Los recientes ataques desde aeronaves no tripuladas volvieron a evidenciar la crisis en Norte de Santander. En una región donde las comunidades completan más de un año conviviendo con enfrentamientos armados, el temor ya es parte de la rutina, mientras la participación democrática enfrenta nuevos desafíos.

La muerte de un niño de 10 años y las heridas causadas a varios integrantes de una familia durante un ataque con dron en zona rural de Tibú volvieron a sacudir al Catatumbo a pocos días de la jornada electoral.

Los hechos ocurrieron en medio de una confrontación que ya completa 17 meses en Norte de Santander y que mantiene a miles de civiles atrapados entre grupos armados ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: En 2026 van más de 90 ataques con drones el Valle del Cauca)

La violencia reciente no puede explicarse únicamente por los tres ataques registrados en las últimas horas. Detrás de estos episodios existe una crisis prolongada marcada por desplazamientos, restricciones a la movilidad, suspensión de actividades escolares y comunidades que viven bajo una amenaza constante.

Los drones cargados con explosivos se han convertido en uno de los símbolos más visibles de esta degradación del conflicto.

Sin embargo, el problema de fondo radica en que la población civil terminó ocupando el centro de una confrontación que parece no encontrar salida.

Según lo conversado con CONtexto Luis Fernando Niño, consejero de Paz y Reconciliación de Norte de Santander, la confrontación entre grupos armados no comenzó este año ni se limita a episodios ocasionales.

“Diecisiete meses cumplimos ya en esta guerra que no para. Después de junio de 2025 comenzaron a utilizar la táctica de drones y ya son más de 130 ataques”, afirmó.

La cifra refleja una transformación de las dinámicas de violencia en la región. Lo que antes eran enfrentamientos convencionales ahora incorpora herramientas tecnológicas utilizadas para vigilancia, seguimiento y lanzamiento de explosivos.

Niño aseguró que las comunidades campesinas e indígenas también han reportado sobrevuelos permanentes de estos dispositivos, una situación que ha incrementado la sensación de vulnerabilidad en las zonas rurales.

Vidas civiles

El ataque que provocó la muerte del menor ocurrió cuando un dron cayó dentro de una vivienda rural. La explosión dejó además cuatro adultos heridos, un joven de 17 años lesionado y una niña de dos años en estado grave.

Las imágenes conocidas posteriormente mostraron una casa humilde parcialmente destruida y una familia golpeada por una confrontación en la que no participaba.

“El dron cayó en la mitad de la sala de una casa con techo de zinc. Se están violando todos los códigos de proporcionalidad y distinción”, señaló el funcionario.

A pocos kilómetros de allí, otro ataque afectó una iglesia cristiana, un hecho que refuerza la percepción de vulnerabilidad entre las comunidades.

En muchas veredas del Catatumbo los enfrentamientos son reportados prácticamente a diario.

Aunque no todos llegan a los titulares nacionales, forman parte de la cotidianidad de miles de habitantes. (Lea en CONtexto ganadero: Entre cifras oficiales y temor en la ruralidad: así está la inseguridad en el Atlántico)

La situación ha alterado actividades básicas como asistir a clases, trabajar o desplazarse entre poblaciones vecinas. Algunas familias continúan confinadas y otras han tenido que abandonar temporalmente sus hogares.

“La gente tiene mucho miedo, pero aun así salió a votar en la primera vuelta presidencial”, explicó Niño.

La preocupación de las autoridades no se limita a garantizar la instalación de mesas de votación, sino a asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones derivadas de la presencia de grupos armados.

Más que seguridad

Las autoridades mantienen consejos de seguridad, comités de justicia transicional y espacios de diálogo con las comunidades. Sin embargo, desde la región insisten en que la solución no depende exclusivamente del despliegue militar.

Para el consejero de Paz, el Catatumbo necesita respuestas integrales que incluyan inversión social, infraestructura, educación y cumplimiento de compromisos históricos con las comunidades.

“Hay niños que todavía no han podido ir al colegio. Esta población lleva año y medio bajo la guerra”, advirtió.

Mientras el país concentra su atención en las urnas, en el Catatumbo persiste una realidad distinta. Allí, la principal aspiración de muchas familias no pasa por quién gane las elecciones, sino por recuperar algo que parece cada vez más escaso: la posibilidad de vivir sin miedo.