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Después de la pandemia Colombia aún no logra una senda sostenida en su crecimiento económico, y ni qué hablar de las condiciones de desarrollo. En 2020, derivado de la crisis de la covid-19, la economía decreció 7,2%, y aunque en 2021 por el efecto rebote y las malas cifras de 2020 el crecimiento fue de 10,8%, la tendencia real de la economía muestra un crecimiento que apenas superó 2,8%.
2022 pareció ser el año de la recuperación de la economía con un crecimiento de 7,3% pero la alta tasa de inflación, la política monetaria de contracción y la falta de planes y objetivos concretos para los diferentes sectores económicos, apenas permitieron que la economía creciera 0,7% en 2023 y 1,7% en 2024.
Sin duda, con crecimientos tan marginales y en un franco deterioro de la seguridad urbana, la rural y la seguridad jurídica, y en un escenario medianamente hostil en la relaciones con nuestro primer socio comercial, las inversiones se han espantado. De hecho, el año histórico de mayor recepción de inversión extranjera fue 2022 al sumar US$17.182 millones, pero en 2023 esta cifra descendió en 2,3% y en 2024 cayó 15,2% frente a 2023.
Si a lo anterior sumamos mayores cargas tributarias, no solo en los impuestos dirigidos a las empresas, sino también el exagerado crecimiento del impuesto predial y un salario mínimo que casi dobla la cifra de inflación, se encuentran condiciones que sin duda alientan la informalidad.
Justamente, la semana pasada DANE reveló las cifras de desempleo del mes de marzo, ubicándose la cifra en 9,6%, y aunque es una cifra de un dígito y menor a la registrada en marzo de 2024, también trae un ingrediente adicional y es la del crecimiento del “empleo” informal que alcanzó una tasa de 57,7%. En otras palabras, de los alrededor de 23,7 millones de trabajadores que tiene el país, 13,6 millones están en la informalidad. Seis de cada diez empleos son informales, sin que coticen a salud o pensión, lo que agravará el problema en el mediano y largo plazo cuando esta población económicamente activa llegue a su vejez.
Las consecuencias de un sistema que no dinamiza las actividades económicas, ni facilita la creación de negocios en el marco de las normas, hace que las personas prefieran optar por permanecer invisibles frente a las instituciones, situación que también las aleja del crédito y financiamiento y deban recurrir a esquemas como el “gota a gota” o los “pagadiarios”.
De allí que en diferentes sectores económicos también se evidencie el crecimiento de la informalidad, y no solamente en el ámbito laboral. En el sector lechero, la informalidad supera el 45% de la leche cruda que se comercializa, mientras que en la faena de bovinos la estimación de la clandestinidad llega alrededor del 40% de lo que se hace formalmente. No solamente allí se ejercen actividades que laboralmente no garantizan las prestaciones sociales a un empleado, sino que también hay una economía paralela que compite irregularmente frente a la industria formal.
Así las cosas, hoy la política pública debería estar enfocada en acciones que disminuyan la informalidad, lo que influiría positivamente en la generación de empleo de calidad, mejor recaudo tributario y de parafiscales, así como mayores recursos para salud y pensión.
¿Acciones como cuáles? Una estructura tributaria más sencilla y con menores tarifas, menores requisitos para constituirse como empresa, periodos de gracia fiscales para nuevas empresas constituidas, crédito más barato para nuevos proyectos. Lo que es cierto es que entre más se pretende que el Estado sea el gran dinamizador económico, los resultados son más lamentables. Hay que dejar al sector privado hacer su tarea dándole las mejores condiciones.
