Estas son las cosas que no deberían pasar, pero están pasando, y lo más grave: con una frecuencia alarmante. En la madrugada del domingo pasado, en la finca Bartolo, jurisdicción de la vereda Santa Fe, municipio de Chinú, un reconocido ganadero fue víctima del hurto de 129 toretes de más de 350 kilos cada uno, un hecho que ha estremecido al gremio ganadero de Córdoba y Sucre. Lo insólito es que el robo solo fue detectado pasadas las ocho de la mañana, cuando se percataron del faltante.

El campo ha hablado con claridad: no está dispuesto a rendirse. Y hoy, a diferencia de meses anteriores, el ganadero comienza a sentir un mayor respaldo real, firme y cercano por parte de quienes han jurado defender la vida, la tierra y la tranquilidad de los colombianos. En Sucre y Córdoba, el Ejército, la Infantería de Marina y la Policía Nacional han asumido, con determinación, la lucha contra el abigeato, ese flagelo que por años ha golpeado el corazón productivo de nuestras sabanas.

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En menos de dos meses, el robo de ganado ha alcanzado niveles sin precedentes en Sucre. Ganaderos denuncian el crecimiento de estructuras criminales organizadas y la falta total de acción del Estado. El gremio exige la intervención urgente del ministro de Defensa ante una crisis que amenaza la sostenibilidad económica de la región.

Una captura clave en La Paz y San Diego permitió neutralizar a uno de los principales responsables del robo de ganado en el departamento. Con esta captura, producto de una investigación iniciada en 2023, se debilita una red criminal que afectaba gravemente a los productores del campo cesarense.

Un hecho sin precedentes sucedió en Guaviare. Delincuentes armados se llevaron el ganado de la familia Ruíz Orduz al arreo. Los productores se quedaron sin capital para trabajar, altamente endeudados (acababan de invertir a crédito $200 millones en la compra de bovinos puros) y, para colmo, amenazados por grupos al margen de la ley.

En ese departamento dos robos masivos de ganado encendieron las alarmas entre productores y líderes gremiales. Mientras la inseguridad escala, las autoridades parecen ausentes ante un fenómeno que pone en jaque la economía rural y deja a los ganaderos vulnerables.

Campesinos del departamento advierten que la delincuencia rural se ha intensificado con robos, sacrificios clandestinos y actos vandálicos en los predios. La situación genera zozobra, pérdidas económicas y amenaza derechos fundamentales como la alimentación y la propiedad privada.

Pese a una reducción general en delitos, el animales se mantiene como la principal amenaza para los ganaderos del Atlántico. El primer ciclo de vacunación de 2025 expuso la falta de acción institucional frente a una creciente percepción de inseguridad en el campo.

Productores denuncian que la inseguridad en el campo se ha convertido en una amenaza permanente, sin que haya respuestas claras de las autoridades. Las cifras oficiales muestran un aumento preocupante de casos en todo el departamento. Las víctimas de este delito aseguran sentirse desprotegidas y agobiadas.

Con apenas 4 denuncias formales y 11 casos que afectaron directamente a productores, la inseguridad sigue avanzando por las veredas sin dejar rastro en los sistemas judiciales. Desde la Federación Colombiana de Ganaderos se busca frenar el control territorial de estructuras criminales.

Aunque las cifras oficiales hablan de una caída del 57 % en los casos de abigeato, los testimonios desde las fincas y el llamado de la Policía Nacional evidencian que muchos ganaderos siguen siendo víctimas sin denunciar. Esta falta de reportes impide desmantelar redes criminales que afectan la seguridad alimentaria y económica del país.

Desde mayo, más de 50 animales han sido hurtados entre Piedras, Alvarado y Armero Guayabal. Las autoridades investigan el uso de vehículos y rutas veredales para el transporte ilícito de carne, mientras desde Fedegán solicitan la extinción del derecho de dominio según lo establecido en el Código Penal.