El rector Helberth Choachí encendió una nueva controversia al atribuir los pasados disturbios a la falta de una tarifa diferencial en el sistema de transporte masivo. Sus declaraciones han sido cuestionadas por sectores ciudadanos que consideran inadmisible justificar ataques contra bienes públicos y otra institución educativa.

La tarde del martes 5 de mayo terminó marcada por el caos en el norte de Bogotá. Lo que inició como una discusión por el ingreso irregular de una joven al sistema TransMilenio escaló rápidamente en disturbios, enfrentamientos y actos vandálicos que dejaron afectaciones en la estación Calle 76 y daños estructurales en la Universidad Sergio Arboleda.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a encapuchados intentando ingresar a la fuerza a las instalaciones de la universidad privada usando objetos contundentes. También quedaron registradas agresiones, destrucción de infraestructura y escenas de pánico entre estudiantes y ciudadanos que transitaban por la zona.

Los hechos volvieron a poner sobre la mesa un problema recurrente en los alrededores de la Universidad Pedagógica: las violentas jornadas de protesta que durante años han afectado la movilidad, el comercio y la seguridad de quienes viven y trabajan en el sector.

Rector habló de “acciones pacíficas”

En medio de la controversia, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, defendió a los estudiantes y aseguró que algunos medios estaban difundiendo “acciones mentirosas” sobre lo ocurrido.

Choachí afirmó que se trató de una “acción pacífica” en rechazo a supuestos excesos de fuerza por parte de las autoridades y aprovechó la coyuntura para insistir en la necesidad de una tarifa diferencial en TransMilenio para estudiantes de universidades públicas.

“El problema de fondo es el acceso al transporte para los jóvenes de sectores populares”, sostuvo el rector, quien además aseguró que profesores y directivos se ubicaron en los accesos de la universidad para proteger a los estudiantes.

Sin embargo, las declaraciones generaron fuertes críticas debido a que, para muchos ciudadanos, terminan relativizando hechos de violencia evidentes y trasladando la responsabilidad de los disturbios al sistema de transporte y a las autoridades.

¿Explicación social o justificación del vandalismo?

La polémica creció luego de que Choachí señalara que el debate sobre la tarifa diferencial “promueve confrontaciones”, cuando no existen soluciones reales. Sus palabras fueron interpretadas por varios sectores como una peligrosa justificación indirecta de los desmanes.

La discusión de fondo no gira únicamente sobre subsidios al transporte, sino sobre el mensaje que se transmite cuando actos vandálicos terminan explicados bajo argumentos sociales o políticos.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿acaso una tarifa diferencial acabaría con los ataques a estaciones, buses y universidades? La experiencia de años anteriores parece demostrar que el problema va mucho más allá del costo del pasaje.

Lo preocupante es que, una vez más, la violencia termina presentada como consecuencia entendible de la desigualdad, mientras las víctimas de los ataques, estudiantes, trabajadores y ciudadanos, quedan relegadas en el debate público.

Porque protestar es un derecho, pero destruir, agredir y vandalizar no.