La cirugía extrema que proponen las Farc para las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) es absurda. Equiparar su estatus a los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales de las comunidades negras, significa crear gigantescos enclaves impenetrables, en adelante, para el Estado de Derecho legítimamente constituido.

Las propuestas oficiales para adelantar la “gran revolución agraria en el país” sorprenden, pero no por novedosas. Además de no resolver los

Con el apoyo del entonces exministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, Gabriel Silva Luján fue nombrado gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en 2002.

Ahora que toma fuerza la iniciativa de llevar a Colombia a la OCDE, debemos admitir que buena parte de los avances que hoy nos reconoce esa Organización, iniciaron en la administración Uribe, con la política de Seguridad Democrática.

Poco o nada llegó de las mesas de negociación de La Habana al Consejo Gremial. Entre tanto, las Farc con su falso ideario de “paz con justicia social para el campo” son las vedetts, mientras las víctimas permanecen en la sombra.

El país está confundido. Negociar con el terrorismo no trae la paz. Distintos sectores de opinión, mal o bienintencionados, piensan que el “mal menor” de negociar la Ley para ponerle fin al conflicto a través de diálogo, es mejor que hacer cumplir los principios de nuestro Estado Derecho.

Sería arbitrario en nuestra condición de víctimas, no desear una paz justa y duradera. Lo que rechazamos es una paz precaria, sin verdad y reparación a víctimas y sin juzgamiento a victimarios. Una paz con olvido e impunidad absoluta.

Empieza a subir una atmósfera de desconfianza y desgaste en las expectativas que se tejieron en torno al proceso de paz. El abuso mediático de las Farc para contener una crisis temprana y su afán por darle salida a sus improcedentes demandas sobre la “tierra”, la han llevado al terreno de las contradicciones.

En menos de dos meses las Farc modificaron las reglas del proceso de paz, para despejar uno de los temas más controvertidos de la agenda: el desarrollo agrario integral. La jugada consistió en hostigar al Gobierno para habilitar la “participación del pueblo” y, por esta vía, alterar la hoja de ruta, inclinar la balanza de la negociación y fisurar las bases del acuerdo.

El Gobierno cedió a las demandas de los eurodiputados y este 28 de enero entrará en vigor el TLC con la Unión Europea, sin la ratificación formal del tratado por parte del Congreso, gracias a una cláusula de “aplicación provisional”.