectar infraestructura que pertenece a todos los ciudadanos.

En sus palabras, “una cosa es que usted tenga una simpatía por un candidato, otra cosa es que usted confunda la protesta con vandalismo, porque cuando eso ocurre ya deja de ser garantista y pasa al ámbito penal”.

La cabildante sostuvo que quienes dañen bienes de uso público deben responder ante la justicia, pues estos recursos son financiados con los impuestos de los ciudadanos. En su criterio, permitir que estos hechos se repitan envía un mensaje de permisividad frente al deterioro del espacio urbano.

“Yo sí creo que el que dañe cualquier bien de uso público tiene que ser castigado, porque eso está tipificado en la norma, y las normas están para ser aplicadas”, agregó. (Lea en CONtexto ganadero: “No son marchas, es vandalismo”: Humberto ‘Papo’ Amín lanza alerta sobre violencia en Bogotá)

Disputa ciudadana

Uno de los puntos que más inquietud generó fue la posible afectación a obras del Metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la ciudad.

Para Diago, intervenir o poner en riesgo este tipo de obras representa un ataque contra símbolos colectivos que trascienden cualquier diferencia política.

“¿A quién se le ocurre ir a meterse con el Metro o con el bus de la Selección Colombia? Son símbolos que representan mucho para una ciudadanía y para un país”, cuestionó.

Según la concejal, los ciudadanos están cansados de que las protestas terminen afectando la movilidad, el descanso y la seguridad de los barrios. A su juicio, Bogotá necesita recuperar la autoridad y garantizar que las manifestaciones no se conviertan en escenarios de intimidación

Diago también cuestionó la actuación de las autoridades locales y nacionales frente a los episodios de vandalismo. En su opinión, la Policía ha sido limitada en su capacidad de respuesta y la ciudad requiere una aplicación más firme de la ley. (Lea en CONtexto ganadero: 2026 se perfila como el año con más masacres de la última década en Colombia)

“Siento que la Policía le da miedo actuar porque, no nos digamos mentiras, la han maniatado. La Policía es un cuerpo muy respetable, pero los errores se deben tramitar con los debidos procesos”, dijo.

La concejal insistió en que el Estado tiene herramientas jurídicas y recursos públicos para proteger a los ciudadanos, pero considera que falta decisión política para actuar frente a quienes causan daños.

Protesta y límites

Al referirse a grupos asociados a manifestaciones anteriores como la Primera Línea, Diago aseguró que no se puede equiparar cualquier expresión de inconformidad con el derecho legítimo a la protesta.

Según ella, en algunos episodios se ha instrumentalizado a jóvenes para generar caos y miedo.

“Uno no puede pensar que es con violencia, que es con odio, que se va a lograr la reivindicación de los derechos. Absolutamente no”, expresó.

La concejal también señaló que quienes promuevan o respalden públicamente movilizaciones deben asumir responsabilidad política cuando estas terminen en hechos violentos. En su opinión, el país debe revisar con mayor rigor las propuestas de seguridad, justicia e impunidad de cara al futuro.

Para Diago, los próximos días serán determinantes para Bogotá y para Colombia. Su llamado es a que las autoridades garanticen la protesta pacífica, pero sin permitir bloqueos, agresiones ni daños al patrimonio público.