Yo no sabía que Colombia fabrica naves espaciales y aviones, así como barcos, locomotoras y computadoras. Parece que sí. En todo caso, Gustavo Petro lo cree. En el Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, él y sus eminencias grises incluyeron esos rubros, tal cual, y decenas de otros, para darle un nuevo golpe a la empresa privada colombiana.

Mediante un simple decreto, Petro pretende modificar las tarifas de retención en la fuente y anticipar el recaudo de impuestos a los colombianos. Es decir, las empresas grandes, medianas y pequeñas, si el decreto no es abrogado (como debería serlo) tendrán que aumentar las sumas que trasladan al Estado por concepto del recaudo anticipado dentro del mismo año gravable, y acelerar ese trasvase al Estado de ciertos impuestos que el contribuyente aporta al presupuesto nacional.

El decreto de Petro es de una malignidad extraordinaria. Su móvil no es únicamente económico: es político, es un paso más hacia la economía dirigida, aquella que, como dice Hayek, sólo puede ser administrada por medios totalitarios.

Sin entrar en detalles, podemos decir que esa maniobra es brutal: aumentará la retención del impuesto de renta del 1,1 % al 3,5 %. Su objetivo es golpear a los trabajadores y a las empresas, fábricas, talleres y laboratorios que manejan esas sumas para crear valor agregado para el mercado interno y externo. La obligación de anticipar la entrega de esos recursos al Estado, y aumentarlos, reducirá aún más el flujo de caja disponible de los sectores productivos.

Esa desfinanciación es torpe: debilita a todos, a las empresas, a los trabajadores y golpea, al mismo tiempo, los ingresos de la nación, pues debilitar la iniciativa privada y provocar una crisis empresarial nunca es buena para el tesoro público. Aquí lo que hace Petro es dar un masivo refuerzo del Estado-expropiador y patrón-monopólico-glotón, conocido por su incapacidad creativa y administrativa. El horizonte es, pues, la agravación de un miserable Estado socialista que pierde dinero a diario en condiciones opacas, por el que nadie votó en 2022 y sin que una insurrección chavista haya vencido en las calles a los colombianos, partidarios de la libertad y la transparencia.

¿Nos parece extraño eso? No. Petro está en lo suyo: en la destrucción de lo que contribuya a la creación de riqueza y al bienestar de los colombianos. Para él y la clique que opera tras bambalinas, la libertad de exploración, investigación, innovación y crecimiento debe ser sofocada. Y lo está logrando mediante instrumentos de baja categoría en la jerarquía de las normas de derecho.

Una decisión de esa importancia exige, por lo menos, la estatura de una ley. El artículo 154 de la CN dice que solo mediante una ley el gobierno puede ordenar las “transferencias” que conciernen las rentas nacionales. Los redactores del decreto 572 no quieren discusiones al respecto.

¿Qué dicen los empresarios? Critican el decreto, claro está, pero estiman que están ante un artilugio técnico, puramente económico. “Es un decreto equivocado, crítico para las finanzas y el sector empresarial”, sostiene José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirma que esa medida “no es la solución para los problemas de caja del gobierno y pone en aprietos a las empresas grandes, medianas y pequeñas”. “Esto generará menos disponibilidad para invertir, para generar actividad productiva y tendrá un impacto negativo en materia de crecimiento”. “Es como si un asalariado le pide a su empleador que le adelante el salario del 2026 para financiar sus gastos de 2025”. Mejía reconoce que “algunas empresas tendrán que endeudarse” para cumplir la nueva carga. Sin embargo, concluye: eso “no es una expropiación”.

Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol, explica: “Es una medida que afecta la inversión” y que “prolongará el mal momento que vive el sector” de la construcción. Petro dice que ese cambio servirá para aliviar el déficit fiscal que está alrededor del 7% del PIB. El expresidente Álvaro Uribe le responde: “El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación de que el gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática”.

¿Cómo frenar esa nueva medida del gobierno extremista hacia la decadencia del país? ¿Con “llamados” respetuosos a una clique aventurera, depredadora y corrompida? Los gremios no quieren ver la realidad. ¿Están dispuestos a acomodarse? Sus datos son correctos pero sus actitudes son retóricas: así reaccionaron cuando comenzó el desmonte de Ecopetrol y del sector minero-energético (mientras que la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denunciaba que Gustavo Petro “está obsesionado en acabar con todos los sistemas y empresas que funcionan en el país”). Y cuando comenzó el asedio al sector agropecuario, para volver al pasado con el modelo fariano de la “agricultura familiar”. Y deploran la “reforma laboral” sin oponerse a ese instrumento, y piden esperar hasta la elección presidencial de 2026, sin advertir que ésta será la terrible “ofensiva final” en la que el petrismo empleará todas sus “formas de lucha” para seguir en la Casa de Nariño.

Cuando algunos eminentes juristas vieron que era posible destituir al presidente por la violación de los topes de financiación de su campaña electoral en 2021-22, otros desviaron eso con aquello de “desconocer” al jefe de Estado, en lugar de respaldar la vía de la destitución, cuyas causales aumentaron por sus frecuentes actos de abandono del cargo y su pisoteo constante de la Constitución.

Parece que los gremios y la oposición moderada están ante un fantasma: un presidente razonable, honrado y patriota que los escucha y enmienda sus errores. ¿Cuánto nos costará esa ceguera?

Fuente: Linterna Azul, Bogotá

4 de junio de 2025