Los recientes ataques terroristas en Cauca, Valle, Nariño y Huila, territorios sumidos en la violencia desde hace un tiempo, encendieron las alarmas entre líderes sociales, congresistas, productores y comunidades rurales. La disputa armada por corredores estratégicos, el narcotráfico y la incertidumbre electoral amenazan la vida campesina, la actividad ganadera y la presencia institucional.

La reciente escalada de ataques en el suroccidente colombiano y la ola de violencia que sin tregua azota a esta parte del país, con hechos como el atentado en Cajibío y las amenazas en Timbío, entre otras, volvió a poner sobre la mesa la pregunta: ¿quién manda realmente en los territorios rurales?

Diana Perafán, líder social caucana, y Christian Garcés, representante a la Cámara y senador electo, coinciden en que la crisis es el resultado de una política de seguridad debilitada que ha permitido el avance de grupos armados ilegales en medio de un contexto electoral que aumenta la presión sobre las comunidades.

En Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Huila, la violencia se convirtió en una amenaza diaria contra campesinos, transportadores, comerciantes y ganaderos. La extorsión, los bloqueos, el control de vías, el robo de ganado y el miedo a transitar por zonas productivas tienen en jaque a la economía rural.

Perafán, por su parte, sostuvo que el Cauca vive “en constante zozobra” y que en varios municipios el control real lo ejercen grupos armados ilegales. Reiteró en que Cajibío representa un caso simbólico porque sus habitantes han resistido la presión de esas estructuras.

Para ella, los ataques, que en los últimos días han sido más de 30 con al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, son una “cuenta de cobro” contra comunidades que no se someten. (Lea en CONtexto ganadero: Noche de horror en Cúcuta: hombres armados asesinan a tres personas, entre ellas, un menor de edad)

Para la líder, la crisis de seguridad del suroccidente no puede entenderse solo como una ola de atentados, sino como una disputa territorial donde el Estado pierde presencia y las economías ilegales ganan espacio.

Christian Garcés atribuye el deterioro al fracaso de la política de “Paz Total”. En su opinión, los ceses al fuego y los diálogos fueron aprovechados por grupos narcoterroristas para fortalecerse económica y militarmente. Afirmó que estas organizaciones aumentaron su capacidad de reclutamiento, control social y presión armada.

Para el congresista, el problema también tiene una dimensión económica ya que el narcotráfico se ha expandido en corredores que conectan montañas, puertos y fronteras. Esa expansión impacta directamente al sector agropecuario, pues limita la movilidad, encarece los costos, ahuyenta inversión y deja a productores expuestos a extorsiones.

Garcés insistió en que el Gobierno debe dejar de negociar con criminales y concentrarse en respaldar a campesinos, ganaderos, empresarios y agricultores que producen legalmente.

Timbío, Cajibío y disputa por el control

La situación en Timbío con la exigencia de los grupos armados hacia la Fuerza Pública profundiza la alarma. Perafán denunció que grupos ilegales pretenden asumir funciones básicas como el control del tránsito y presionar la salida de la fuerza pública. Para ella, lo anterior revela una pérdida grave de gobernabilidad.

En su opinión, el Cauca se ha convertido en un “laboratorio” de control armado, donde confluyen narcotráfico, minería ilegal, corrupción, riqueza natural y abandono estatal. La líder social advirtió que no todas las comunidades indígenas, campesinas o afro respaldan esas agendas, pero muchas terminan sometidas por miedo. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Paz total o incentivo al crimen? La fuerte crítica de Carlos Augusto Chacón al Gobierno)

Elecciones bajo intimidación

El contexto preelectoral aparece como otro factor de riesgo. Garcés sostuvo que los grupos armados buscan condicionar el voto, impedir la presencia de sectores políticos contrarios y fortalecer opciones afines a sus intereses. Perafán también advirtió que la violencia puede recrudecerse antes del cambio de gobierno.

Ambos coinciden en que el mensaje de los ataques es político y territorial: mostrar fuerza, presionar al Estado y amedrentar a la población civil.

Para Garcés, una respuesta inmediata debería incluir el fortalecimiento militar en zonas críticas, la construcción del batallón de alta montaña en Jamundí y la protección de la vía Panamericana. Perafán, por su parte, pidió que el Gobierno no deje solo al Cauca y que se garantice seguridad real para las comunidades.