En Colombia, donde la frontera entre la sospecha y la prueba suele difuminarse en el debate público, conviene detenerse en los hechos, la norma y la ética profesional antes de emitir juicios que, aunque muy ruidosos y fácilmente aprovechables, pueden carecer de sustento jurídico. Ese es el contexto en el que debe analizarse el señalamiento formulado contra la Dra. Carolina Useche Rodríguez, contadora pública, profesional de reconocida trayectoria y directora administrativa y financiera de FEDEGAN, por haber certificado los estados financieros del hijo de su presidente ejecutivo.

La acusación, en esencia, no se apoya en la falsedad de la información financiera, ni en la existencia de un beneficio indebido, ni en la prueba de una presión ejercida sobre la profesional. Se apoya, más bien, en una presunción: que la relación indirecta —jefe e hijo— sería suficiente para invalidar su objetividad. Sin embargo, al examinar con detenimiento el marco legal y ético que rige la profesión contable en Colombia, esa presunción no tiene sostenimiento.

La Ley 43 de 1990, que regula el ejercicio de la Contaduría Pública en Colombia, no establece una inhabilidad expresa que impida a un contador certificar estados financieros por el solo hecho de que el cliente sea familiar de su jefe. No existe norma alguna que consagre una incompatibilidad automática en este tipo de situaciones, particularmente cuando se trata de empresas privadas y no hay vínculo societario, subordinación directa ni interés económico personal. Este punto es central: en un Estado de Derecho, las responsabilidades profesionales no se derivan de interpretaciones subjetivas, sino de prohibiciones claras y expresas. Y en este caso, la prohibición simplemente no existe.

Otro elemento que suele pasarse por alto es la diferencia entre una relación personal indirecta y la afectación real del juicio profesional. La Dra. Carolina no es familiar de la persona cuyos estados financieros certificó; no es su subordinada; no depende económicamente de él; ni obtiene beneficio alguno del resultado de dicha certificación.

Más aún, no se ha demostrado —ni siquiera con insinuaciones— que hubiera recibido instrucciones, presiones o condicionamientos por parte de su jefe o de su hijo. En ausencia de estos elementos, hablar de pérdida de independencia no pasa de ser una conjetura. La ética profesional no sanciona la existencia de relaciones, sino la incapacidad de gestionarlas con objetividad. Y en este caso, no hay evidencia de que esa gestión haya fallado.

Un aspecto que resulta revelador es que el señalamiento no cuestiona el contenido de los estados financieros certificados. No se ha alegado falsedad, ocultamiento de pasivos, inflamiento de ingresos ni manipulación contable alguna. Por el contrario, la propia actuación de la Dra. Carolina demuestra que la certificación reflejó la situación financiera real en sus certificaciones, aun cuando dicha realidad resultara, en este caso —como en muchos otros—, favorable para su titular. En términos éticos, este hecho pesa más que cualquier especulación. La objetividad no se proclama: se demuestra cuando el profesional dice y certifica la verdad técnica de su cliente.

La investigación honesta también exige reconocer la ausencia total de dolo. No hay en este caso indicio alguno de encubrimiento, ni de intención de inducir a error a terceros, ni de perjuicio al interés público. La certificación fue emitida de buena fe, con base en documentos verificables y conforme a los marcos técnicos aplicables. En el ámbito disciplinario, la intención y el resultado son determinantes. Sin falsedad, sin daño y sin beneficio indebido, la acusación pierde su sustancia jurídica.

Y de contera, resulta especialmente llamativo que se intente vincular este caso con el hecho de que Carolina Useche actúe como representante de FEDEGAN en la asamblea de accionistas de VECOL. Esta mención, lejos de fortalecer el señalamiento, lo debilita. Dado que no existe relación jurídica, técnica ni ética entre esa representación institucional y la certificación de estados financieros, introducir este elemento ajeno al caso no aporta claridad; por el contrario, denota una intención de confundir, de generar sospecha por acumulación y de desviar la atención del que debiera ser un verdadero análisis. En periodismo investigativo, cuando aparecen asociaciones forzadas y argumentos colaterales irrelevantes, suele ser una señal inequívoca de mala fe.

No obstante, para mi apreciación personal, sobre todo lo anteriormente expuesto, pesa un elemento quizá el más contundente a la hora de observar el desempeño personal de Carolina Useche: su valoración profesional, como es apenas lógico, no está en este episodio puntual, sino en su historia de vida y carrera. Más de veinte años de permanencia sólida dentro de FEDEGAN en cargos de alta responsabilidad dan cuenta de una contadora dedicada, técnica, íntegra, objetiva y absolutamente independiente.

En organizaciones complejas y altamente expuestas al escrutinio público, la permanencia prolongada no es casualidad: es el resultado de la confianza sostenida en el criterio profesional, la rectitud y la solvencia ética. Pretender que una trayectoria de dos décadas se desmorone por una certificación legalmente permitida y técnicamente correcta es, cuando menos, desproporcionado, injusto y rastrero.

El examen riguroso de los hechos, la ley y la ética profesional conduce a una conclusión clara: la Dra. Carolina Useche no incurrió en inhabilidad, incompatibilidad ni falta ética alguna. Actuó dentro del marco legal, con independencia de criterio, integridad personal y apego a la verdad financiera.

En un país donde la reputación suele ponerse en entredicho con facilidad, conviene recordar que la ética no se presume vulnerada; se demuestra. Y en este caso, lo que se demuestra no es una falta, sino una carrera profesional construida durante más de veinte años sobre los pilares de la objetividad, la honradez, el profesionalismo y, como si poco fuera, ¡el carisma!