La aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar llega en un momento decisivo para nuestros hombres en armas.

La sociedad colombiana tiene, en el procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, un real defensor frente a los excesos y desviaciones que desde ya se están viendo en el actual proceso de paz que se lleva a cabo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.

Aunque los ganaderos lamentamos, en nuestra calidad de víctimas, no haber podido interactuar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sí lo hicieron otras organizaciones de víctimas, quedamos atentos al tutelaje supranacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

A finales de esta semana, 29 y 30, más de mil ganaderos delegados de todas las regiones del país, se reunirán –como cada 2 años– en el 33 Congreso Nacional de Ganaderos que se celebrará en Santa Marta. El encuentro tiene particular importancia, no sólo porque en 2013 Fedegán llega a sus primeros 50 años de existencia y se cumplen 2 décadas de la Parafiscalidad Ganadera, sino porque asistimos a una coyuntura extremadamente sensible para el sector.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, se apuró a pronunciarse frente al proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República para reformar el Fuero Militar, una necesidad sentida de los miembros de la Fuerza Pública para garantizar la aplicación de una justicia especializada para una situación también muy específica, como es la derivada de los delitos que, eventualmente, se puedan cometer en el entorno del uso legítimo de la fuerza armada por parte de los militares y policías.

Inexplicablemente el Censo Nacional Agropecuario salió de la agenda pública. Aunque su financiación estaba asegurada en un 80% –con adiciones por $56 mil millones del presupuesto de 2012 y $150 mil millones para 2013– la asignación final sólo es de $30 mil millones.