Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el análisis de la investigadora del conflicto en el Magdalena, Augusta Moreno Quant, muestran que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ya no operan como una estructura armada que cobra rentas ilegales. Su poder en la Sierra Nevada y corredores cercanos afecta hoteles, comercios, inversión y la vida diaria de comunidades donde el Estado sigue llegando tarde.

La crisis de seguridad en la Troncal del Caribe dejó de ser un problema limitado a capturas, panfletos o denuncias de extorsión.

Hoy, este corredor turístico y comercial del Magdalena enfrenta un fenómeno más crítico: un esquema de control criminal que cobra, regula negocios, impone reglas y condiciona la economía local. (Lea en CONtexto ganadero: Reapertura de la Troncal del Caribe alivió la crisis, pero expuso una vulnerabilidad regional)

El caso está en el centro del informe Control total, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza la evolución de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el estado del proceso de conversaciones con el Gobierno.

La investigación advirtió que el futuro de esa mesa de negociación quedará en manos del gobierno entrante.

La Troncal del Caribe no enfrenta solo extorsión, sino una gobernanza criminal que funciona como autoridad paralela. Ese control afecta turismo, comercio, inversión y vida cotidiana en una zona clave para Santa Marta, el Magdalena y el Caribe colombiano.

La FIP señaló que las ACSN “se han consolidado como uno de los principales actores armados del Caribe colombiano”, con capacidad para controlar economías legales e ilegales, disputar corredores estratégicos e influir sobre la vida diaria en la Sierra Nevada.

El informe ubica a las ACSN como resultado de décadas de transformación del crimen organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su origen se conecta con estructuras posteriores a la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona y con un modelo de dominio territorial sostenido sobre rentas, violencia y regulación social.

Esa influencia se mantiene principalmente en Magdalena, Cesar y La Guajira, aunque existen alertas sobre una posible expansión hacia Santander y Norte de Santander.

La confrontación con el Ejército Gaitanista de Colombia también ha profundizado los impactos humanitarios sobre comunidades de la Sierra Nevada.

“No es solamente el cobro de vacunas o de extorsión, sino que hay todo un nivel de gobernanza de la economía local”, explicó Augusta Moreno Quant, investigadora del conflicto en el Magdalena.

Moreno Quant también señaló que el control criminal regula la vida cotidiana, impone reglas e incluso administra formas de justicia.

Economía bajo presión

El impacto económico aparece en dos niveles. Hacia adentro, los negocios asumen sobrecostos por pagos ilegales, permisos informales y condiciones impuestas por los actores armados. Hacia afuera, el territorio pierde confianza frente a inversionistas y visitantes.

Moreno Quant sostuvo que el turismo queda atrapado en una paradoja: los mismos grupos que generan el riesgo también procuran que la actividad continúe, porque representa una fuente de financiación.

“Ellos funcionan como garantes al mismo tiempo que generan los riesgos”, dijo la analista, al explicar que esa lógica deteriora la confianza institucional y presiona a hoteles, restaurantes, transportadores y pequeños comercios.

El dato más fuerte es que, según el informe citado por Moreno Quant, el 95% de los prestadores turísticos estaría siendo víctima de extorsión.

Además, la extorsión dejaría alrededor de 7 mil millones de pesos mensuales a las ACSN.

Comunidades vigiladas

El control también entra en la vida social, pues las comunidades no solo enfrentan amenazas o restricciones de movilidad, sino formas de autocensura, miedo y silencio que se activan cada vez que aparece un panfleto o una orden armada.

Para Moreno Quant, el problema es que estos grupos no solo disputan rentas, sino que reemplazan funciones que debería garantizar el Estado. Esa sustitución refuerza su legitimidad en territorios donde la presencia institucional es débil o fragmentada. (Lea en CONtexto ganadero: La Sierra se quedó sin turistas: empresarios advierten quiebra por bloqueos en Troncal del Caribe)

Por eso, medir la crisis solo con homicidios puede ser engañoso. La analista planteó mirar también confinamientos, desplazamientos, amenazas, extorsión, control social y alertas de la Defensoría del Pueblo.

La FIP concluyó que la mesa con las ACSN tuvo poca atención pública e institucional, momentos críticos por la confrontación con el EGC y un fortalecimiento progresivo del grupo mientras avanzaban los acercamientos.

El proceso llega al final del actual gobierno sin consolidarse. Ese vacío deja una pregunta incómoda para la próxima administración: cómo negociar o enfrentar a una estructura que no solo porta armas, sino que administra economías, regula comunidades y condiciona el desarrollo regional.