En entrevista con CONtexto, advirtió que el deterioro del orden público en el Valle del Cauca evidencia un avance sostenido de estructuras ilegales. Es preocupante que en esa región el secuestro habría pasado de cerca de 225 casos en 2022 a 657 en 2025, mientras que las acciones terroristas aumentaron alrededor de un 24% entre 2024 y el año anterior.

El secuestro de menores, el uso de drones en ataques y la consolidación de corredores ilegales en Jamundí demuestran la inseguridad en el suroccidente colombiano. En este contexto, el senador Carlos Fernando Motoa presentó un balance que, más allá de los hechos recientes, apunta a un cambio profundo en el control territorial en esa zona del país. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

Según el congresista, lo que ocurre en este municipio refleja una transformación más amplia en la seguridad del país, donde grupos armados han logrado afianzarse en zonas estratégicas ante una respuesta estatal insuficiente y cómplice.

Las cifras que expone refuerzan esa lectura. El secuestro habría pasado de cerca de 225 casos en 2022 a unos 657 en 2025, mientras que las acciones terroristas aumentaron alrededor de un 24% entre 2024 y 2025. Cali, además, concentró el mayor número de atentados en el último año, lo que ubica al Valle del Cauca en el centro de la preocupación nacional.

A su juicio, este escenario ya impacta zonas productivas y podría extenderse si no se replantea la estrategia de seguridad.

Control territorial

En Jamundí, la presencia de grupos armados ha evolucionado hacia un dominio más estructurado. De acuerdo con el senador, las disidencias de las Farc, especialmente las vinculadas a alias ‘Mordisco’, controlan un corredor estratégico que conecta con el Cauca, facilitando el tránsito de actividades ilícitas.

Este control se sostiene en infraestructura desarrollada para garantizar movilidad y abastecimiento, lo que evidencia un nivel de organización que trasciende acciones aisladas. Se suma la implementación de nuevas tácticas, como el uso de drones, que marcan una transformación en la forma en que operan estas estructuras.

Los hechos recientes reflejan esa dinámica. El secuestro de menores, junto con denuncias de ocupación de predios rurales, muestra un escenario en el que los grupos ilegales no solo operan, sino que intervienen directamente en la vida económica y social del territorio.

El sector productivo, gran afectado

El sector ganadero comienza a sentir con mayor fuerza las consecuencias de esta situación. En varias zonas del Valle del Cauca, los productores enfrentan un aumento de la extorsión y mayores riesgos para mantener sus actividades. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos denuncian más, pero el delito rural no cesa)

A la situación de orden público se suman presiones económicas que afectan cultivos importantes como la caña de azúcar. Según Motoa, ciertas decisiones de política pública, junto con factores de mercado, están reduciendo la rentabilidad en el sector, generando un escenario complejo para el campo.

Aunque existen campañas para incentivar la denuncia, la realidad es que muchos productores han optado por el silencio ante la falta de resultados.

¿Cuestionamientos y ruta de acción?

El senador atribuye este deterioro a decisiones que, en su criterio, han reducido la capacidad de acción del Estado. Entre ellas menciona la suspensión de órdenes de captura, la implementación de figuras como gestores de paz y la ausencia de una política efectiva frente a los cultivos ilícitos.

También advirtió que la expansión de estructuras criminales en el país responde a un entorno permisivo que ha facilitado su consolidación en múltiples territorios, incluyendo zonas vitales para la economía rural.

Frente a este escenario, Motoa planteó la necesidad de un cambio en la estrategia de seguridad. Propone restablecer acciones ofensivas contra los grupos armados, retomar la erradicación de cultivos ilícitos, eliminar beneficios que, según su visión, favorecen a los criminales y fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública.

Es partidario de recuperar el control territorial, pero sabe que no será inmediato, aunque indispensable para garantizar la seguridad en las regiones y proteger sectores productivos como el ganadero. De lo contrario, advierte, el deterioro podría seguir extendiéndose hacia otras zonas del país.