Durante años, el productor ganadero colombiano aprendió a convivir con una realidad que jamás debió convertirse en costumbre. Mientras el país discutía grandes reformas políticas e ideológicas desde los centros urbanos, en el campo el verdadero debate era otro: cómo sobrevivir una noche más sin ser víctima de la delincuencia.

La inseguridad rural alcanzó niveles que pusieron en jaque no solamente el patrimonio de miles de familias, sino la confianza para invertir, producir y permanecer en el territorio. El abigeato dejó de ser un delito aislado para convertirse en una industria criminal; el carneo se transformó en un fenómeno cotidiano; las invasiones de predios sembraron incertidumbre jurídica; la extorsión volvió a instalarse como un impuesto ilegal impuesto por estructuras criminales; y el secuestro, junto con los homicidios selectivos, regresó como una dolorosa advertencia para quienes se negaban a someterse al miedo.

El resultado fue un gremio golpeado económica y emocionalmente, que durante el gobierno del presidente sintió que sus preocupaciones ocupaban un lugar secundario dentro de la agenda nacional. Más allá de las diferencias ideológicas, lo cierto es que muchos ganaderos percibieron una ausencia de decisiones contundentes frente a los factores que alimentaban la criminalidad en las zonas rurales.

La seguridad dejó de ser un asunto exclusivo de la Fuerza Pública para convertirse en el principal obstáculo para el desarrollo del campo colombiano. Ningún programa de productividad, ninguna línea de crédito y ningún incentivo tributario puede prosperar allí donde el productor teme perder, en una sola madrugada, el trabajo de toda una vida.

Por eso la llegada del nuevo gobierno despierta expectativas legítimas. No se trata únicamente de un cambio de administración. Existe la esperanza de que, por primera vez en muchos años, el sector ganadero sea entendido desde la experiencia y no únicamente desde la teoría.

El presidente electo, , conoce de cerca la realidad empresarial y durante la campaña presidencial expresó su compromiso con la recuperación de la autoridad del Estado en las regiones. Esa promesa hoy debe traducirse en acciones concretas, porque la seguridad rural no admite más discursos; exige resultados.

En esa misma dirección, el designado ministro también envió señales alentadoras al plantear la necesidad de recuperar la confianza del sector agropecuario y reabrir las exportaciones de ganado en pie, una actividad que representa una importante fuente de ingresos para miles de productores y para la economía pecuaria del país. La reactivación de ese mercado no solo significa mayores oportunidades comerciales, sino también el restablecimiento de la confianza inversionista en un sector que durante años enfrentó decisiones que limitaron su competitividad.

Sin embargo, ninguna estrategia económica tendrá éxito mientras el crimen organizado continúe ejerciendo control sobre extensas zonas rurales.

La seguridad debe convertirse en la primera política pública del nuevo gobierno para el campo colombiano. Eso implica fortalecer la presencia permanente de la Fuerza Pública, incrementar las capacidades de inteligencia, combatir con firmeza las estructuras dedicadas al abigeato y la extorsión, proteger la propiedad privada dentro del marco constitucional y garantizar que las autoridades judiciales respondan con eficacia frente a quienes hacen del delito un negocio rentable.

También será indispensable devolver la confianza entre el Estado y los productores. Durante demasiado tiempo el ganadero sintió que debía defenderse solo frente a organizaciones criminales cada vez mejor financiadas y más violentas. Esa percepción debe desaparecer mediante una política integral donde Ejército, Policía, Fiscalía y autoridades territoriales actúen de manera coordinada.

El país necesita comprender que cuando un ganadero abandona su finca por miedo, no pierde únicamente una familia. Se reduce la producción de alimentos, disminuye el empleo rural, cae la inversión y se debilita la economía regional. La seguridad del productor termina siendo, en consecuencia, la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

La historia ha demostrado que no existe desarrollo rural sin autoridad legítima del Estado. Las carreteras, los distritos de riego, el crédito, la asistencia técnica y los incentivos tributarios son fundamentales, pero todos dependen de una condición previa: que el productor pueda trabajar sin vivir bajo la amenaza permanente de la delincuencia.

El gremio ganadero no reclama privilegios. Exige garantías. Pide que la ley llegue donde durante años solo llegaron las amenazas. Solicita que la institucionalidad recupere el control de territorios que jamás debieron quedar en manos del crimen.

Hoy existe una oportunidad para comenzar a saldar esa deuda histórica. Las expectativas son altas porque también fueron altas las promesas realizadas durante la campaña. Corresponde ahora al nuevo gobierno demostrar que la seguridad rural dejó de ser un discurso electoral para convertirse en una verdadera política de Estado.

Los ganaderos colombianos no esperan milagros. Esperan decisiones. Esperan liderazgo. Esperan autoridad. Y, sobre todo, esperan que nunca más producir alimentos para Colombia sea una actividad que deba ejercerse con miedo.