Una semana crítica deja en evidencia la alarmante vulnerabilidad del sector ganadero frente a amenazas, secuestros y delitos organizados. Con apenas un puñado de denuncias y una dispersión delictiva en 13 departamentos, el campo colombiano sigue a merced de la criminalidad, con escasa respuesta estructural del Estado.

Del 16 al 23 de noviembre, el gremio ganadero vivió una de sus semanas más oscuras del año. En este corto periodo, se registraron 51 hechos delictivos en zonas rurales del país, de los cuales 19 afectaron directamente a productores ganaderos, según datos revelados por Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP).

Los hechos ocurrieron en 13 departamentos, siendo Antioquia el más golpeado con cuatro casos, seguido por Huila, Meta y Tolima con dos cada uno. También se reportaron incidentes en Valle del Cauca, Risaralda, La Guajira, Cundinamarca, Cesar, Caquetá, Bolívar, Atlántico y Arauca.

La mayoría de estos casos fueron atendidos por la Policía Nacional, pero solo 4 de los 19 sucesos que afectaron al gremio fueron denunciados formalmente, lo que evidencia el miedo, la desconfianza y la ineficacia institucional. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)

Entre las principales amenazas figuran la delincuencia común (vinculada a 10 casos), seguida por acciones de grupos al margen de la ley (3) y la delincuencia organizada (3). Los delitos más repetidos fueron amenazas (5 casos), extorsión (3), abigeato (3), homicidio (2), carneo (2), estafa (2), además de un caso de hurto y otro de invasión, con un predio afectado. En total, 39 reses fueron vinculadas a estos crímenes.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Yaguará, Huila. El 18 de noviembre, el ganadero Néstor Eduardo Rojas fue asesinado a quemarropa dentro de una tienda por dos sicarios. Este homicidio sacudió a la comunidad, que ya venía alertando sobre el aumento de la violencia en la región.

Otro hecho estremecedor se registró en Río Oro, Cesar, donde el agricultor Isidro Noriega fue secuestrado por hombres armados el 13 de noviembre. Su paradero sigue siendo desconocido. Estos ataques no solo afectan vidas humanas, sino que erosionan la productividad, la inversión rural y la confianza en las instituciones.

Riesgos latentes

La rápida denuncia familiar permitió al Gaula de la Policía rescatar al alcalde de Chimichagua (Cesar), secuestrado en Soacha el 20 de noviembre. Durante la operación fueron capturadas cinco personas y un menor de edad, todos señalados de exigir 100 millones de pesos como rescate. Aunque fue un operativo exitoso, destaca por ser la excepción y no la norma.

Por otro lado, en Villavicencio, una acción coordinada logró desmantelar una banda criminal dedicada al abigeato y al concierto para delinquir. Trece personas fueron detenidas, enviando un mensaje contundente, pero aislado, en medio de un panorama general de impunidad.

Clamor del sector

El general (r) Fernando Murillo insistió en que los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz seguirán monitoreando la situación semanalmente, pero advirtió que sin una estrategia estatal robusta y articulada, la seguridad rural seguirá siendo una promesa vacía. “La delincuencia no da tregua y el campo está solo”, afirmó.

El bajo nivel de denuncias, sumado a la dispersión territorial de los crímenes, refleja no solo un vacío institucional, sino también el abandono de una población que, día tras día, produce los alimentos del país bajo amenazas constantes. (Lea en CONtexto ganadero: Delincuentes roban 110 reses y terminan capturados en operativo en Cesar)