El director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, (ICP), dijo a CONtexto que los diálogos sin presión efectiva del Estado habrían permitido la expansión de estructuras armadas en regiones productivas. Catatumbo, Arauca, Chocó, Nariño, Cauca y sur del Valle hacen parte de los corredores rurales en los que confluyen producción agropecuaria, transporte de alimentos, comercio local y presencia de economías ilegales.

A menos de 100 días del cierre del gobierno, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, se sumó a las duras advertencias desde distintos sectores sobre el deterioro de la seguridad en Colombia: según dijo, la política de “Paz Total” no habría debilitado a los grupos armados, por el contrario, les habría dado margen para crecer en hombres, territorio, rentas ilegales y capacidad de presión sobre la población.

Para Chacón, el balance es claro y no admite matices: “los resultados hablan por sí solos: la paz total ha fracasado”.

Desde su perspectiva, la estrategia partió de un error estructural: reconocer organizaciones criminales como interlocutores políticos sin exigir resultados verificables. “Se negoció con estructuras criminales como si fueran actores políticos, cediendo soberanía y otorgando privilegios sin resultados”, amplió. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

El analista sostuvo que el Estado dejó de ejercer presión efectiva. “Lo que sucedió fue exactamente lo contrario a un proceso de paz: los grupos se fortalecieron mientras el Estado se debilitó”, afirmó, subrayando que no se logró desarticular organizaciones ni recuperar control territorial.

La consecuencia, según su análisis, es un escenario en el que las decisiones institucionales habrían favorecido indirectamente al crimen. “Suspender órdenes de captura hoy no es una estrategia de paz, es un incentivo perverso para que el crimen siga operando”, puntualizó.

Del campo a la ciudad

La preocupación tiene una lectura directa para el sector ganadero. Las regiones mencionadas por Chacón (Catatumbo, Arauca, Chocó, Nariño, Cauca y sur del Valle) son zonas de conflicto y también hacen parte de corredores rurales donde confluyen producción agropecuaria, transporte de alimentos, comercio local y presencia de economías ilegales.

En esos territorios, el avance de grupos armados suele traducirse en extorsión, restricciones a la movilidad, amenazas a productores, encarecimiento de operaciones y pérdida de confianza para invertir. Al momento de escribirse este artículo ya iban 46 masacres en lo que va de 2026.

Chacón advirtió que estas estructuras han aprovechado los últimos años para consolidarse en zonas estratégicas, especialmente donde hay coca, minería ilegal, contrabando, tala ilegal y lavado de activos. Esa mezcla, afirma, fortalece sus finanzas y les permite ampliar su influencia sobre comunidades rurales. (Lea en CONtexto ganadero: Masacre en El Zulia confirma expansión del conflicto armado hacia zonas urbanas)

Seguridad, clima electoral e inversión

Otro de los puntos críticos es el impacto en el proceso democrático. Chacón advirtió que existen territorios donde los grupos armados influyen en elecciones, restringen campañas y condicionan el voto.

En su lectura, mantener beneficios judiciales en este contexto genera desconfianza y debilita la institucionalidad. El riesgo está en la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres en zonas donde el control real lo ejercen actores ilegales.

El deterioro de la seguridad también envía señales negativas a la inversión. En el caso del sector ganadero, lo anterior se traduce en mayores costos, menor competitividad y decisiones aplazadas. El análisis de Chacón apunta a que el problema no es solo de orden público, sino de sostenibilidad económica. Sin garantías de seguridad, proyectos productivos pierden viabilidad y el desarrollo rural se estanca.

El próximo gobierno

De cara al futuro inmediato, la advertencia es contundente, “el país se encamina a entregarle al próximo gobierno grupos criminales más fuertes, más ricos y con mayor control territorial”.

Para el analista, el desafío no será solo recuperar el control, sino hacerlo en un contexto de capacidades debilitadas y estructuras criminales más complejas.

Sin una estrategia que combine negociación con presión efectiva del Estado, el país, y en particular el campo, seguirá enfrentando un deterioro progresivo de sus condiciones de seguridad, con efectos directos sobre la producción, la inversión y la estabilidad territorial.