“El catastro dejó de ser un instrumento técnico: hoy está ampliando la base tributaria, encareciendo producir y empujando a los empresarios del campo fuera del sistema, expulsandolos del sector agropecuario”.

Colombia está ejecutando, sin debate legislativo de fondo, una de las reformas tributarias más profundas contra el sector agropecuario. No se presentó como ley estructural. No pasó por una discusión abierta. Se está imponiendo vía avalúos.”

La actualización catastral masiva impulsada por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 tenía un objetivo válido: cerrar el rezago histórico de los avalúos rurales. Pero lo que debía ser gradual se convirtió en un shock fiscal inmediato, generalizado y regresivo.

Hoy se registran incrementos del predial del 1.000% y mas, en distintas regiones. Y aunque la norma permite topes —hasta el 100% anual—, estos aplican sobre el impuesto, no sobre el avalúo. Cuando el avalúo se multiplica, el impacto estructural ya ocurrió.

Pero el problema de fondo no es el predial.

Más contribuyentes, más carga

El avalúo redefine la relación del productor con el Estado.

Estamos viendo una expansión silenciosa de la base tributaria:

● Productores que no declarabán renta ahora deben hacerlo

● Aumenta el patrimonio líquido sobre el papel

● Se amplía la exposición a impuestos patrimoniales (hoy suspendidos, pero vigentes como figura)

● Se incrementa la base de ganancia ocasional

Es decir: no solo se paga más, ahora más gente entra a pagar.

Y todo esto sin que haya mejorado el ingreso real del campo.

El golpe indirecto que pocos ven

El efecto no se limita a impuestos directos.

Cuando sube el avalúo:

● Se disparan los costos notariales y registrales

● Aumentan impuestos asociados a compraventas

● Se encarecen sucesiones y formalización de la propiedad

En la práctica: tener, vender o heredar tierra en Colombia es hoy más costoso.

Pagar más y recibir menos

El nuevo avalúo también expulsa campesino y pequeños empresarios del campo de:

● Subsidios

● Programas de apoyo

● Clasificación como pequeños productores

● Acceso a crédito preferencial

El resultado es claro:
El productor paga más impuestos y pierde beneficios.

El impacto real: empleo y producción

Aquí está el punto que no se está diciendo con suficiente fuerza.

El predial no se paga con teoría económica.
Se paga con caja.

Según el DANE, el sector agropecuario genera cerca del 15% del empleo nacional, con más de 3,5 millones de personas ocupadas, en su mayoría mano de obra no calificada de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con Fedegán, la ganadería —una de las principales actividades rurales— opera con márgenes estrechos, altamente sensibles a costos y cargas adicionales.

¿Qué pasa entonces?

● Se reducen jornales

● Se aplazan contrataciones

● Se frena la inversión

A esto se suma una realidad compleja:
escasez de mano de obra rural, aumento sostenido del costo laboral y distorsiones derivadas de la migración venezolana, que en muchas zonas ha tensionado —no reducido— el valor del trabajo.

El resultado es directo:
cuesta más y emplear se vuelve más difícil.

La carga que no aparece en la ley

Mientras el Estado aumenta la presión fiscal, en muchas regiones el productor sigue pagando:

● Extorsión

● Vacunas

● Control territorial ilegal

Es decir, enfrenta una doble tributación: legal e ilegal.

Y ninguna política pública está integrando esa realidad.

¿Error técnico o decisión política?

Durante la campaña Petro pregonó “expropiación por vías distintas a la clásica”.
Hoy, lo que vemos se parece peligrosamente a una expropiación indirecta:

No te quitan la tierra.
Pero te hacen tan costoso sostenerla que te obligan a venderla o entregarla por la carga fiscal confidcatoria a través de altísimos Avaluos.

Esto hay que corregirlo

Lo que está ocurriendo no es solo una actualización catastral.
Es una Reforma Tributaria disfrazada.

Amplía la base, incrementa la carga, elimina beneficios y presiona la sostenibilidad del campo.

Este debe ser un tema central del país.

Llamado a Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo:
El campo colombiano necesita una corrección de fondo.

No se trata de frenar el catastro.
Se trata de impedir se convierta en mecanismo de asfixia económica. Si no se corrige,
no solo se encarece la tierra, se pone en riesgo la producción, el empleo rural
y la permanencia misma del campesino y los empresarios del campo de cualquier tamaño en Colombia, impactando directamente la Seguridad Alimentaria de la Nación.

@lacoutu