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“El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario con cifras históricas de crecimiento y exportaciones, soportado en la inconmensurable resiliencia de los Empresarios del Campo colombiano, pero también con desafíos estructurales que no admiten más aplazamientos. Los próximos cuatro años ofrecen una oportunidad única para convertir el agua, la productividad y la agroindustria en los pilares de una política de Estado que impulse a Colombia como una verdadera potencia agroalimentaria. Las naciones que transformaron su agricultura no lo hicieron repartiendo tierra; lo lograron llevando agua, infraestructura, tecnología y mercados a sus productores. Colombia tiene hoy la oportunidad de recorrer ese mismo camino".
El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario que, pese a las dificultades, ha demostrado su enorme capacidad para impulsar la economía nacional. En 2025, el agro fue una de las actividades con mayor crecimiento del país y las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron un récord histórico de US$15.317 millones, equivalentes al 30,5 % de las exportaciones nacionales. A ello se suma que cerca de 4,8 millones de colombianos encuentran en el campo su principal fuente de empleo, confirmando que el agro es mucho más que un sector productivo: es un factor de estabilidad económica, cohesión social y seguridad alimentaria.
Sin embargo, estas cifras también ponen de manifiesto una gran paradoja. Colombia es una de las naciones con mayor disponibilidad de agua dulce del planeta, pero buena parte de su producción agropecuaria sigue dependiendo del comportamiento del invierno y del verano. La inseguridad rural, el rezago en infraestructura, la limitada tecnificación, el acceso insuficiente al crédito, la escasa asistencia técnica y la baja cobertura de riego continúan frenando un potencial que podría convertir al país en una despensa alimentaria para América y el mundo.
Por ello, la verdadera transformación del agro colombiano debe tener un eje claro: el agua como factor de productividad.
La reforma agraria del siglo XXI no debería medirse por el número de hectáreas adjudicadas, sino por el número de hectáreas que cuentan con agua, infraestructura, tecnología y acceso a los mercados. La tierra, por sí sola, no genera desarrollo. La tierra con agua genera productividad; la productividad crea riqueza; la riqueza impulsa empleo, agroindustria, exportaciones y bienestar.
Esa visión exige una política de Estado. Colombia necesita una Política Nacional del Agua para la Productividad, orientada a construir, recuperar y modernizar distritos de riego, culminar obras inconclusas, promover reservorios para pequeños y medianos productores y tecnificar el uso eficiente del recurso hídrico. Invertir en agua no es un gasto: es la inversión pública con mayor capacidad para multiplicar la productividad del campo.
En esa tarea, está llamada a convertirse en el gran motor de la transformación productiva del país. Si el Ministerio de Agricultura define la política pública, será la ADR la responsable de convertirla en resultados concretos mediante la adecuación de tierras, la expansión de los distritos de riego, el fortalecimiento de la asociatividad, la infraestructura productiva y el acompañamiento técnico y comercial a los productores. De su capacidad de gestión dependerá buena parte del éxito del nuevo modelo de desarrollo rural.
Pocas obras representan mejor ese desafío que la Represa de El Cercado, sobre el río Ranchería, en La Guajira. Colombia ya realizó una inversión de enorme magnitud para construir esta infraestructura; sin embargo, mientras no se culminen las redes secundarias e intraprediales que conduzcan el agua hasta las unidades productivas, buena parte de su potencial continuará desaprovechado. Finalizar ese proyecto permitiría irrigar miles de hectáreas, consolidar uno de los mayores polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial del Caribe y aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de La Guajira para abastecer los mercados nacionales e internacionales. No se trata de una obra regional; se trata de una inversión estratégica para el desarrollo de Colombia.
Esta visión coincide plenamente con el espíritu del Proyecto Diamante Caribe, concebido por el doctor Rubén Darío Lizarralde, que propuso integrar infraestructura, logística, agroindustria y comercio exterior para convertir al Caribe colombiano en una plataforma exportadora de talla mundial. Hoy esa propuesta conserva plena vigencia y merece ser retomada como una estrategia de desarrollo para todo el norte del país.
Al finalizar este cuatrienio, el éxito de la política agropecuaria no debería medirse por el número de hectáreas entregadas ni por el monto de los recursos ejecutados. El verdadero indicador será el aumento de la productividad, el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo rural formal, la reducción de la pobreza en el campo y la consolidación de una agroindustria moderna, competitiva y sostenible.
Colombia posee tierra fértil, biodiversidad, talento humano, ubicación estratégica y abundancia de agua. Lo que históricamente ha faltado es una visión capaz de integrar esos activos bajo una política pública de largo plazo.
Los próximos cuatro años representan una oportunidad que no se puede desaprovechar. Si el Gobierno, el Congreso, los gremios, la academia y los productores logran construir una agenda común alrededor del agua, la productividad y la competitividad, Colombia podrá iniciar la mayor transformación agropecuaria de su historia.
El verdadero desafío no consiste en repartir más tierra. Consiste en lograr que cada hectárea produzca más riqueza, más empleo, más agroindustria y más exportaciones. Porque donde llega el agua, llega la productividad; donde llega la productividad, florecen el desarrollo, la prosperidad y la esperanza del campo colombiano.
Miguel Ángel Lacouture Arévalo
