Mientras el Gobierno Petro insiste en recitar discursos de “poder popular”, el campo real —el que produce, madruga y arriesga— enfrenta recortes históricos, improvisación jurídica y una expansión criminal sin precedentes. Los hechos no mienten: la política rural de este Gobierno es un fracaso estructural.

A esta altura del partido, ya no se trata de interpretaciones ni de discursos oficiales: se trata de hechos concretos y medibles. Esta semana quedó claro —otra vez— que el Gobierno Petro no tiene una política rural, sino una suma de ocurrencias sin soporte técnico, sin institucionalidad y sin autoridad sobre el territorio.

El hundimiento definitivo de la Jurisdicción Agraria es la prueba reina. No cayó por culpa de la oposición, como repiten en redes. Se desplomó porque era un proyecto improvisado, mal construido y peor explicado. Una jurisdicción sin impacto fiscal, sin carrera judicial, sin infraestructura y con riesgo real de convertirse en arma política para perseguir productores. El Congreso no la hundió: la dejó morir porque estaba muerta desde el borrador.

Y mientras ese proyecto fallido se caía a pedazos, el Gobierno seguía vendiendo la Reforma Agraria como si fuera el gran logro del siglo. Pero la realidad es tozuda: de los millones de hectáreas prometidas, apenas se han entregado unas cuantas decenas de miles, muchas sin riego, sin vías y sin ningún proyecto productivo que las haga viables. Es repartir tierra para la foto, no para producir. Lo digo sin rodeos: eso no es reforma agraria, es clientelismo con disfraz agrario.

En paralelo, la coca crece como nunca. Hoy hay más hectáreas de coca que de papa o yuca. ¿Cómo se llega a semejante absurdo? Fácil: un Gobierno que renunció a la autoridad territorial, desmontó la erradicación y cree que negociar simultáneamente con todos los grupos armados es construcción de paz. El resultado es uno solo: productores extorsionados, fincas sitiadas y vías donde manda la criminalidad. Y mientras tanto, desde los ministerios hablan de “transformación productiva” sin tener control ni siquiera de las carreteras terciarias.

A este panorama hay que sumarle el golpe más duro: el presupuesto 2026 recorta más del 60% del sector agropecuario. Sí, leyó bien: 60%. Se desploma el Ministerio de Agricultura, se recorta la ANT, el ICA queda debilitado y los distritos de riego quedan sin un peso nuevo. Es como si a un paciente en cuidados intensivos le quitaran el oxígeno. Nadie puede hablar de soberanía alimentaria recortando justamente a quienes producen alimentos.

Lo que ocurre hoy en el campo colombiano no es un accidente ni un descuido. Es consecuencia directa de gobernar desde Twitter, de despreciar la técnica y de confundir ideología con política pública. Se gobierna con micrófono y no con tractor; con slogans, no con cifras; con enemistad hacia los productores, no con alianzas de desarrollo.

El productor rural —ganadero, agricultor, palmero, arrocero, cacaotero— ya entendió el mensaje: estamos ante un Gobierno que no sabe, no escucha y no quiere corregir. La buena noticia es que el país sí sabe dónde está el daño y quién lo causa. El 2026 no será un año cualquiera. Será el momento en que el campo le pase la cuenta de cobro a un Gobierno que lo trató como enemigo.

El campo colombiano, ese que no se rinde, ya decidió que no va a esperar más discursos para sobrevivir.

@lacoutu