default

Devaluación y Comercio con Venezuela

Por Augusto Beltrán Segrera - 19 de Febrero 2013

El pasado viernes 8 de febrero, el ministro de Planificación y Finanzas de Venezuela, Jorge Giordani, anunció una nueva devaluación de la moneda, la tercera más significativa del Gobierno de Hugo Chávez, la cual modifica el tipo de cambio de Bs 4.3/ dólar a Bs 6.3/ dólar.

Adicionalmente, el Gobierno anunció el cierre del Sitme, mecanismo por el cual se financiaban cerca del 20% del total de las importaciones privadas, así como una mayor vigilancia para la entrega de divisas a través de la creación de un Órgano Superior de Optimización del Sistema Cambiario, que según el ministro Giordani "buscará un adecuado uso de las divisas en función de las prioridades que nos fija el presidente de la República". (Lea: Comercio con Venezuela, bajo la lupa de la Cámara Gremial de la Carne)

La política de priorizar divisas y eliminar el Sitme, ha generado gran incertidumbre entre el sector productivo venezolano, ya que a la aguda crisis de desabastecimiento que el pasado mes de enero llegó a 20,4% (el nivel más elevado desde enero de 2008), se suma una inflación rampante que cerró el 2012 con un nivel de 20,1 % y que solo en enero del presente año alcanzó un 3.3%, muy por encima del 1.5% registrado en enero de 2012, por lo que es de esperarse que este nuevo paquete de medidas cambiarias, sólo contribuya a ejercer mayor presión sobre los índices de desabastecimiento e inflación, al dificultar el acceso a bienes importados.

Pero al margen de los efectos que una devaluación causa sobre el comportamiento de las importaciones, no debemos pasar por alto la existencia en Venezuela de un mercado paralelo o "negro" en el que cada día se comercializa una mayor cantidad de dólares cuyo valor hoy se estima en cerca de Bs 20/ dólar y que es el principal motor de un comercio distorsionado, que dificulta mantener relaciones comerciales estables con el vecino país. (Lea: El bajo precio del dólar sigue afectando a los gremios del país)

Del lado colombiano y en particular para el sector ganadero, los efectos de la devaluación venezolana son aún más complejos, pues para nadie es un secreto que hoy más del 50% de las importaciones de bienes básicos, como carne y lácteos están centralizadas en el Gobierno venezolano y responden más a una lógica política que a una de libre mercado. 

De hecho, aunque desde 2011 se firmaron acuerdos binacionales entre los ministerios de Agricultura de los dos países, que prometían reactivar el comercio de estos productos luego del abrupto cierre unilateral que ejerció Venezuela en agosto de 2009, lo cierto es que a la fecha las exportaciones de alimentos se mantienen en niveles mínimos y como lo denuncian los propios empresarios del sector, en la actualidad son objeto de complejos controles en frontera ya que además de los tradicionales certificados sanitarios, para el ingreso de la mercancía a suelo venezolano se requiere contar con certificados de no producción o producción insuficiente, que en la práctica son el instrumento que le permite a los funcionarios venezolanos administrar el comercio y decidir literalmente que producto entra a Venezuela, dependiendo claro está de su origen. (Lea: Dopping cambiario)

Además, para estos productos opera un estricto control de precios, que mantiene las cotizaciones en niveles inferiores a los costos de producción y que en la práctica aplica tanto para productos importados como nacionales, salvo las excepciones que otorgue el Gobierno Venezolano. Así, según las cifras publicadas por el Indepabis, productos como la leche en polvo se cotizan a BsF 30.37/kg, el queso blanco a BsF 31.96/kg, la carne de primera a BsF 22.74/kg y el ganado en pie al productor a BsF 7.10/kg, sólo para citar algunos ejemplos.

En este complejo escenario, es evidente que la reactivación del comercio con Venezuela no solo requiere de las acciones del sector privado colombiano para mejorar su competitividad en un entorno de devaluación y regulación de precios, sino que necesariamente exigirá una intervención directa de nuestro alto Gobierno, para lograr un compromiso político y vinculante que "destrabe" las relaciones comerciales con Venezuela.

Asimismo, es fundamental que opere una verdadera alianza público - privada que cierre filas en contra del contrabando que desde hace varios meses se viene denunciando no solo por parte de los productores colombianos, sino desde los propios medios de comunicación venezolanos. Basta leer la columna de prensa que publicó el pasado martes el periódico El Nacional de Venezuela, en la que un dirigente político del Táchira denuncia la corrupción existente a través de los programas de subsidio de alimentos, cuyos funcionarios se encargan personalmente de trasladar alimentos a Colombia.

Y es que el contrabando además de ser una práctica reprochable por los efectos negativos que causa sobre nuestros productores, en el caso del sector ganadero cobra especial sensibilidad por el altísimo riesgo sanitario que representa la llegada ilegal de productos desde el vecino país, que pueden terminar de un plumazo, con los esfuerzos que tanto ganaderos como autoridades sanitarias han adelantado ´por más de 15 años para la erradicación de enfermedades como la fiebre aftosa.

El llamado es entonces a que ganaderos, comercializadores e industriales del sector nos convirtamos en vigías celosos de nuestro patrimonio sanitario. En el plano comercial, sabemos que Venezuela con todas sus complejidades seguirá siendo un mercado natural para Colombia, pero que esto no nos cierre el camino de la diversificación exportadora hacia mercados quizá más estables y que hoy ofrecen grandes oportunidades comerciales. (Lea: Devaluación del bolívar venezolano desbordaría por completo el contrabando)