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En 1990, al iniciar la apertura económica, la participación del sector agropecuario en el PIB nacional era del 18 %. Hoy es de 6,3 %, pero esto no minimiza su importancia, pues hay ramos como el petrolero, que han entrado a dominar la situación, haciendo que lo agropecuario pierda importancia en el PIB global. El sector agropecuario es, tal vez, el más complejo y heterogéneo de la economía colombiana: amplia y variada gama de cultivos y especies animales; bajo, también, una amplia variedad de sistemas de producción, los cuales demandan políticas específicas, a veces antagónicas. Entre estos hay de consumo nacional y exportables, pero el diario devenir de la economía hace que algunas veces se perjudiquen unos, mientras otros se benefician, y el gobierno tiene que dar soluciones.
También, existe una gran diversidad de productores, que muchas veces se simplifica en pequeños, medianos y grandes, pero sin tener en cuenta que las categorías no son tan tajantes, pues en todas hay desde pobres hasta ricos. Existe, sin embargo, un denominador común: todos desean que su actividad sea rentable.
Si a lo anterior se le agrega la institucionalidad agropecuaria y la no agropecuaria, que tiene que ver con el sector, así como los compromisos del proceso de paz, se complica aún más la situación. Lo complejo de esto puede llevar a las directivas del sector a engolosinarse con la problemática del día a día y no ver el sector en su conjunto. Un viejo adagio dice: ‘muchas veces por concentrarse en los árboles se pierde la visión del bosque’.
Todo ello reafirma lo complejo y variado que es el sector, el cual está a la expectativa de una política agropecuaria. Han pasado tres meses desde la posesión del presidente Duque, y hasta el momento el Ministro se ha concentrado en la situación coyuntural: ICA, café, aftosa, reforma tributaria (está mirando los árboles) y no ha planteado una visión para el periodo y menos los instrumentos para lograrlo.
El 2018, como dicen los apostadores, ya está jugado, pero viene el 2019 con un presupuesto para el sector con reducción de 13,3 % con respecto a este año, pero que llega a cerca de $2,1 billones, de los cuales casi $1,5 billones es inversión. A pesar que el 51,4 % de la inversión va a desarrollo rural y a restitución de tierras, queda suficiente para ser reorientado con una política.
Las promesas de campaña están latentes: protección a la propiedad (ya hay un proyecto en el Congreso), 50 % presupuesto en bienes públicos, créditos que incentiven el aumento en productividad, tecnificación del Ministerio, promoción de cadenas de valor y mercados internacionales, articulación de la agroindustria y pequeño, 1,5 % del PIB en investigación, desarrollo e innovación.
No se pretende formularle la política al Ministerio de Agricultura, pero sí es importante que tenga en cuenta, por lo menos: una política para la inversión y financiamiento, no solo con el simple crédito, sino, con innovadores instrumentos de financiamiento que estimule a los capitales citadinos entrar al campo; una política de comercialización para la competitividad que permita explorar, promover y entrar a nuevos mercados; la investigación y desarrollo tecnológico ha hecho grandes avances y tiene presupuesto propio, pero es necesaria su integración a los propósitos de una política.
Finalmente, el ministro debe buscar consensos para la política, a pesar de la dificultad por la complejidad y heterogeneidad. Publicado en Portafolio, 14 de noviembre de 2018