Las denuncias por agresiones dentro del hogar y amenazas siguen aumentando en municipios del departamento, mientras organizaciones sociales advierten que las respuestas institucionales no están logrando frenar los crímenes. Red de Mujeres del Atlántico insistió en que ignorar las señales tempranas puede profundizar una crisis social que ya impacta a cientos de familias y comunidades rurales y urbanas.

La violencia contra las mujeres se convirtió en una de los problemas sociales más alarmantes del Atlántico. Entre enero y mayo de 2026, 32 mujeres fueron asesinadas en el departamento y, de acuerdo con el monitoreo de organizaciones defensoras de derechos humanos, varias de ellas ya habían denunciado agresiones previas o contaban con medidas de protección.

La situación ha encendido las alarmas en municipios como Soledad, Malambo, Galapa, Baranoa y Barranquilla, donde líderes sociales advierten que las respuestas estatales siguen siendo insuficientes.

La sicóloga Ruth Pareja, integrante de la Red de Mujeres del Atlántico, aseguró a CONtexto que el fenómeno refleja el crecimiento de la violencia intrafamiliar, así como también una falla estructural en los mecanismos de prevención y acompañamiento institucional.

Desde 2019, la organización realiza seguimiento permanente a casos de feminicidio y violencia basada en género en el departamento. (Lea en CONtexto ganadero: Crimen de mujer tras consejo de seguridad se suma a la ola de violencia que sacude a Sabanagrande)

“El panorama no ha dado un vuelco. Seguimos trabajando sobre cifras verdaderamente alarmantes. Hay mujeres que denunciaron, tenían medidas de protección y hoy están muertas”, afirmó Pareja durante la entrevista en la que pidió mayor compromiso de las autoridades locales y nacionales.

El caso preocupa por el número de homicidios y por los patrones de riesgo identificados antes de los crímenes. Según la especialista, muchos episodios comienzan con violencia sicológica, aislamiento familiar, control económico y agresiones normalizadas dentro del hogar.

Sin embargo, varias mujeres continúan atrapadas en esos entornos debido a la dependencia emocional y financiera.

Los registros recopilados por colectivos de mujeres muestran que Soledad y Malambo continúan siendo territorios críticos para la seguridad femenina. A ellos se suman Barranquilla, Galapa, Baranoa y Polonuevo, donde durante el último año se conocieron casos que generaron conmoción pública.

Uno de los episodios más recordados fue el asesinato de una joven cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda durante las celebraciones de fin de año. Para organizaciones sociales, estos hechos reflejan una violencia cada vez más extrema y visible.

Aunque las autoridades han reforzado campañas preventivas y jornadas pedagógicas, líderes comunitarios consideran que las acciones siguen siendo reactivas y no logran intervenir a tiempo los casos de riesgo. En varias zonas rurales y periféricas, las mujeres continúan enfrentando barreras para denunciar.

Señales ignoradas

La Red de Mujeres del Atlántico sostuvo que uno de los principales problemas es la normalización de la violencia doméstica. Ruth Pareja explicó que muchas víctimas identifican las agresiones cuando el ciclo ya se encuentra avanzado y existen amenazas directas.

“Cuando la pareja controla, aísla o limita el contacto familiar, ya existe un campanazo de alerta”, indicó.

La organización también cuestionó el papel de algunas comisarías de familia, donde, según denuncias de víctimas, todavía se promueven conciliaciones en relaciones marcadas por agresiones reiteradas. Para colectivos sociales, esto termina exponiendo nuevamente a las mujeres frente a sus agresores.

En sectores productivos y rurales del Atlántico, donde muchas mujeres dependen económicamente de sus parejas o del trabajo informal, la situación se agrava por la falta de autonomía financiera. Pareja insistió en que fortalecer el emprendimiento femenino y la independencia económica puede convertirse en una herramienta de prevención.

El debate también alcanzó a las autoridades encargadas de proteger a las víctimas. Desde organizaciones sociales se cuestiona la efectividad de las medidas de protección y la falta de articulación entre entidades judiciales, comisarías y organismos de seguridad.

“El Estado sigue siendo indolente frente a muchas denuncias. Las políticas públicas no pueden quedarse archivadas”, manifestó la sicóloga.

Las organizaciones sociales coinciden en que el Atlántico enfrenta un problema estructural que requiere inversiones sostenidas y coordinación entre entidades de salud, educación, justicia y seguridad. Para Ruth Pareja, la agenda de mujeres debe dejar de ser secundaria dentro de los planes públicos.

“No es un relleno. Hay que robustecer las políticas públicas y actuar antes de que las cifras sigan creciendo”, concluyó. (Lea en CONtexto ganadero: Bogotá: 390 mujeres en riesgo extremo de feminicidio en 2026)