Un ataque con explosivos lanzados desde drones deja víctimas civiles en zona rural y evidencia una confrontación que se intensifica entre grupos armados al margen de la ley. Sin presencia institucional efectiva, productores, comunidades e indígenas enfrentan un escenario donde la economía legal pierde terreno frente a las rentas ilícitas, en una región con más de 100.000 desplazados.

A las 9:30 de la noche, en la vereda Cuatro Esquinas del sector Filo Gringo, en zona rural de El Tarra, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, una granada lanzada, según versiones oficiales, mediante un dron, impactó una vivienda dejando dos personas heridas y una víctima mortal, un hombre de aproximadamente 32 años que no alcanzó a ser atendido en un centro asistencial. (Lea en CONtexto ganadero: Catatumbo: un pulso olvidado entre la economía legal y la ilegal)

El hecho, confirmado a CONtexto ganadero por el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero Medina, es la manifestación más reciente de una confrontación que completa más de 15 meses entre disidencias de las FARC y el ELN en el Catatumbo.

“Esto no es nuevo. Se vienen presentando estos hechos prácticamente cada semana y están afectando a población que no tiene nada que ver con el conflicto”, afirmó el funcionario.

Además, reiteró que no se trató de un objetivo militar, debido a que “ahí no hay estación de policía ni fuerza pública; lo que hay es una disputa territorial”.

El uso de drones para lanzar explosivos marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto armado en esta región. Esta modalidad, que antes era excepcional, hoy se convierte en una amenaza constante para las comunidades rurales.

“No es el primer ataque. Se han presentado varios, incluso han muerto niños con esta modalidad”, advirtió Quintero Medina, quien además reconoció que las capacidades institucionales son insuficientes porque “no se tienen los elementos necesarios para contrarrestar estos ataques. Es una situación que debe reorientar el Gobierno nacional”.

Este cambio en la forma de hacer la guerra amplía el riesgo sobre el campo productivo. Predios ganaderos, viviendas rurales y vías terciarias quedan expuestas a ataques sin previo aviso, afectando la movilidad, la inversión y la estabilidad productiva.

Raíz económica del conflicto

El trasfondo de esta violencia es la disputa por el control territorial y las economías ilícitas. En municipios como Tibú, El Tarra y la vía hacia La Gabarra, confluyen cultivos de coca, corredores estratégicos y una ubicación clave en la frontera con Venezuela.

“Antes coexistían varios grupos, incluso había una especie de equilibrio. Hoy, tras la desaparición del EPL, el control del narcotráfico se lo disputan directamente las disidencias de las FARC y el ELN”, explicó el funcionario.

Esta disputa no solo es territorial, sino social porque los grupos se conocen, identifican a las familias y tienen arraigo en la región. “Se conocen entre ellos, conocen sus familias, incluso hay relaciones entre miembros de ambos grupos, y eso hace que la confrontación sea más violenta”, añadió.

Para el sector ganadero, esta realidad implica operar en territorios donde la economía ilegal impone reglas, genera presión sobre la tierra y limita el desarrollo de actividades productivas formales.

Uno de los elementos más críticos es la ausencia de fuerza pública en zonas clave. En palabras del secretario, “en este momento no hay presencia institucional en esas áreas, porque están en confrontación directa. Meter fuerza pública podría generar una reacción más compleja”.

Las cifras reflejan la magnitud de la crisis: más de 101.439 personas han sido desplazadas en la región, mientras que al menos 50.322 corresponden a uno de los municipios más golpeados. A esto se suman 5.093 personas evacuadas por vía terrestre y 3.261 mediante operaciones helicoportadas.

Además, se reportan cientos de personas confinadas, sin posibilidad de movilizarse, y al menos 113 personas en alojamientos temporales. En paralelo, organismos humanitarios han tenido que intervenir con miles de atenciones en salud y entrega de ayudas, lo que evidencia un colapso en las condiciones básicas de vida.

“El problema es que aquí no hay control de nadie. Han sacado a las ONG, a la Defensoría, a la Procuraduría. Este es el único conflicto donde no hay corredores humanitarios”, advirtió Quintero Medina.

Presión constante

La violencia ha transformado la vida cotidiana en el Catatumbo. El miedo no es eventual, es permanente. “Es muy difícil mandar un mensaje de tranquilidad. La gente no duerme, porque en cualquier momento puede caer una granada desde un dron”, señaló el funcionario.

Para el sector ganadero, esto implica una afectación directa con dificultades para movilizar animales, abandono de fincas, pérdida de productividad y ruptura de las cadenas de comercialización.

Las cifras también evidencian el impacto humano: más de 148 homicidios registrados, incluyendo líderes sociales y menores de edad, y decenas de lesionados en municipios como Tibú, Teorama y El Tarra. (Lea en CONtexto ganadero: Del conflicto al desarrollo: el Catatumbo apuesta por la ganadería)

El análisis de Quintero Medina va más allá del componente militar. “Este no es solo un tema de Ejército o Policía. Es un tema de presencia del Estado, de alternativas a los cultivos ilícitos y de desarrollo en la región”, afirmó.

El Catatumbo, con su riqueza agrícola y potencial ganadero, enfrenta una paradoja: mientras podría consolidarse como una despensa productiva, hoy está atrapado en una economía de guerra.

El ataque en El Tarra confirma que la región atraviesa una transformación del conflicto: más tecnológico, más violento y más perjudicial para la población civil y la economía rural. Sin una intervención integral del Estado, el riesgo no es solo la persistencia de la violencia, sino la desaparición progresiva de la producción legal en amplias zonas del país.