La propuesta del gobierno Petro, de repatriar recursos de los fondos de pensiones privados invertidos en el extranjero para destinarlos a financiar proyectos de infraestructura nacional, impacta gravemente a todos los sectores productivos, al sector público y al financiero, así como a los cotizantes en esos fondos, pues al fin y al cabo es su ahorro pensional y su futura mesada; y le pega fuertemente al sector lechero colombiano al punto de poner en riesgo la existencia de más de 70 mil fincas en 2026 y 2027, envilecer los precios pagados al productor, y profundizar la pobreza en el sector rural, entre otros. Así lo muestra un análisis realizado con apoyo de IA.

Y le pega más duro porque el sector se encuentra inmerso en un escenario social de violencia rampante que promete profundizarse, por la cartelización de los principales grupos narcoterroristas propuesta por Iván Mordisco (Estado Mayor Central - disidencias de las Farc, ELN, EPL, Coordinadora Nacional del ejercito bolivariano, Segunda Marquetalia), y por las Zonas de Ubicación Temporal asignadas al Clan del Golfo en un área estratégica para al narcotráfico.

Y en el frente económico, por el inicio en este 2026 de importaciones lácteas y derivados con cero aranceles, previsto en el marco del TLC con Estados Unidos; el incremento del salario mínimo decretado por el primer mandatario para 2026 (23,7 %), la repatriación de recursos de los fondos privados desproporcionado, el incremento de la deuda pública y la emergencia económica.

El efecto combinado de este explosivo coctel, sugiere, por una parte, el afianzamiento de la economía de la coca con un aparente cumplimiento de lucha contra el tráfico de drogas, y por otra, elevar a nivel catastrófico los riesgos de destrucción de riqueza en todos los sectores productivos, hace inviable un diálogo con Estados Unidos y un desarrollo rural sostenido. Intentar meterle los dedos en la boca a Trump no es una buena idea.

La desaparición del 20 % de las fincas ganaderas lecheras se concentrará especialmente en las regiones de Nariño, Boyacá, y costa Caribe, caracterizados por el minifundio lechero, aunque las otras regiones no quedan exentas de sufrir grave impacto.

Veamos un poco más de cerca el escenario:

Para lograr esa repatriación de recursos que los fondos de pensiones privados tienen invertido en activos en el exterior, el proyecto normativo busca, siguiendo la directiva del primer mandatario del país, modificar las reglas de inversión de estos fondos (AFP) con el propósito de reducir la proporción de recursos invertidos en el exterior y priorizar inversiones dentro del país.

Los riesgos de esta “maroma” financiera han sido advertidos por expertos. Incluso la Procuraduría General de la Nación convocó para el 20 de enero, una nueva mesa técnica preventiva para evaluar los riesgos del proyecto de decreto de cara a los riesgos de mercado y de reinversión, los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, entre otros, pero no los impactos para los sectores productivos, como el lechero, que se darán vía apreciación del peso.

Las cifras de la repatriación

Inicialmente el gobierno habló de repatriar 250 billones de pesos en un término de 6 meses. Posteriormente redujo ese monto a 125 billones y recientemente lo elevó a 200 billones de pesos, lo que demuestra lo aterrizado del planteamiento.

Tomando como base la cifra de 125 billones, estaríamos hablando de traer al país alrededor de 30 mil millones de USD (dependiendo del tipo de cambio) en un período de 6 meses, o en el período que defina el gobierno (que suponemos no será mayor a 12 meses).

Es un monto que al ingresarlo al país genera graves impactos y le fija al Estado colombiano un compromiso para mantener un piso de rentabilidad que le debe garantizar a los fondos de pensiones privados el invertir cerca del 40 % de los recursos que manejan (hoy con una rentabilidad superior al 10,1 %* (otras fuentes hablan de 6–8 % anual promedio), para fondear proyectos de infraestructura, cuya responsabilidad es del gobierno. Es una rentabilidad que deberían exigir, cómo mínimo, los trabajadores por el uso de sus dineros destinados a cubrir sus pensiones.

Tamaño compromiso al que se somete al Estado colombiano, máximo que el gobierno actual no ha podido demostrar eficiencia, celeridad y gestión en sus acciones. Por ejemplo, en su proyecto de reforma agraria ni siquiera ha demostrado que las tierras entregadas sean autosuficientes, para no hablar de las tierras entregadas a los indígenas. Las soporta en una perorata sin sustento técnico para no decir que es un discurso populista interesado. Otro ejemplo es el proyecto de vías 4G, que lleva 3 períodos presidenciales y aún no ha terminado, amén de miles de problemas, muchos de ellos financieros. De ahí que los entendidos en fondos de inversiones alerten sobre los riesgos que comporta estas inversiones para la seguridad financiera de las pensiones, la estabilidad del mercado y la economía del país.

El ingreso de esos recursos produce un choque cambiario de grandes proporciones, porque aprecia en forma importante nuestra moneda (tipo de cambio a la baja). Un peso fuerte abarata importaciones, reduce costos de producción de insumos importados y mejora el acceso a bienes de consumo, pero los exportadores reciben menos ingresos en COP por ventas en USD, y los productores locales pierden competitividad frente a importados más baratos.

En otras palabras, se destruye la base productiva exportadora, se les abre las puertas a importaciones y se crea una competencia al resto de actividades productivas.

Un análisis con IA muestra que los sectores exportadores más afectados por una apreciación fuerte del peso sería la agroindustria (café, flores, banano, aguacate), minería (carbón, oro), y manufacturas, con impactos proporcionales según su peso en las exportaciones totales.

El sector agroexportador es el más vulnerable porque sus márgenes son estrechos y sus ingresos dependen de precios internacionales en dólares. Se estima que el agro tendría un altísimo impacto que reduciría sus exportaciones entre un 15–18 %. En términos generales un peso fuerte genera un boom importador y un déficit comercial mayor, con ganadores en consumo urbano y perdedores en producción rural e industrial.

En términos de empleo, la IA indica que en estos mismos sectores agroexportadores se produciría una pérdida de empleos que estaría en el rango de 150–250 mil empleos, especialmente en regiones rurales exportadoras (Eje Cafetero, Caribe, Antioquia).

De otra parte, el aumento del salario mínimo para 2026 de 23.7% (aprox. 1.750.905 COP más auxilio de transporte que lleva el ingreso total a 2 millones COP/mes), crea presiones de costos y de demanda.

Si se suma la entrada en 6 meses de 125–250 billones de pesos vía repatriación, el choque es mixto: abarata importaciones por apreciación del peso (del 4 al 8 %), pero encarece nóminas y puede deteriorar la balanza comercial y el empleo en sectores transables, a la par que se profundiza la desigualdad regional (aumento de desigualdad rural: pérdida de empleo y caída de ingresos), en tanto que las ciudades capitales ganan en consumo. En los dos aumenta la informalidad.

El resultado neto es un aumento de la pobreza nacional en 1 – 2.5 puntos porcentuales y de la informalidad en 1 – 2 puntos, dependiendo del monto repatriado. En síntesis: aumentarían tanto la pobreza como la informalidad, especialmente en regiones rurales y sectores intensivos en trabajo.

El panorama del sector lechero en 2026 y 2027

Al igual que para otros sectores exportadores, en el lácteo la apreciación del peso estimula la importación de leche en polvo y derivados, vía tipo de cambio por repatriación de capitales, a la par que el aumento de salario mínimo eleva los costos internos de producción.

Las importaciones con gravamen cero desde USA, también coloca su cuota en el impacto que sufrirá este sector, sin que el aumento del salario mínimo (que incrementa la demanda) logre morigerar el impacto descrito en razón a que el salario mínimo sólo beneficia a una parte de la población empleada, en tanto que la informalidad aumentará, cuya capacidad de compra es bastante restringida.

El efecto combinado de los anteriores factores conduce a una destrucción de tejido productivo, estimado, mediante IA, entre 20 – 30 % de las fincas lecheras, colocándolas en un margen de tiempo para su cierre en 2 años. En este escenario, Colombia se volvería más dependiente de importaciones para abastecer su mercado interno y colateralmente se abandonarían prácticas tradicionales de ganadería lechera y posiblemente se generarían

Las cifras en el sector lácteo

Hasta septiembre de 2025 las importaciones de leche en polvo y derivados llegaron a 54.172 toneladas, que proyectadas al cierre del año sumarían alrededor de 72.000 toneladas. Por el lado de las exportaciones, al final de 2025 podrían estar en 15 mil toneladas, para un balance neto de 57 mil toneladas que habrían ingresado al país en 2025. Por su parte, la producción nacional de leche líquida podría rondar los 7.500 millones de leche fresca al finalizar 2025.

Usando una conversión no técnica y generalizada (1 tonelada ≈ 8.5–10 mil litros), el volumen importado neto en 2025 representa entre 485 y 570 millones de leche líquida, que equivale a 24 - 28 días de producción nacional, y representa entre 6,5 y 7,6 % del total de producción nacional anual.

Estas cifras parecen ser conservadoras, pues las estimaciones de IA la ubican entre 8 y 10 % y Ricardo Arenas, experto de Fedegán en el tema, la estima entre 12 y 14 %. Palabras más, palabras menos, las importaciones de leche y derivados reemplazan un poco más de la producción de un mes de nuestros campesinos.

Al retomar las variables señaladas que impactarán al sector lechero (arancel cero + repatriación 125 billones), la participación de las importaciones en el consumo aparente, según la IA, se ubicaría en 2026 entre 11 y 13 %, y en 2027 entre 16 y 20 %.

El riesgo, entonces, es que en 2026–2027 las importaciones lleguen a cubrir 1 de cada 5 litros del consumo interno, duplicando su peso en el mercado, es decir que se importaría en leche y derivados el equivalente de 1.500 millones de leche fresca, que son 73 días de producción nacional. ¡Dos meses y medio de nuestra producción de leche líquida!

El impacto en fincas lecheras sería devastador. Según IA: desplazamiento o desaparición de 40–70 mil fincas en dos años, especialmente en Nariño, Boyacá y Cundinamarca; la pobreza rural aumentaría 2–4 puntos porcentuales en regiones críticas; y se coloca en riesgo de pérdida las denominaciones de origen y tradiciones lácteas campesinas sobre las cuales regiones como Caquetá llevan muchos años trabajando e investigando.

Respecto al precio pagado al productor lechero, recordemos que, en lo corrido de 2025 hasta octubre, el precio promedio pagado al productor en acopio formal (fuente UPME) fue: $2.043/litro en la Región 1 (Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Santanderes); y de $1.890/litro en la Región 2 (Costa Caribe, Llanos, otras zonas de menor densidad lechera). Aquí entramos en un problema más complejo: el segmento de la comercialización de productos importados entra a jugar un papel determinante, tanto en la fijación de precios como de márgenes de utilidad. Por supuesto, los ganaderos no serán los favorecidos.

Si las importaciones de leche en polvo aumentan en 2026–2027 en las proporciones arriba indicadas, el precio formal podría caer entre 10–15 %, llevando los promedios a: COP 1.730–1.840/litro en la Región 1; y a 1.600–1.700/litro COP en la Región 2. A nivel de informalidad los precios serían sustancialmente más bajos, lo cual afecta los ingresos del campesino.

Esos niveles indican que la Región 1 perdería competitividad frente a leche importada más barata, pese a que es una región más organizada; y la Región 2, por ser más vulnerable, presenta riesgo de que el precio caiga por debajo de costos de producción por lo cual ésta región concentraría el abandono de fincas.

Aquí entramos a otro campo: informalidad y pobreza rural. Basado en un modelo de sensibilidad (IA), que muestra cómo varían precios al productor, informalidad y pobreza rural bajo distintos niveles de importaciones (20 %, 40 %, 60 % más que en 2025), los resultados son alarmantes.

Muestra que cada salto de importaciones (+20 %, +40 %, +60 %) se traduce en 0.8–1.5 pp adicionales de pobreza rural y la migración de miles de familias, tal como se aprecia en el cuadro y en la gráfica siguiente. El gráfico confirma que, a mayor nivel de importaciones, menor precio al productor y mayor pobreza rural, con impacto más severo en la Región 2.

Así, la pobreza rural de 32 % en 2025 pasaría a:

• +20 % importaciones: 32.8 %
• +40 % importaciones: 34 %
• +60 % importaciones: 35.5 %

En conclusión, todo parece indicar que la medida propuesta por el presidente Petro le hace falta un hervor técnico. Anticipar impactos y diseñar políticas diferenciadas (que al no ser divulgadas indicaría que no se tienen pensadas y menos costeadas). Un análisis sólido es fundamental para la toma de decisiones. Falta conocer por parte del gobierno, las medidas para mitigar la caída de precios y pobreza.

Los ganaderos productores de leche no pueden ser nuevamente carne de cañón, en un gobierno que se dice proteger al campesino y al sector rural, pues "Después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga". Los ganaderos lecheros requieren respuestas claras y rápidas. Reconstruir ese tejido social productivo no sería fácil.

*En 2025 los fondos de pensiones privados administraron 525 billones de pesos, los cuales tuvieron rendimiento de 53 billones.