La reciente muerte de 11 menores en combates entre disidencias en Guaviare hace reflexionar sobre el reclutamiento y la utilización de infantes por parte de grupos armados. La congresista advierte que el debilitamiento de la autoridad estatal ha dejado a la infancia más expuesta en las regiones que están bajo el control criminal.

La confirmación de Medicina Legal sobre la muerte de 11 menores de edad en enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, en Guaviare, volvió a estremecer al país. Más allá del combate entre estructuras ilegales, el caso puso en evidencia una tragedia persistente del conflicto colombiano: niños y adolescentes siguen siendo reclutados, utilizados e instrumentalizados por organizaciones armadas.

El hecho cuestiona una vez más la capacidad del Estado para proteger a la infancia en los territorios en los que el control institucional es débil y las economías ilegales continúan marcando la vida de comunidades rurales.

En esos escenarios, los menores están expuestos al reclutamiento armado y también a ser usados como informantes, mensajeros, escudos humanos o piezas de presión social. (Lea en CONtexto ganadero: “No es reclutamiento, es secuestro”: alerta por niñez en Colombia)

En entrevista con CONtexto Ganadero, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que esta tragedia es resultado de lo que considera una fallida política de seguridad y paz del Gobierno nacional.

Para Cabal, los menores son hoy una de las poblaciones más vulnerables en las zonas donde operan grupos armados ilegales.

“¿Quiénes son los más afectados? La población civil, atrapada. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los niños”, recalcó.

La congresista sostuvo que el reclutamiento de menores aumentó durante el actual Gobierno y señaló que los grupos ilegales aprovechan la pobreza, el abandono estatal y el miedo para someter a comunidades rurales.

“Estos grupos terroristas son tan macabros que saben que nadie, por voluntad propia, se va a ir a sus filas. Lo logran solo capturando niños campesinos, pobres, obligándolos a entrenarse, a llevar un fusil, y si se escapan, los asesinan”, sostuvo.

Desde su visión, el crecimiento de las estructuras criminales está ligado al debilitamiento de la acción estatal en los territorios.

“Cuando el Estado claudica en su capacidad de llegar a territorios donde no ha estado o no estuvo, llega a ocuparlo la criminalidad organizada”, expresó.

Cabal cuestionó la política de “Paz Total” del actual gobierno y aseguró que la falta de autoridad ha permitido que organizaciones ilegales fortalezcan sus economías criminales, entre ellas, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y el reclutamiento infantil. “Si no hay autoridad, no hay Estado”, puntualizó.

Sentencia de la JEP y memoria

La senadora también recordó que en 2023 publicó un documento en el que advertía sobre la normalización del reclutamiento de menores por parte de las guerrillas. Hoy, tras la sentencia de la JEP que reconoció esta práctica como sistemática en las Farc, considera que el país aún no ha dimensionado la gravedad del crimen.

“El país no es consciente del horror que viven los niños en la ruralidad colombiana”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: Con mensajes de Tik Tok e incentivos económicos, así reclutan menores los criminales)

Para Cabal, Colombia necesita mayor conciencia moral sobre la protección de menores, pues aunque la Constitución y la ley les reconocen protección especial, en la práctica muchos siguen expuestos a la violencia.

La congresista también relacionó este fenómeno con otras formas de instrumentalización de jóvenes en escenarios de confrontación social y política.

Según Cabal, la utilización de menores y jóvenes no ocurre únicamente en la guerra armada, sino también en espacios en los que se promueven disturbios, bloqueos o actos de violencia. “Se llama combinación de formas de lucha”, señaló, al advertir que, en su criterio, distintas narrativas terminan justificando la violencia y ocultando a las verdaderas víctimas.

¿Qué viene para el próximo gobierno?

Para la senadora, enfrentar este fenómeno exige recuperar la seguridad en las regiones, fortalecer la autoridad del Estado y combatir con contundencia las economías ilegales.

“Devolver la seguridad a las regiones se llama autoridad, y es obligación de los Estados”, dijo.

La muerte de los 11 menores en Guaviare deja una advertencia dolorosa enfocada en que mientras los niños sigan siendo usados como instrumentos de guerra Colombia seguirá cargando una deuda moral con su infancia.

Para Cabal, el país debe impedir que nuevas generaciones sean convertidas en herramientas de violencia y recuperar la memoria de quienes han sido víctimas silenciosas del conflicto.