Alfonso Santana Díaz

Hay que asistir a las movilizaciones que convoca el gobierno

Por Alfonso Santana Díaz - 22 de Mayo 2025


Desde Beijing (China), el pasado 14 de mayo, el gobierno convocó al pueblo a reunión en cabildo abierto, en todos los municipios de Colombia, para debatir en asamblea permanente y tomar decisiones sobre la consulta popular que el senado de la república no aprobó. (Alocución del presidente Gustavo Petro desde China, en la que convocó a los colombianos a cabildos abiertos ante la negativa que dio el Senado a la Consulta Popular)

Convocó a unos grupos de la población colombiana y excluyó a otros. Convocó a la federación de cooperativas, a la federación nacional de la acción comunal, a la coordinación nacional campesina (que dice tiene un millón de inscritos pidiendo tierra), a las centrales obreras, al movimiento juvenil, a los aprendices del Sena, a organizaciones femeninas, a la minga indígena, a la coordinación de organizaciones afro, a los movimientos de toda la cultura y, a la diversidad colombiana, para que propongan y discutan si se aprueban o no las propuestas sobre la consulta popular, y que el mismo movimiento popular debe lanzar como un mandato del pueblo al gobernante así no sean vinculantes.

Es claro que es una invitación a toda la ciudadanía colombiana y no a una parte de la población, como lo presenta veladamente el ejecutivo. Porque el pueblo somos todos. Es una oportunidad que hay que aprovechar a pesar de su intencionalidad y de la perversidad de la estrategia, pues en la práctica está en campaña electoral desde que se inició el mismo gobierno.

Es una oportunidad para debatir y discutir entre todo el pueblo la consulta popular. Es un escenario democrático en donde otras corrientes políticas y sectores económicos y sociales del país deben exponer sus tesis y no dejar que sea sólo el gobierno que lo haga, quien, además de poner los temas sobre la mesa, aprovecha la ausencia de la contraparte para denigrar de personas o grupos, como en el caso del mal llamado cabildo en Barranquilla en donde ´se despachó’ contra gente de la región y acusó a senadores de hacer fraude en la aprobación de la consulta popular, y esgrime, nuevamente su arma favorita: infundir terror (les echamos al pueblo a manera de un fiero mastín).

Al gobierno hay que enfrentarlo en su mismo terreno, con argumentos, pues abusa del monopolio del micrófono y del simbolismo con el que siempre se presenta para significar que ese es el pueblo, preferencialmente indígenas con palos, o como la hoz y el martillo ampliamente reconocido como un símbolo comunista, o la bandera de la muerte.

La no asistencia es un principio de derrota en la medida en que se les cede a estas organizaciones un espacio para tomar decisiones.

No se trata de ‘metérsele al rancho´ al partido político que gobierna, pues la Constitución Nacional no define un ‘pueblo rico’ o un ‘pueblo pobre’. Todos somos pueblo, los que tienen y los que no tienen empleo, los que tienen y los que no tienen riqueza; los que tienen y los que no tienen ingreso. Es el país con todas sus instituciones, sus empresas, con sus productores del campo, en sus diferentes dimensiones. Es un derecho consagrado a todos los ciudadanos. Además, muchos de los derechos que se han propuesto en la consulta popular ya están en el orden legislativo. Aquí la pregunta para un debate de esa naturaleza es si necesitamos más derechos o un estado que haga valer los derechos, si recogemos la experiencia del gobierno como administrador o vamos nuevamente por esa vía que en el pasado demostró ser catastrófica. Lejos está este mismo gobierno de ser impoluto en su administración.

Si bien el gobierno actual ganó en las urnas con 11,2 millones de sufragios, también es cierto que esa porción sólo representa el 29 % del total de votantes registrados (39 millones). No es por tanto el dueño del pueblo, aunque funge como el gamonal del pueblo, señalando como tal, qué es bueno y qué es malo, determinando el rumbo de la economía y de la sociedad a su ‘leal entender’.

En esa convocatoria no invitó a empresarios, comerciantes y gremios de la producción. ¿Acaso ellos no son colombianos? ¿No es hora que estos sectores se organicen en torno a esa misma estrategia? El gobierno utiliza esas tarimas su arma favorita, la polarización, endilgándoles la codicia como característica, argumentando que se han hecho ricos explotando a los pobres. Bien vale la pena traer a colación unas estadísticas de la DIAN y del DANE para mirar con otra óptica estas dualidades.

La DIAN cataloga como Grandes Contribuyentes solo a 2.654 empresas. (Resolución DIAN No. 012220 de diciembre 23 de 2022). Y dice, con base en las declaraciones de renta de personas naturales y asimiladas residentes del año gravable 2021, que el 0,01 % más rico de Colombia está conformado por cerca de 3.700 personas con patrimonios líquidos superiores a $9.579 millones y que en el 0,1 % de los adultos con mayor riqueza (más de 2500 millones de patrimonio) lo integran 37 mil personas.

Hablamos entonces de hacer un levantamiento social contra menos de 4000 personas y 2600 empresas. ¿No será que está fallando la política tributaria? ¿No será que el país tiene una base de capital muy pobre y que lo que se requiere es ampliarla, promoviendo la generación de empresas, para generar más ingresos a la población?

Acabar con esa exigua base de capital a través de más tributación y movimientos sociales conduce, inexorablemente, a más pobreza. No hay espacio para la equivocación. La sentencia es clara: La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida el presidente no los atacará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo y que, si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos (palabras del gobierno). Todo esto en medio del estruendoso fracaso del proceso de paz y una creciente violencia originada por la disputa de territorios por el narcotráfico.

Por su parte el DANE demuestra que la informalidad en el país supera el 56 % y en los campos el 85 %. Ese si es un verdadero problema por resolver. Por la vía propuesta por el gobierno no habrá más pan para unos ni riqueza para otros. El espejo del vecino país así lo ilustra.

Hay que exigirle al gobierno el derecho -ese sí válido-, que, así como promueve Comités por el Sí para la Consulta Popular, también promueva comités por el NO. Pues no todos piensan y quieren lo mismo para el país ni están entre los signados por el gobierno. Esto no puede ser una pelea de tigre con burro amarrado. ¡Todos somos pueblo!