El gobierno del presidente Petro presentó en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) en Cartagena, el Documento Conpes 4184 que se constituye indefectiblemente, si no hay cambios en la dirección del Estado, en la ruta del comunismo para el sector rural en el período 2026-2036.

No se trata de un documento más a los que nos tiene acostumbrados esta entidad del Gobierno que se supone que es técnica. Este documento es la columna vertebral de lo que planea el comunismo para los próximos 11 años, que abarcan más de dos periodos presidenciales. Sí. ¡Ese es su alcance a mediano plazo! Curioso, ¿no?

En él se plasma la Política de Reforma Agraria: Redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida. Sus fundamentos son claros: busca la estatización sin ambigüedades. Señala que su propósito es intervenir de manera deliberada y sostenida en la distribución de activos, recursos, oportunidades y poder entre actores y territorios, para reducir desigualdades estructurales que no pueden corregirse mediante el funcionamiento ordinario de los mercados. En otros términos, responde al qué, al cómo y al para quién, y de paso desmonta el sistema de libre empresa de mercado.

Además, amplía el foco más allá del acceso a la tierra, incorporando de manera explícita el acceso al agua, a otros activos productivos, a la justicia agraria y al reconocimiento político de los sujetos rurales.

Lo que pasó en estos 4 años de la era Petro fue la consolidación de instrumentos, empezando por la aprobación en la plenaria del Senado del proyecto de ley que ratificó el Acuerdo de Escazú —logro que es considerado como la primera victoria de la bancada petrista en el Congreso de 2022—. Con esta aprobación se introdujo un elemento de inseguridad jurídica para proyectos de infraestructura vitales para el país y dio entrada a una agenda globalista que persigue asegurar qué se debe y no se debe hacer en el tema ambiental. También curioso que, pese a ese marco, cuatro años después la explotación ilegal de oro está en auge con ganancias que superan, según una investigación del diario El Tiempo, los 33 billones de pesos al año.

Pero centrémonos en el tema que debe preocupar a los ganaderos, pues según el mismo documento tiene un costo ‘indicativo´ de 18,6 billones de pesos e incluye 145 acciones que serán implementadas por 26 entidades del orden nacional, entre las que se destacan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Unidad de Restitución de Tierras y el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es decir, toda la artillería ministerial.

El eje central sigue siendo la propiedad rural. CONtexto ganadero ha reseñado los embates de los que han sido víctimas los propietarios de tierras -ya sea desde el punto de legislación con sendos proyectos de ley, o a través de decretos que suplantan los proyectos de ley y, por qué no llamarlo por su nombre, las expropiaciones por vías de hecho como son las invasiones.

La más reciente embestida fue el Decreto 174/26, que argumentó la emergencia declarada en la costa Caribe para derogar la fase judicial de los procesos agrarios, quitándole a los jueces competencias que les corresponden, para dárselas a la ANT, con el agravante de una expropiación exprés en la que esta entidad podrá, ¡en un solo acto!, comprar tierra, registrar el negocio, incorporar el predio al Fondo de Tierras y hasta adjudicarlo a los beneficiarios. Lo que promete este documento es seguir por esa vía.

Un aspecto que toca al gremio ganadero y a sus aportes parafiscales -que hoy se orientan a controlar la fiebre aftosa y llevar conocimiento a los ganaderos entre otros-, es orientar los fondos parafiscales y agropecuarios pese a que ya se tiene un marco legal que es claro en este aspecto (la potestad de vigilar ya la tiene).​ ¿Hacia dónde los quiere orientar? Ya sabemos que al gobierno actual no hay plata que le alcance

La sentencia es clara: ya el candidato de esa colectividad ha señalado que profundizará las reformas de Petro. ¡Nos lo están advirtiendo!