Una explosión cerca de la estación de Policía dejó 13 heridos, incluida una niña de 7 años, y provocó un incendio que arrasó parte de la Cooperativa de Caficultores. Las autoridades condenaron el hecho y la Defensoría advirtió que se trata de una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario.

El incendio que consumió parte de la Cooperativa de Caficultores marcó el inicio de una jornada que Balboa no olvidará. La explosión de una motobomba, a pocos metros de la estación de Policía, dejó 13 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años, y afectó viviendas, locales y la sede de la Alcaldía. Mientras los bomberos intentaban controlar las llamas en el almacén de café, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó lo ocurrido como un atentado contra la dignidad de un pueblo que vive de su trabajo. (Lea en CONtexto ganadero: Terror en el campo: el calvario de un ganadero que acaba de sobrevivir a su cuarto atentado)

Guzmán explicó que se activó de inmediato la respuesta institucional con el apoyo del hospital local, la Fuerza Pública y los organismos de socorro. “Ordenamos el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”, dijo el mandatario, quien insistió en que atacar de esta manera a la comunidad es una afrenta a todo el departamento.

Condena institucional

El impacto del atentado no tardó en generar reacciones en el nivel nacional. El procurador General, Gregorio Eljach, lo definió como un acto criminal que exige una respuesta rápida. “La justicia y toda la institucionalidad deben actuar de inmediato para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció con firmeza. En su comunicado “Ataques indiscriminados en el Cauca deben parar ya”, la entidad advirtió que en Balboa hacen presencia al menos dos grupos armados, entre ellos disidencias de la estructura de alias Iván Mordisco. Según su análisis, el hecho vulnera el principio de distinción entre civiles y objetivos militares, lo que lo convertiría en una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario.

“El atentado fue un ataque indiscriminado que afectó la vida e integridad de civiles y causó daños a bienes de carácter civil”, señaló la Defensoría, que también reportó fallas en el fluido eléctrico y las comunicaciones.

Una región bajo presión

Balboa y el vecino Patía forman parte de un enclave cocalero golpeado por economías ilícitas, minería ilegal y violencia recurrente. Estas dinámicas, de acuerdo con la Defensoría, han derivado en afectaciones ambientales y constantes amenazas a los derechos de la población. Aun así, la entidad recordó la fuerza de la resistencia civil caucana documentada en su informe “Cauca: Voces que resisten”.

El organismo reiteró su llamado urgente a los grupos armados para que cesen las agresiones, abandonen las economías ilegales y respeten los derechos de la gente. También pidió al Gobierno Nacional implementar las recomendaciones del informe de octubre y abrir un diálogo que permita avanzar en medidas de protección y mayor presencia institucional.

En Balboa, mientras el humo se disipa, las familias intentan recuperar algo de calma. El pueblo vuelve a quedar en medio de un conflicto que no cesa, pero insiste en sostener lo que considera su derecho a vivir con dignidad.