Una captura clave en La Paz y San Diego permitió neutralizar a uno de los principales responsables del robo de ganado en el departamento. Con esta captura, producto de una investigación iniciada en 2023, se debilita una red criminal que afectaba gravemente a los productores del campo cesarense.

Un hecho sin precedentes sucedió en Guaviare. Delincuentes armados se llevaron el ganado de la familia Ruíz Orduz al arreo. Los productores se quedaron sin capital para trabajar, altamente endeudados (acababan de invertir a crédito $200 millones en la compra de bovinos puros) y, para colmo, amenazados por grupos al margen de la ley.

En ese departamento dos robos masivos de ganado encendieron las alarmas entre productores y líderes gremiales. Mientras la inseguridad escala, las autoridades parecen ausentes ante un fenómeno que pone en jaque la economía rural y deja a los ganaderos vulnerables.

Campesinos del departamento advierten que la delincuencia rural se ha intensificado con robos, sacrificios clandestinos y actos vandálicos en los predios. La situación genera zozobra, pérdidas económicas y amenaza derechos fundamentales como la alimentación y la propiedad privada.

Pese a una reducción general en delitos, el animales se mantiene como la principal amenaza para los ganaderos del Atlántico. El primer ciclo de vacunación de 2025 expuso la falta de acción institucional frente a una creciente percepción de inseguridad en el campo.

Productores denuncian que la inseguridad en el campo se ha convertido en una amenaza permanente, sin que haya respuestas claras de las autoridades. Las cifras oficiales muestran un aumento preocupante de casos en todo el departamento. Las víctimas de este delito aseguran sentirse desprotegidas y agobiadas.

Con apenas 4 denuncias formales y 11 casos que afectaron directamente a productores, la inseguridad sigue avanzando por las veredas sin dejar rastro en los sistemas judiciales. Desde la Federación Colombiana de Ganaderos se busca frenar el control territorial de estructuras criminales.

Aunque las cifras oficiales hablan de una caída del 57 % en los casos de abigeato, los testimonios desde las fincas y el llamado de la Policía Nacional evidencian que muchos ganaderos siguen siendo víctimas sin denunciar. Esta falta de reportes impide desmantelar redes criminales que afectan la seguridad alimentaria y económica del país.

Desde mayo, más de 50 animales han sido hurtados entre Piedras, Alvarado y Armero Guayabal. Las autoridades investigan el uso de vehículos y rutas veredales para el transporte ilícito de carne, mientras desde Fedegán solicitan la extinción del derecho de dominio según lo establecido en el Código Penal.

Una encuesta realizada por Fedegán expone focos críticos de inseguridad en municipios clave del Valle. Aunque la mayoría de las zonas rurales gozan de relativa tranquilidad, existen focos críticos donde la delincuencia organizada ataca con fuerza. San Pedro, Palmira y Candelaria encabezan la lista de municipios afectados, evidenciando la necesidad de acciones por parte del Estado para proteger al sector ganadero.

Si bien las autoridades celebran caída del 61 % en el robo de semovientes, desde el sector ganadero advierten que la verdadera amenaza sigue viva. El silencio por temor, la presencia criminal en zonas rurales y la escasa denuncia ponen en duda el alcance del éxito institucional. La estrategia de seguridad requiere más presencia real y apoyo efectivo en zonas apartadas.

Aunque las estadísticas oficiales muestran una aparente disminución, la Encuesta de Caracterización Ganadera 2024 revela una realidad distinta. Los casos de abigeato y carneo siguen afectando seriamente a productores en zonas clave del país. Solo el Meta registra denuncia de casi 3.000 casos en los últimos 15 años.