Periodista del New York Times reveló su existencia en Antioquia con operación, presuntamente, vinculada al ‘clan del Golfo’ y que terminaría, pese a estrictas regulaciones, en la cadena de suministro de la Casa de la Moneda estadounidense.

El hallazgo de una mina de oro ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, que incluso alcanzó a extenderse dentro de una base del Ejército Nacional, ha desatado serias alarmas institucionales y cuestionamientos sobre el control territorial. La investigación, publicada por The New York Times, documenta cómo esta operación, ligada al ‘clan del Golfo’, no solo prosperó en una zona militarizada, sino que también estaría conectada con mercados internacionales.

Expansión silenciosa

El reportero gráfico Federico Ríos Escobar llegó hasta la mina conocida como La Mandinga, en el municipio de Cáceres (Antioquia) tras varios sobrevuelos y visitas al terreno. Lo que encontró fue una explotación a gran escala, con huellas visibles de impacto ambiental severo que se extendían peligrosamente cerca de instalaciones militares.

En su tercera visita, un trabajador del lugar le reveló que la actividad había cruzado los límites del Batallón Rifles 31. “La mina ya no está solo afuera; hay partes que ya están dentro del terreno militar”, le dijo el minero, según relató el periodista.

La afirmación fue inicialmente descartada por el comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, quien negó la presencia de actividad ilegal dentro de la base hasta que las evidencias fueron irrefutables.

Tras la verificación, los militares intervinieron y obligaron a los mineros a retirarse. La salida no fue pacífica. Hubo confrontaciones verbales y resistencia por parte de los trabajadores, lo que obligó a los soldados a inutilizar maquinaria rociándola con gasolina.

Oro que cruza fronteras

El aspecto más delicado del reportaje apunta al destino del mineral extraído. Según la investigación, el oro de esta mina ilegal estaría entrando en la cadena de comercialización internacional hasta llegar a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, una entidad que, en teoría, solo adquiere oro de origen legal.

Ríos aseguró que “lo que parece un proceso limpio y certificado termina siendo el último eslabón de una cadena que lava oro extranjero, en gran parte, extraído ilegalmente”. Esta afirmación pone en duda los mecanismos de trazabilidad del metal precioso y evidencia una posible falla sistémica en los controles internacionales.

El reportaje también señala que la mina opera en lo que antes fue una finca ganadera, administrada en algún momento por el fondo para la reparación de víctimas, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.

Reacciones oficiales

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció tras la publicación del reportaje, destacando las acciones del Gobierno contra la minería ilegal.

“Cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales. Este año hemos intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal”, indicó.

Aunque el Gobierno resalta un aumento del 40 % en resultados frente al año anterior, el caso de Cáceres deja en evidencia fallas en zonas donde confluyen economías ilegales, grupos armados y presencia estatal.