El debilitamiento de la estructura Mariscal Sucre abre una oportunidad para bajar los cobros ilegales que hoy asfixian al campo, proteger la producción agropecuaria y estimular nuevos sometimientos. Sin una presencia institucional efectiva, otras organizaciones criminales podrían apropiarse de las economías ilícitas y aumentar la presión sobre las comunidades.

La entrega de 16 integrantes de la estructura Mariscal Sucre, vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ocurrió en Tumaco, Nariño. Aunque el número parece reducido, el episodio adquiere peso por el debilitamiento acumulado de la organización y por el mensaje que envía a otras estructuras armadas que hoy cobran extorsión sobre fincas, transporte y comercio rural en Nariño y Putumayo. (Lea en CONtexto Ganadero: ¿Puede Colombia recuperar la seguridad? El empalme revela un duro panorama militar)

Para el general retirado Guillermo León, exalto oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, la clave no está en contar combatientes, sino en medir la pérdida de capacidad. La organización habría reducido cerca del 90 % de su capacidad operativa, según información oficial.

Esta desmovilización puede estimular nuevas entregas, pero el beneficio será temporal si el Estado no ocupa de manera efectiva las zonas abandonadas. En regiones rurales, un vacío de autoridad suele convertirse rápidamente en una oportunidad para otros grupos vinculados al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

“Si bien los números no son grandes, sí van a tener un impacto en la seguridad de lo que está pasando en Putumayo y Nariño”, sostuvo León en entrevista con CONtexto Ganadero. Su lectura apunta a un posible efecto dominó entre estructuras fragmentadas que han perdido hombres, ingresos y capacidad de protección.

Menos extorsión

Para la economía urbana y el comercio formal, la reducción de una estructura armada puede significar menos cobros extorsivos, restricciones a la movilidad, amenazas a empresarios y presiones sobre comerciantes. También puede mejorar el transporte y la logística en corredores donde la ilegalidad encarece cada operación.

León recordó que las rentas de estos grupos provienen de “la vacuna, la extorsión y el narcotráfico”. Cuando disminuye su control, productores y comunidades pueden recuperar margen para trabajar, invertir y comercializar sin incorporar el costo clandestino de la coerción.

La oportunidad, sin embargo, tiene fecha de vencimiento. Otros actores pueden intentar apropiarse de rutas, cultivos ilícitos, puntos de cobro y redes locales. En ese escenario, la violencia no desaparece: cambia de administrador y puede intensificarse durante la disputa por el territorio.

“El gran reto del gobierno será cómo copar esos territorios para que no sean llenados por otras estructuras”, advirtió León. Para lograrlo, no basta con operaciones militares esporádicas; se requiere presencia policial, justicia, inteligencia financiera y servicios públicos.

Ese despliegue debe incluir alternativas productivas, pues en numerosos municipios la economía legal convive con recursos provenientes de actividades ilícitas, lo que limita la autonomía de campesinos, ganaderos y pequeños comerciantes.

Sin crédito, vías, asistencia técnica y acceso a mercados, las organizaciones criminales conservan la capacidad de ofrecer ingresos, imponer actividades ilegales y reclutar habitantes de zonas con pocas oportunidades económicas.

La recuperación de dos menores durante la entrega revela otra dimensión económica y social. El reclutamiento infantil prospera donde faltan educación, empleo familiar, protección institucional y expectativas de futuro. Cada menor llevado a la guerra representa una pérdida humana y productiva para los territorios.

“Es el futuro del país el que se está sacrificando”, afirmó León. La prevención, por tanto, exige combinar seguridad con escuelas, conectividad, oportunidades juveniles y acompañamiento a familias expuestas a amenazas o incentivos de las organizaciones armadas.

Próximo mandato

El próximo gobierno recibe una señal favorable, pero también una obligación. Debe establecer rutas claras de sometimiento, verificar compromisos y evitar que las entregas se conviertan en pausas utilizadas para recomponer estructuras. La credibilidad del proceso dependerá de resultados visibles en las comunidades.

No todos los grupos responderán de la misma manera: algunos podrían desmovilizarse al observar garantías y presión militar, mientras otros buscarán alianzas para resistir. Esa combinación puede elevar los enfrentamientos y aumentar los riesgos para la población y la actividad económica rural del país. (Lea en CONtexto Ganadero: Cabal atribuye ola de violencia rural a la debilidad de la Fuerza Pública y tiene una estrategia)

La entrega de estos 16 integrantes, entonces, no resuelve el conflicto, pero abre una ventana estratégica. Su verdadero valor se medirá por la capacidad estatal para transformar un retroceso criminal en seguridad duradera, recuperación económica y confianza para quienes producen en el campo.