/?w=256&q=100 "Miguel Angel Lacouture")
El asesinato del ganadero Fabio Lacouture Acosta el 20 de marzo de 1993 en zona rural de Becerril de Campos (Cesar) no fue un hecho aislado. Fue parte de la violencia sistemática que durante décadas masacró al campo colombiano. Treinta y tres años después, mientras el país repite discursos de memoria, paz y justicia transicional, para miles de víctimas rurales, especialmente para los ganaderos del Cesar, la promesa de verdad, justicia y reparación sigue siendo una herida y burla abierta.
Ese 20 de marzo de 1993 fue asesinado mi padre, Don Fabio Lacouture. Han pasado treinta y tres años. Más de tres décadas en las que Colombia ha hablado hasta el cansancio de paz, reconciliación y justicia transicional. Para las víctimas del campo, todo eso es puro discurso vacío.
Mi padre no fue un actor del conflicto. Fue un hombre del campo, un ganadero que creía que trabajar la tierra y producir alimentos era la forma digna de construir país. Lo mataron porque las FARC-EP decidieron que el departamento del Cesar les pertenecía.
Su asesinato, con sevicia y crueldad extrema, fue obra del Frente 41 del Bloque Caribe, bajo la influencia de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad o Palmera, hoy preso en Estados Unidos. El crimen fue brutal y dejó una herida que nunca cicatriza en nuestra familia.
El conflicto convirtió el campo en un matadero. Informes de Fedegán y Fundagán —en el libro “La verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido”— documentan más de 6.202 ganaderos víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos durante las décadas más cruentas del dominio de las narcoguerrillas. Las fincas se volvieron territorios de terror. Las familias huyeron. Las economías rurales se destruyeron para siempre. Nuestro núcleo familiar fue perseguido inmisericordemente, sin piedad. Al año siguiente del crimen de mi padre, en 1994, secuestraron a Fabio Hernán, mi hermano. A mi mamá le hicieron varios atentados. Detonaron una bomba en el Edificio Lacouture de Valledupar el 14 de septiembre de 2001. Nos persiguieron sin descanso. No bastó el horror del asesinato de mi padre: a tantos otros familiares los acosaron solo por trabajar la tierra que nuestros ancestros enseñaron a respetar y a amar.
Treinta y tres años después, cada 20 de marzo el silencio del potrero cesarense me devuelve la mirada de mi padre: un ganadero que nunca pidió más que trabajar la tierra, criar ganado y ver crecer a sus hijos en paz. Se me escapan lágrimas al escribir esta nota en mi soledad.
Mi voz no puede ser baja: grita con fuerza por verdad, justicia y reparación, tal como lo prometió el Acuerdo Santos-FARC y que, a la fecha, sigue siendo una burla cruel e incumplida para las víctimas del sector ganadero.
Con las próximas elecciones a la vista, si la izquierda gana y esta gente de las FARC, con Cepeda se empoderan en el Congreso, la JEP y el Gobierno, la traición se consumará: los mismos victimarios controlarán la verdad y la impunidad se convertirá en ley oficial. Para miles de familias rurales como la mía, la deuda de justicia se volverá eterna.
La paz verdadera no se construye con olvido ni con discursos baratos. Se construye cuando la verdad duele de frente, cuando la justicia no se negocia con asesinos y cuando la reparación llega de verdad a quienes todavía la reclamamos en silencio.
Mientras esa amenaza política y esa deuda judicial persistan, la memoria del campo colombiano, y la mía propia, seguirá gritando con rabia: ¡una verdad pendiente que NO toleraremos más!
Miguel Lacouture Arévalo, ganadero y víctima del conflicto.
