Ahora que estamos ad portas de elección para presidente de la República, los candidatos oficiales que defienden la propiedad privada y la libertad, lanzan propuestas a diestra y siniestra, con fin de recomponer el país de la debacle de la cuota inicial hacia el comunismo en que nos sumergió el mal llamado progresismo, y planean enderezar el rumbo del país, cuyo balance al final del cuatrienio es una profunda crisis fiscal que, más temprano que tarde, terminará en lo que los entendidos en la materia llaman un "default" (suspensión de pagos), con una actividad productiva debilitada, una población trabajadora agotada por asfixia tributaria, con perspectivas muy negativas de tener salud y pensiones, una ruptura social de dimensiones impredecibles y una pérdida inducida de inteligencia del aparato militar del Estado. A la par, en el otro extremo, también oficial, se pregona un continuismo sumido en el sueño de la hoz y el martillo.

Embelesados en ese enfrascamiento y en ese futuro gris para enfrentarlo por parte de los primeros solo con voluntad, entereza y optimismo -que contrasta con la riqueza de Venezuela que sí tiene petróleo-, hay otros bandos no oficiales, tristemente célebres y reconocidos por su abultada billetera y capacidad intimidatoria -léase narcotráfico y de toda suerte de minerales- que también aspiran a entronizar su poder, asegurar el futuro de sus negocios, manejar los destinos del país a su acomodo, continuar su tarea de obnubilar a la población blandiendo la bandera roja y negra para avivar la confrontación entre pobres y ricos, e influir en la economía en una aterradora mezcla de negocios ilegales y promesa de redención social.

Se trata de las disidencias de toda índole, que tienen caudillos, negocios altamente rentables que superan con creces cualquier actividad lícita, territorios, protección del Estado y sofisticada tecnología militar dispuesta para defender sus negocios ilícitos y su seudo interés social. Han puesto sus cartas sobre la mesa, a su mejor estilo, con su poder para desestabilizar al país, evidenciando que para ellos nuestras fuerzas militares y de policía, son un chiste, cuyas vidas les importa un comino.

No nos equivoquemos. Con múltiples acciones terroristas recientes de gran calado en pocos días en diferentes lugares del país y muchos muertos, la mayoría puestos por la población civil en condición de indefensión, nos están diciendo que ellos son unos jugadores duros, que no se apegan al orden legal pero sí les gusta los salvoconductos que les otorga estar en mesas de negociaciones con el gobierno.

Su poder intimidatorio va más allá, hasta el punto de lograr direccionar decisiones gubernamentales. El caso del municipio de Sabanalarga, una población del departamento del Atlántico con un poco más de 100 mil habitantes y una extensión cercana a las 40 mil hectáreas, es ilustrativa. Mediante un decreto estilo “Mátese una vaca” (“El alcalde de Zapata, en uso de facultades legales y considerando: Que al pueblo de Zapata le sobra con una res, resuelve: Artículo único: Mátese media vaca”), del compositor colombiano Antonio María Peñaloza Cervantes y recordado por crear el himno del Carnaval de Barranquilla, “Te olvidé”, el mandatario local expidió un ingenuo decreto, en una región en donde conviven por lo menos tres grupos insurgentes.

Lejos de ser una alcaldada, como es el sentido de esta composición musical de Peñaloza, la argumentación del mandatario local en el Decreto 0048 de abril 23, NIEGA, de manera temporal y hasta nueva orden, la expedición de permisos para bailes, fiestas, eventos masivos, y demás actividades de aglomeración en el espacio público dentro de la jurisdicción del municipio de Sabanalarga, como acción preventiva y de control con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes.

No se discute la justificación jurídica ni su objeto, pero la otra media vaca son las actividades económicas y culturales que dependen precisamente del uso del espacio público, y que a la final de cuentas es como un encerramiento que impone el gobierno a la población para protegerlos de la violencia de las bandas criminales y el terrorismo. En otros términos, los castigados no son estos vándalos, sino la población, y la demostración de que no pueden neutralizar estos vándalos.

Gracias a Dios, a pesar del aumento de la violencia, esta ocurrencia no la aplicó, el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, ni Federico Gutiérrez en Medellín, aunque tal como va la violencia en el suroccidente del país, además de los paros armados que impone la insurgencia, sería la medida inducida para proteger a la población civil de las disidencias de toda estirpe.

Así es el tamaño y poder de estas disidencias, por llamarlas de alguna manera, que tienen presencia en 790 municipios del país (el 71 %) y entre sus filas suman cerca de 30 mil efectivos. Este no es un actor pequeño, que se nos creció económicamente, por lo que los remedios tradicionales no son suficientes. Gracias a esa horrenda mezcla está en juego la libertad, la democracia.