La democracia tiene una regla de oro tan sencilla como irrenunciable: en las urnas unos ganan y otros pierden. Quien participa en una contienda electoral acepta de antemano que el veredicto popular debe respetarse, aun cuando el resultado no sea de su agrado. Por eso resulta preocupante que, apenas concluido el proceso electoral, el excandidato presidencial Iván Cepeda haya planteado la posibilidad de convocar a la desobediencia civil frente al gobierno elegido por los colombianos.

Conviene recordar qué significa realmente esta figura. La desobediencia civil es una forma de protesta pública, pacífica y consciente mediante la cual un grupo de ciudadanos decide incumplir una norma o resistirse a una determinada actuación estatal cuando considera que vulnera derechos fundamentales o principios superiores de justicia. Históricamente ha sido utilizada como un recurso excepcional frente a regímenes o decisiones consideradas profundamente injustas, y su propósito ha sido llamar la atención sobre la necesidad de corregir graves abusos del poder.

No es, por tanto, un mecanismo para desconocer el resultado de unas elecciones libres, ni un instrumento para anticipar una oposición basada en el rechazo preventivo a un gobierno que ni siquiera ha comenzado a ejercer plenamente sus funciones. Convertir la desobediencia civil en una consigna política por el simple hecho de haber perdido en las urnas desnaturaliza su esencia y envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Colombia necesita hoy serenidad institucional y respeto por las reglas del Estado de derecho. La oposición tiene un papel legítimo y necesario dentro de cualquier democracia. Debe ejercer control político, denunciar los errores del gobierno, presentar alternativas y defender sus convicciones. Pero una cosa es ejercer una oposición firme y otra muy distinta es promover escenarios que puedan interpretarse como una invitación a desconocer la legitimidad del mandato conferido por los electores.

Las razones expuestas por Cepeda para justificar una eventual desobediencia civil terminan siendo más cercanas al discurso político que a una verdadera defensa de derechos fundamentales. Antes que argumentos jurídicos sólidos, parecen reflejar la inconformidad propia de quien no logró convencer a la mayoría de los colombianos. Y esa diferencia no es menor. La democracia no puede quedar sometida al estado de ánimo de quienes pierden una elección.

Lo preocupante es el precedente. Si cada candidato derrotado decide convocar movilizaciones para desconocer la legitimidad del vencedor, el país entraría en una espiral permanente de confrontación institucional. Las reglas del juego dejarían de depender del voto ciudadano para quedar sujetas a la capacidad de presión de cada sector político. Ese camino no fortalece la democracia; la debilita.

A ello se suma la reciente posición del excandidato frente a una eventual solicitud de extradición del expresidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos. Ningún dirigente político debería anticipar llamados para impedir el cumplimiento de los mecanismos previstos en los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico colombiano. Si alguna autoridad extranjera llegara a formular una solicitud formal, correspondería a las instituciones competentes evaluar el caso conforme a la Constitución, la ley y los compromisos internacionales del Estado colombiano. Pretender condicionar ese procedimiento mediante presiones políticas tampoco contribuye a fortalecer el respeto por las instituciones.

Todo esto transmite la sensación de un sector político que aún no ha asimilado el resultado electoral. Más que una estrategia de oposición responsable, pareciera aflorar la frustración por la derrota y el temor frente al rumbo que pueda tomar el nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el miedo nunca ha sido un buen consejero para la democracia.

Los colombianos ya hablaron en las urnas. Ahora corresponde permitir que el nuevo gobierno ejerza su mandato dentro del marco constitucional y que la oposición cumpla su función con responsabilidad, firmeza y respeto institucional. La democracia no se defiende desconociendo el voto popular, sino aceptándolo, vigilando al poder y utilizando los mecanismos que la propia Constitución ofrece.

La grandeza democrática no consiste únicamente en saber ganar. También exige la madurez de saber perder. Cuando esa lección se olvida, el país entero termina pagando las consecuencias.