Julia Inés Lema Vélez, zootecnista, Magister en Cambios Globales y Riesgo de Desastres
Las imágenes que llegan desde Arauca y Casanare son un recordatorio de la enorme vulnerabilidad que enfrenta el sector agropecuario frente a los fenómenos naturales. Miles de familias han visto cómo el agua ingresó a sus viviendas, los cultivos quedaron completamente destruidos y los animales tuvieron que ser movilizados en condiciones improvisadas. La declaratoria de calamidad pública refleja la magnitud de una emergencia que deja más de 20.000 personas afectadas y miles de hectáreas bajo el agua.
Detrás de estas cifras hay una realidad que pocas veces aparece en los titulares: una inundación no solo afecta la infraestructura de una finca, también compromete la alimentación, la sanidad, el bienestar de los animales y la recuperación económica de las familias rurales.
Cuando un sistema productivo permanece varios días bajo el agua, como está ocurriendo actualmente, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida inmediata. Las pasturas desaparecen, los animales enfrentan dificultades para acceder al alimento y al agua de calidad, aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas y parasitarias, se deterioran cercas, corrales y vías internas, y la movilidad del ganado se convierte en un verdadero desafío.
El mayor esfuerzo de los productores durante la emergencia consiste en salvar los animales. Sin embargo, una vez el nivel del agua comienza a descender aparece un reto tan complejo como el anterior: recuperar la producción.
Ese proceso no empieza cuando el ganado regresa a los potreros. Comienza con una evaluación cuidadosa de los daños.
Lo primero es verificar el estado sanitario de los animales. Después de una inundación es frecuente encontrar lesiones en las extremidades, problemas podales, estrés, pérdida de condición corporal y un mayor riesgo de enfermedades asociadas al contacto prolongado con aguas contaminada. También es indispensable revisar la calidad del agua para el consumo, ya que las fuentes suelen estar contaminadas con sedimentos, residuos o materia orgánica.
El siguiente paso es evaluar la disponibilidad de alimento. Aunque visualmente un potrero pueda parecer verde pocos días después de una inundación, esto no significa que esté listo para el pastoreo. El suelo necesita recuperar su estructura, las raíces deben restablecerse y es necesario verificar que no existan residuos dejados por la inundación que representen un riesgo para los animales.
La infraestructura requiere una inspección detallada. Cercas, corrales, bodegas, sistemas eléctricos, bebederos y vías de acceso pueden presentar daños que no siempre son evidentes a primera vista. Restablecer estas condiciones es fundamental para retomar la operación normal de la finca.
La lección que deja la emergencia como la que hoy viven Arauca y Casanare es ver la realidad, “todavía tenemos un largo camino por recorrer en materia de preparación”. Las inundaciones hacen parte de la dinámica natural de muchas regiones del país; lo que determina la magnitud de las pérdidas no es únicamente la intensidad de las lluvias, sino el nivel de preparación de cada sistema productivo y de las instituciones encargadas de atender este tipo de eventos.
Todavía es evidente la necesidad de fortalecer la capacitación en gestión del riesgo de desastres dentro del sector agropecuario. Productores, médicos veterinarios, zootecnistas, asistentes técnicos, UMATAs, Secretarías de Agricultura, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, organismos de respuesta, entre otros necesitan herramientas que les permitan actuar de manera coordinada cuando una emergencia involucra animales de producción. La evacuación del ganado, el manejo sanitario, la protección del bienestar animal, la disposición temporal de los animales y la recuperación de las explotaciones pecuarias requieren conocimientos específicos que no siempre hacen parte de la preparación habitual.
Generar conocimiento y fortalecer las capacidades locales es una de las mejores estrategias para reducir el riesgo. Prepararse significa conocer las amenazas de cada predio, identificar las zonas seguras, mantener actualizado el inventario de animales, contar con reservas estratégicas de agua y alimento, definir responsables y establecer protocolos claros de actuación. Todas estas acciones hacen parte de la reducción del riesgo y permiten que las decisiones durante una emergencia sean más oportunas y efectivas.
Aqui cobran especial importancia los planes de contingencia de los que hemos hablado en artículos anteriores. Más que un requisito, deben convertirse en una herramienta de trabajo para quienes viven y producen en el campo. Un plan solo es útil cuando ha sido construido pensando en la realidad de la finca, es conocido por quienes trabajan en ella y se revisa periódicamente para responder a los riesgos propios del territorio.
La situación actual en Arauca y Casanare no debe verse únicamente como una tragedia regional. Debe convertirse en una oportunidad para que todo el sector ganadero reflexione sobre su propia realidad. Cada productor debería preguntarse hoy si su finca está preparada para responder ante una inundación similar.
Porque las emergencias seguirán ocurriendo. Lo que sí puede cambiar es nuestra capacidad para anticiparnos, prepararnos y responder mejor.
La verdadera recuperación de una ganadería no comienza cuando baja el nivel del agua. Comienza mucho antes, cuando productores, instituciones y comunidades deciden trabajar juntos para proteger los animales, la producción y la sostenibilidad del campo colombiano.
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