El ataque en el municipio de Ataco durante un operativo contra extracción ilícita dejó en evidencia la capacidad de presión territorial que han adquirido las economías ilegales en zonas rurales. Mientras las autoridades denuncian ataques contra la Fuerza Pública y uso de civiles para frenar las acciones oficiales, crece la preocupación por el impacto social, ambiental y económico que rodea este negocio clandestino.

La tensión volvió a escalar en el sur del Tolima. En medio de un operativo militar contra la extracción ilícita de oro en el corregimiento Santiago Pérez, municipio de Ataco, una multitud rodeó a uniformados del Ejército y la Policía, bloqueó el avance de las tropas e incendió vehículos oficiales en hechos que dejaron al menos 13 militares heridos.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraron a soldados buscando refugio mientras eran perseguidos en una escena que reflejó el complejo escenario que enfrenta el Estado en territorios donde la minería ilegal se consolidó como fuente de poder económico y control social.

Lo ocurrido encendió las alarmas por la violencia contra la institucionalidad. También volvió a poner sobre la mesa una pregunta que inquieta a sectores productivos y autoridades regionales: ¿hasta qué punto las redes de extracción ilegal ya tienen capacidad de movilización suficiente para desafiar militarmente las operaciones estatales? (Lea en CONtexto ganadero: ¿Nadie se dio cuenta de la mina de oro ilegal dentro de una base militar?)

Para departamentos agrícolas como Tolima, el crecimiento de estas economías ilícitas representa mucho más que un problema de seguridad. El avance de actividades ilegales altera la estabilidad rural, incrementa la presión sobre la tierra y deteriora las fuentes hídricas en zonas donde históricamente predominan actividades productivas legales.

Según el Ejército Nacional, la operación adelantada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales buscaba neutralizar varios puntos de explotación ilícita que venían operando sin licencias ambientales ni controles institucionales.

Las autoridades sostienen que estas actividades se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de estructuras criminales en la zona.

Además, en el ataque, dos vehículos oficiales fueron incendiados, entre ellos, un camión de la Policía Nacional. El Ejército rechazó los hechos y aseguró que algunos civiles atacaron con piedras a las tropas, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando las acciones encaminadas a proteger los recursos naturales y restablecer la legalidad.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a través de su cuenta de X denunció que las disidencias de las Farc y quienes participan del negocio ilícito de extracción de oro habrían utilizado a población civil, incluidos campesinos y menores de edad, como escudos humanos para intentar frenar las operaciones militares y policiales.

La mandataria también aseguró que, pese a la intensidad del operativo, no se registraron afectaciones a civiles, aunque confirmó agresiones contra un oficial, dos suboficiales y diez soldados.

Denuncio ante Colombia la acción inhumana, cobarde y vil de las disidencias de las Farc y de todos los que se alimentan del multimillonario negocio ilícito de extracción de oro en Ataco, al utilizar como escudos humanos a la población civil, los niños y campesinos en la vía a Las…

— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) May 7, 2026