Esta vez el saldo fue de tres personas muertas y una herida en Santander, lo que expone la persistencia de disputas armadas por economías ilegales y el control social en zonas urbanas y rurales. Uno de los elementos más preocupantes en este hecho es el perfil de las víctimas: cada vez más jóvenes, incluso menores de edad.

Tres personas asesinadas, una menor de edad, otras dos de 17 y 21 años, así como una mujer herida dejó el ataque perpetrado por hombres armados en una vivienda del barrio Rafael Rangel, en Barrancabermeja, durante la tarde del pasado 29 de abril.

El hecho, que eleva a 49 las masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026, ocurre en un territorio previamente alertado por la Defensoría del Pueblo por riesgos derivados de la disputa entre grupos armados y el control de economías ilícitas.

La cifra de 49 masacres, solo en lo corrido del año, fortalece el contexto en el que la presencia de actores como el ELN, el Clan del Golfo y estructuras locales continúa marcando la dinámica territorial.

David Restrepo, investigador y analista del observatorio de derechos humanos de Indepaz, advirtió que estos hechos evidencian que los grupos armados buscan demostrar su existencia, su capacidad de confrontación y su dominio tanto frente a otros actores ilegales como de cara a la población.

A lo anterior se suma la reiteración de víctimas jóvenes, lo que evidencia una transformación del conflicto. La violencia se está reconfigurando hacia escenarios urbanos y poblaciones vulnerables, en medio de una respuesta institucional que, según expertos, sigue siendo insuficiente. (Lea en CONtexto ganadero: 45 masacres en 2026 devuelven a Colombia a los tiempos más violentos en su historia)

Hecho que se repite

El ataque en Barrancabermeja dejó como víctimas mortales a Felipe Delgado, de 21 años, y Over Delgado, de 17, además de un tercer fallecido que sería menor de edad. La escena, que podría interpretarse como un caso aislado, responde a una lógica reiterada en diferentes regiones del país.

Las alertas tempranas AT 013/25 y 027/22, junto con su informe de seguimiento, ya advertían sobre el riesgo en el municipio. (Lea en CONtexto ganadero: Terror y estrategia: lo que buscan los recientes atentados en Colombia)

De acuerdo con el análisis de Indepaz, estas acciones son parte de una continuidad en la que los actores armados consolidan su presencia territorial. Las masacres funcionan como mensajes dirigidos tanto a la población civil como a estructuras rivales, reafirmando dominio y capacidad operativa.

Jóvenes en riesgo

Uno de los elementos más preocupantes es el perfil de las víctimas. Cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, aparecen en las estadísticas. Este hallazgo está relacionado con nuevas formas de vinculación a estructuras armadas.

“El reclutamiento se ha diversificado. Ya no es solo para armas, sino para redes sociales, manejo de drones o control territorial en zonas urbanas”, explicó Restrepo al respecto. Esta instrumentalización convierte a los jóvenes en piezas clave dentro de las estructuras ilegales.

La combinación de falta de oportunidades, presencia armada y economías ilícitas genera un entorno en el que la vinculación a estos grupos resulta atractiva o forzada.

Fallas en la prevención

A pesar de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, los hechos siguen ocurriendo. Para Restrepo, el problema radica en la falta de respuesta oportuna del Estado.

Las advertencias existen, pero no siempre se traducen en acciones concretas. La ausencia institucional, especialmente en territorios periféricos facilita la consolidación de estructuras ilegales.

Restrepo insistió en que la solución pasa por una combinación de seguridad e inversión social. No se trata solo de presencia militar, sino de fortalecer comunidades, proteger liderazgos sociales y garantizar oportunidades económicas legales.