Los recientes hechos registrados en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Norte de Santander reabrieron el debate sobre la protección de los territorios en la antesala del relevo de gobierno. La dirigente política plantea recomponer la capacidad operativa del Estado y fortalecer la cooperación con Estados Unidos.

En menos de una semana, Colombia registró asesinatos contra civiles, autoridades indígenas y policías, además de un atentado con explosivos en Cúcuta.

La sucesión de hechos, ocurridos entre el 30 de julio y el 2 de agosto, reabrió el debate sobre la protección de las comunidades y el dominio que ejercen estructuras ilegales en distintas regiones.

Los ataques no comparten un único territorio ni una misma modalidad, pero sí exponen un problema común: la dificultad del Estado para anticipar y contener la violencia en zonas sometidas a disputas armadas, economías ilícitas y restricciones a la movilidad de la población. (Lea en CONtexto ganadero: "El país de los congelados", la dura arremetida de Cabal por acuerdos debajo de la mesa del Gobierno Petro con grupos terroristas)

Para María Fernanda Cabal, dirigente política y una de las voces más visibles de la oposición al gobierno saliente, el deterioro responde al manejo de la política de "paz total" y al debilitamiento de la capacidad de reacción institucional.

"Cuando usted premia a bandidos y los convierte en gestores de paz, desarticula la Fuerza Pública, que termina también expuesta, porque no sabe si puede actuar o disparar ni siquiera para proteger su vida", afirmó Cabal en diálogo con CONtexto ganadero.

Territorios advertidos

Uno de los hechos más graves ocurrió en Florida, Valle del Cauca, donde hombres armados atacaron un establecimiento comercial. Allí murieron la autoridad indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, el escolta de la UNP, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, y el comunero Hamilton Daniel Dagua.

El municipio estaba incluido en la Alerta Temprana 002 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo ante la disputa territorial entre estructuras armadas y los riesgos para autoridades, comunidades indígenas y población civil.

En Cauca, tres ciclistas fueron asesinados en el sector de Miraflores, entre Totoró y Silvia. En Tolima, los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edison Cuesta Pizarro murieron durante un ataque con fusiles en Ataco, tras el cual las autoridades ofrecieron una recompensa de $100 millones.

El episodio con mayor capacidad de afectación colectiva ocurrió en Cúcuta, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente al comando de la Policía de Norte de Santander. La acción dejó once heridos y daños materiales, mientras la Defensoría alertó sobre el creciente riesgo para los civiles.

Las advertencias institucionales permiten identificar escenarios de riesgo, pero no reemplazan la presencia operativa necesaria para proteger los territorios. Ese contraste entre información disponible y capacidad de respuesta es uno de los puntos centrales del debate.

"La Defensoría del Pueblo puede alertar muy bien, pero la capacidad operativa de la Fuerza Pública está reducida", sostuvo Cabal, quien mencionó dificultades presupuestales, aeronaves fuera de servicio y un número insuficiente de uniformados.

Cabal anticipó que esas organizaciones buscarán medir la respuesta del nuevo gobierno y conservar el dominio sobre corredores estratégicos. "Van a arreciar, van a causar terror y van a desafiar al Estado", advirtió Cabal.

La estrategia de Cabal

Frente a ese escenario, la dirigente planteó recuperar la iniciativa militar, fortalecer la inteligencia y reconstruir la cooperación con Estados Unidos. Su propuesta también vincula la seguridad con el control fronterizo y el intercambio comercial.

Cabal también cuestionó la capacidad del Estado para sostener operaciones en los territorios más afectados y advirtió que el deterioro logístico limita la respuesta frente a estructuras ilegales mejor financiadas. "Las aeronaves no funcionan, hay un número escaso de miembros en el Ejército y, mientras tanto, los grupos armados usan drones para atacar a soldados, policías y civiles", señaló. (Lea en CONtexto ganadero: 2026 se perfila como el año con más masacres de la última década en Colombia)

"Vamos a necesitar el apoyo militar, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos, de la mano de la compra de nuestros productos, que es prioritaria", aseguró Cabal.

El reto para la nueva administración será convertir esas propuestas en una estrategia que combine presencia territorial, protección de civiles, prevención y persecución de las economías ilícitas. La escalada reciente demuestra que recuperar la seguridad no dependerá únicamente de responder a cada ataque, sino de evitar que las advertencias vuelvan a convertirse en tragedias.