El primer estallido calló su voz. Luego vino el segundo. En segundos, el esquema de seguridad reaccionó: los escoltas abrieron fuego, el sicario corrió y el caos estalló en el parque El Golfito, en Bogotá. Eran las 3 de la tarde. El senador Miguel Uribe Turbay acababa de ser víctima de un atentado contra su vida y contra Colombia.

Ese día, el país estuvo a punto de sumar un nuevo nombre a su trágica lista de líderes asesinados. Pero el país no se salvó del todo: el atentado evidenció, otra vez, la debilidad del sistema que se supone protege la vida de quienes hacen política en Colombia.

Y aquí entra otra historia. Una que ocurrió hace más de 60 años, en Dallas, con el presidente John F. Kennedy, pero que ilumina algo esencial sobre este momento.

Clint Hill fue guardaespaldas de Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas (Texas), vio cómo un disparo atravesaba la humanidad del presidente estadounidense, mientras él trepaba sobre la limusina presidencial descapotable para intentar cubrirlo —imagen que quedaría para la historia. No llegó a tiempo. Pasó el resto de su vida con una sola frase repitiéndose como un eco: “Si hubiera reaccionado un segundo antes…”

Hill, fallecido recientemente, recuerda los límites del ser humano. Y cuando el Estado no está a la altura de esos límites, el resultado no es solo el trauma del escolta que, a costa de su vida, debe defender la de alguien más, sino la tragedia de una nación.

Volvamos a Colombia.

El grupo de escoltas que protegía a Miguel Uribe ese día sí llegó a tiempo, pero, como se supo, era reducido y la Unidad Nacional de Protección había negado previamente más de 20 solicitudes para reforzar su esquema. Aunque su reacción logró la captura del sicario, no se puede esconder el hecho estructural: el Estado no puede seguir apostándole a la suerte y al coraje individual como política de protección, en una situación de orden público recrudecido.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de velar por la seguridad de líderes políticos y sociales, entre otros, opera al borde del colapso. Según cifras de La Silla Vacía, actualmente cuenta con más de 11 mil escoltas, más de 5 mil vehículos y más de 40 mil solicitudes de protección por año.

Aunque dicha entidad tiene un presupuesto superior al del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ha registrado un aumento de casi el 100 % desde que Gustavo Petro asumió el poder, no se da abasto. Se requiere una evaluación y reestructuración de cada uno de los esquemas según el nivel de riesgo. La protección no es un lujo: es una necesidad.

Como Hill, los escoltas colombianos cargan con el peso del deber, pero también con la culpa del límite. La Procuraduría General de la Nación ya anunció indagaciones contra los escoltas del senador Uribe.

Se entrenan para proteger, pero no siempre tienen los medios. Se sacrifican, pero casi nadie los recuerda. En el caso del senador Uribe, habrá que determinar fallas o culpabilidades, si las hay. Pero la situación es más grande: es un problema de Estado y de una nación acostumbrada al atentado.

Colombia ha perdido a Gaitán, Galán, Uribe Uribe, Jaramillo Ossa, Pardo, Pizarro, Gómez Hurtado. Ha perdido decenas de candidatos en campaña. Líderes sociales, periodistas, jueces, concejales. Y el patrón se repite: protección insuficiente y un Estado paquidérmico.

¿Cuántos ilustres más deben caer para que Colombia supere la violencia?

Bonustrack:

Ya que empezó el Mundial de Clubes y Petro reforzó su delantera de radicales con Montealegre y Saade, acompañando Benedetti y Sanguino para seguir haciéndole goles a los demás poderes del Estado, tiene el balón y quiere ser árbitro.

Yo le pregunto a la centena de precandidatos presidenciales:

¿Cuál va a ser su equipo?, ¿Van a construir una narrativa o se van a limitar a marcar al hombre y no al modelo? y ¿Van a vender país o solo van a hacer marketing de crisis?