Procuraduría adelanta investigación por nómina paralela del Minagricultura

Según las pesquisas que adelanta la entidad, la contratación de la cartera supera los $75 mil millones, hecho que viola las normas del servicio público.   El pasado jueves, La W dio a conocer una investigación que viene adelantando la Procuraduría General de la Nación en donde detectó una nómina paralela en el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con las pesquisas, dicha situación supera los $75 mil millones, hecho que es considerado como una violación a la contratación estatal.   Según Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, desde el año 2013 se han ejecutado en el Ministerio de Agricultura 2.538 contratos bajo la figura de prestación de servicios. (Lea: Indignación en el sector por ‘dedazo’ billonario de ministro Iragorri)   En el año 2013 fueron 279 contratos por $8.900 millones.   En el año 2014 fueron 360 contratos por $12 mil 200 millones.   En el año 2015 fueron 709 contratos por $16 mil 400 millones.   En el año 2016 fueron 771 contratos por $22 mil 100 millones.   En lo que va del año 2017 van 419 contratos por $15 mil 611 millones.   Lo grave de ese panorama es que la Procuraduría considera que “la gran mayoría de los contratos de prestación de servicios apuntan a desarrollar objetos contractuales ligados al escenario funcional en que se desenvuelven los diferentes ejes misionales que legalmente están atribuidos al Ministerio de Agricultura”, es decir entre su planta de trabajadores, existen profesionales de todas las áreas que bien podrían cumplir con la mayoría de los objetos de estos contratos de prestación de servicios.   Por estos hechos, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra Gonzalo Araujo Muñoz, Laura Isabel Valdivieso y Alejandra Páez Orozco, quienes fueron secretarios generales del Ministerio de Agricultura. (Lea: “Salida de Iragorri sería lo mejor para el sector agropecuario”: ganaderos)                                                         De acuerdo con la emisora, entre los contratos que están siendo revisados por la Procuraduría están los siguientes:   Contratación de abogados e ingenieros para apoyar a la Secretaría General, a la Secretaría Jurídica, Control Disciplinario, Programas de propiedad Rural, Talento Humano, Control Interno, Dirección de Bienes Públicos, Supervisión Financiera, Dirección de Cadenas Agrícolas, Protección Sanitaria y Política Ambiental, entre otros.   Dice la Procuraduría que con esta información “este ente de control considera que ciertos contratos de prestación de servicios profesionales están encausados a la satisfacción de necesidades de la entidad para atender funciones intrínsecamente referidas al ejercicio de las funciones que legal y reglamentariamente corresponden a la entidad”.   El año anterior, en entrevista concedida aMaría Isabel Rueda para el diario El Tiempo, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, aseguró que las políticas públicas nunca han estado alineadas con el sector rural, y por consiguiente la capacidad de respuesta ha sido menor.   En su concepto, cuando ha habido recursos, “que este Gobierno ha tenido como ningún otro Gobierno, plata, este ministro de Agricultura, a dedo –y le doy el dato exacto: desde el primero de enero de 2015 hasta el 4 de mayo de este año, sin que haya mediado un concurso de méritos, sin una licitación pública, sin ningún proceso medianamente transparente–,ha adjudicado $3 billones 142 mil millones, es decir, más de USD1.000 millones. Mi pregunta es, ¿dónde está el impacto en el campo?”. (Lea: Inconsistencias en la ejecución del Convenio MADR y UNAGA)   No es la primera vez que Lafaurie Rivera denuncia los abusos de quien lidera una de las carteras más importantes en el país, todo ello sin que el tema merezca mayor atención de los órganos de control.   Finalmente, a Procuraduría dice que “han venido suscribiendo reiterada y sistemáticamente en el tiempo contratos de prestación de servicios en el Ministerio de Agricultura”. Eso significa que no se trata de trabajadores esporádicos que se buscan para una labor o necesidad puntual, sino que aparecen en las listas de contratistas de los últimos 5 años y hasta más.   El Ministerio Público dice que la ley es muy clara cuando dice que “la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal”. (Lea: MinAgricultura ha adjudicado "a dedo" más de USD1.000 millones: Lafaurie)   Mientras las investigaciones continúan, el ministro Iragorri no ha salido del cargo como se anunció hace unos meses, pero la inconformidad sobre el manejo dado a los recursos sigue.