La auditoría que podría destapar el mayor escándalo administrativo del campo colombiano

“La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.”

El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.

Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los presupuestos más altos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se asignó, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto real sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Diversos informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas, mientras gremios del sector cuestionaron la brecha entre la ejecución presupuestal y los resultados obtenidos en el territorio.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) será, sin duda, el principal foco de auditoría. Las denuncias públicas sobre presuntas compras de predios con sobrecostos, tierras improductivas, inundables, con dificultades jurídicas o tributarias, así como los retrasos en su adjudicación, exigen una revisión integral por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Si tales hechos llegan a comprobarse, Colombia podría estar frente a uno de los mayores escándalos administrativos en la historia reciente del agro.

Pero reducir el análisis únicamente a la ANT sería un grave error.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá explicar los resultados de programas estratégicos como la asociatividad, extensión agropecuaria, transferencia tecnológica y proyectos de riego y drenaje. Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo mostraron avances muy limitados en varias de estas metas, mientras miles de pequeños productores continúan esperando asistencia técnica, infraestructura y herramientas para mejorar su productividad.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también tendrá que responder por los retrasos en la consolidación del sistema nacional de trazabilidad animal y la implementación del SINIGÁN V6, una herramienta indispensable para fortalecer el estatus sanitario del país y ampliar el acceso de la ganadería colombiana a los mercados internacionales.

Agrosavia merece un capítulo aparte. Mientras las principales potencias agrícolas incrementan sus inversiones en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, Colombia entrega una entidad que enfrentó restricciones presupuestales y dificultades para ampliar la transferencia de conocimiento hacia los productores. Sin ciencia, difícilmente podrá construirse un agro competitivo.

También será indispensable revisar el desempeño de Vecol, Finagro y el Banco Agrario, determinando si los recursos destinados al crédito rural, los incentivos financieros, la producción de biológicos y los instrumentos de fomento realmente beneficiaron al pequeño y mediano productor o terminaron absorbidos por la burocracia y la baja ejecución como al parecer fue.

Un capítulo que tampoco puede pasar inadvertido es el de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Tras más de una década de vigencia de la política de restitución creada por la Ley 1448 de 2011, el nuevo gobierno deberá evaluar no solo el número de sentencias y hectáreas restituidas, sino también la sostenibilidad de los procesos, el retorno efectivo de las familias, las condiciones de seguridad, la articulación institucional y la ejecución de las órdenes judiciales. La restitución no puede medirse únicamente por estadísticas; debe evaluarse por su capacidad de garantizar una reparación integral y duradera a las víctimas del despojo.

Pero existe una preocupación aún mayor.

Durante estos cuatro años, el Ministerio de Agricultura dejó de limitarse a orientar la política sectorial para asumir un modelo altamente centralizado en la administración de la tierra, la asignación de recursos y la ejecución de programas estratégicos. Desde una visión crítica, esa concentración fortaleció el control político sobre buena parte de la institucionalidad agropecuaria y generó enormes expectativas entre las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy reclaman promesas incumplidas y resultados que nunca llegaron.

El empalme deberá establecer si la política agropecuaria fue concebida prioritariamente como una estrategia de desarrollo rural o si, por el contrario, terminó convirtiéndose en una plataforma de movilización política sustentada en expectativas que no se tradujeron en mejoras estructurales para el campo colombiano.

El verdadero juicio no será político. Será técnico, financiero y jurídico.

Si las auditorías encuentran irregularidades, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General determinar las responsabilidades individuales. Dependiendo de los hechos que logren demostrarse, podrían investigarse conductas como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, falsedad documental o concierto para delinquir, siempre dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

El campo colombiano no puede seguir siendo escenario de experimentos ideológicos ni de promesas incumplidas. Ha llegado la hora de las auditorías, de la rendición de cuentas y de la verdad. Porque cada peso perdido por corrupción, ineficiencia o improvisación no solo afecta las finanzas públicas: le arrebata oportunidades a millones de campesinos que siguen esperando vías, distritos de riego, crédito, asistencia técnica, investigación, tecnología, restitución efectiva de sus derechos y acceso a los mercados. El nuevo gobierno tiene la obligación moral y constitucional de abrir los archivos, auditar cada contrato y devolverle al agro colombiano la confianza que nunca debió perder. Si hubo aciertos, deberán reconocerse; pero si hubo despilfarro, negligencia o corrupción, Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad y a que los responsables respondan ante la ley. Porque la verdad será el primer paso para reconstruir el campo colombiano.

@lacoutu