Un informe de Credicorp Capital, citado por el periódico Portafolio (enero 21/2026), da cuenta del potencial impacto sobre el dólar originado en la repatriación de recursos invertidos en el extranjero por los fondos de pensiones privados, AFP, que lo estima en $150 - 200 adicionales en el corto plazo. Eso ubicaría la tasa de cambio en la vecindad de 3.450 pesos por dólar, cuando se estimaba que por esta época estaría por encima de 4.000 pesos.

Aunque para el ganadero y en general para el sector rural parezca alejado el efecto de la política del gobierno actual –de endeudamiento externo (sobre la que se proyecta un aumento de 152 billones para 2026) y la repatriación de recursos de los fondos de pensiones privados invertidos en el exterior– y que le sea más cercano el impacto del aumento del salario mínimo para 2026, la verdad es que el efecto combinado de estas políticas en los próximos tres años –si no cambian las condiciones–, se reflejará en un boom de importaciones y debilitamiento de las exportaciones. En el sector ganadero se materializará en la desaparición de un elevado número de fincas productoras de leche, pues el precio formal al productor podría caer entre 10–15 %, ubicando el ingreso de muchas explotaciones por debajo de los costos de producción; caída de exportaciones de carne y ganado en pie y un auge de importaciones, llevando al sector rural a pérdida de empleo, mayores niveles de pobreza, informalidad, y caída de la productividad, limitando las oportunidades de crecer.

He insistido en este tema porque la atención de los efectos de tales medidas se ha centrado en la de rentabilidad de las inversiones de las AFP y, por ende, en la reducción de las futuras pensiones, y en las MyPime especialmente, pero no se aboga por el descalabro económico y el deterioro social que se avizora para el sector rural.

Las consecuencias no difieren mucho a las que expuse en la pasada columna En 2026 y 2027 se perderían 70 mil fincas lecheras, referidas concretamente al impacto que causaría la repatriación de recursos de los fondos de pensiones privados invertidos en el extranjero. El borrador de decreto, que dio a conocer el ministerio de Hacienda el 21 de enero, limita el monto de inversiones que podrán tener las AFP en el exterior a un 35 % del total de recursos en 3 años, que sumarían 19 mil millones de dólares (cerca de 6.400 millones en cada año).

El ingreso de esos recursos produce un choque cambiario de grandes proporciones porque aprecia en forma importante nuestra moneda (tipo de cambio a la baja). Un peso fuerte abarata importaciones, pero los exportadores reciben menos ingresos en COP por ventas en USD.

Suponiendo que tal política de repatriación de recursos tenga un propósito loable, como es el de proveer recursos para financiar infraestructura en el mercado nacional, el gobierno olvida el gran esfuerzo que han hecho los sectores productivos para haber llegado a los niveles de exportaciones que tienen productos como el café, flores, aguacate, etc., y desde luego el del sector ganadero colombiano que, por décadas, ha invertido ingentes recursos de los ganaderos a través de la parafiscalidad para tener un hato libre de aftosa con vacunación, así el decidido esfuerzo para avanzar en la trazabilidad, que es un elemento esencial para exportar, y los realizados para transformar en la ganadería en sostenible y ofrecerle un opción al mundo para combatir el cambio climático.

Sin embargo, las palabras del director de Crédito Público, Javier Cuellar –citadas también por Portafolio– permiten entrever el trasfondo de esa medida, al sugerir que se podrían hacer colocaciones directas de TES con dichos recursos para limitar el impacto sobre el mercado. Se trataría, entonces, de proveer recursos por más de cien billones de pesos al presupuesto nacional en los tres próximos años, tapando un hueco con más deuda, pero dándole un aire fiscal al próximo presidente para que pueda operar. En otras palabras, se utilizarían los recursos de los pensionados para financiar el gobierno, llevándose por delante la base productiva agropecuaria, y resquebrajando abruptamente el entorno social del campo que de por si es ya crítico.

Como si fuera poco, el gobierno de Ecuador le dio por colocar aranceles de 30 % a nuestras exportaciones hacia ese país. Todo eso se traduce en mayor pérdida de competitividad y se crea una competencia insana. Se destruye riqueza y se crea más pobreza que es uno de los objetivos sublimes del comunismo. Todo indica que el gobernante está habiendo bien su tarea. Ese conjunto de políticas es la infalible fórmula para destruir el campo y la economía del país. Afortunadamente el sector rural tiene en las próximas elecciones una oportunidad para no repetir esta historia.