El proceso por el homicidio del ganadero sucreño y sus trabajadores Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta volvió a suspenderse, generando rechazo entre los familiares de las víctimas y el gremio en general. Las familias denuncian una estrategia de dilaciones que perpetúa la impunidad.

La justicia volvió a fallarles a las familias del ganadero Esteban Urueta González y de sus trabajadores, Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta. La audiencia preparatoria de juicio, programada para el 29 de agosto a las 9:00 de la mañana, fue aplazada, dejando a los deudos en la incertidumbre de un proceso que parece no avanzar.

Los acusados, Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, enfrentan cargos por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elementos materiales probatorios. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Crimen resuelto? Recapturan a presuntos asesinos de Esteban Urueta por robar 700 reses)

La Fiscalía los señala como responsables directos del crimen cometido en 2023, cuando las víctimas fueron asesinadas y enterradas en una fosa en el municipio de Chimá, Córdoba, un hallazgo que conmocionó a toda la región Caribe por la sevicia con que se ejecutó.

Siguiendo el hilo de la estrategia patentada desde el momento mismo del crimen y la asunción de la defensa, el abogado Lesmer Quintero Argel, volvió a solicitar aplazamiento, alegando que debía asistir a otra diligencia judicial, petición que fue aceptada por el juez de conocimiento, quien reprogramó la diligencia para el próximo 3 de octubre a la misma hora.

Una burla

Para los familiares de Esteban Urueta esta decisión constituye una burla, pues no es la primera vez que la estrategia de la defensa se impone sobre el clamor de justicia, reviviendo un debate de fondo y reiterado en la opinión pública nacional: ¿hasta dónde llegan las garantías procesales sin que se vulneren los derechos de las víctimas?

Analistas observan que si bien el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) protege el derecho a la defensa como principio esencial, también reconoce el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación. Asimismo, advierte que, cuando las suspensiones se acumulan por causas atribuibles a los acusados, como ocurre en este caso, el equilibrio se rompe.

Para los observadores del caso, la reiterada aceptación de estas solicitudes configura un exceso de garantías que, lejos de proteger el debido proceso, fortalece la percepción de impunidad, poniendo sobre el tapete la revictimización, en el entendido de que las familias deben enfrentarse a la espera eterna, mientras los presuntos responsables ganan tiempo y el proceso se diluye en el calendario judicial.

El triple homicidio de Esteban Urueta y sus trabajadores no es un hecho aislado, sino que está vinculado a una red criminal de abigeato que habría hurtado centenares de reses, afectando no solo a la familia del ganadero, sino al sector productivo en Sucre y Córdoba. (Lea en CONtexto ganadero: Asesinan a reconocido ganadero y a su escolta en Caquetá)

Familiares, amigos y los más de 700.000 productores agremiados en la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) esperan que el próximo 3 de octubre la justicia se sacuda de la inercia y avance firme contra la impunidad que los acompaña desde el hallazgo de la fosa en Chimá.

“Justicia para el ciudadano de bien”: Cabal

Sobre este caso que estremeció a los cordobeses y a los ganaderos colombianos, la senadora María Fernanda Cabal expresó repudio por el crimen de Esteban Urueta y sus trabajadores, al tiempo que criticó el exceso de garantías para los señalados autores materiales, pero la falta de justicia para las familias de las víctimas.

«No podemos seguir viendo cómo las víctimas están de rodillas frente a la justicia y los victimarios se burlan recibiendo todas las garantías. Eso no puede seguir sucediendo en Colombia. Necesitamos una justicia que proteja al ciudadano de bien y sea dura con los criminales», sostuvo la también precandidata presidencial del Centro Democrático.

Confiando en Dios seré la primera mujer presidente de Colombia para erradicar la corrupción, premiar el mérito y combatir la mediocridad. Un gobierno con mano firme contra los bandidos y corazón grande con los ciudadanos. #CongresoANATO2025 pic.twitter.com/DFrk2NQhAN

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 21, 2025

En el reciente Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Cabal expresó que su propósito como aspirante presidencial es «erradicar la corrupción, premiar el mérito y combatir la mediocridad». También se refirió a tener «un gobierno con mano firme contra los bandidos y corazón grande con los ciudadanos».

En declaraciones a la Revista Semana, la líder opositora afirmó que «la paz se impone, no se negocia. Se impone con la autoridad de la Constitución y la ley. Tenemos ahí escrito cómo es el ejercicio de la autoridad legítima del Estado, no de la criminalidad imponiendo agenda. Vamos a desarrollar una política pública de seguridad nacional que sobreviva a los gobiernos, no que sea flor de un día».

Además, expresó que es necesario hacer realidad el artículo de la Constitución Política de Colombia que indica que «las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares».

Manifestó que «la política de seguridad no debe ser subalterna o supeditada a falsas promesas de paz que pueden sonar muy bonito y hoy tienen la criminalidad desbordada con una máquina de producir víctimas que este país no resiste más».