Hay tres palabras que, cuando se escuchan entre los ganaderos, generan frustración y sensación de impotencia: “guías de movilización”, un trámite que debería ser ágil, técnico y transparente, pero que se ha convertido en una auténtica tragedia para los ganaderos colombianos.

En teoría, estamos en la era de la transformación digital. Se nos ha vendido el discurso de la modernización del campo, de la conectividad rural, de la trazabilidad y de la simplificación de trámites. Pero en la práctica, quienes vivimos del ganado sabemos que eso es puro cuento cuando nos enfrentamos a la realidad del Sinigán (que no es nuevo – se creó en 2004 y fue administrado por Fedegán desde el 2007 hasta 2012 y desde 2013 es administrado por el ICA); el sistema que prometía reemplazar al viejo SIGMA con más eficiencia y menos errores, pero que terminó siendo un salto al vacío.

Y es que, desde que se dio el cambio de plataforma en abril de 2024, el sistema simplemente no funciona como debería. Las movilizaciones desaparecen, los inventarios no cuadran, y las inconsistencias entre lo que se mueve y lo que figura en los registros oficiales son el pan de cada día. Lo peor es que, como siempre, el eslabón más débil —el productor— es el que paga los platos rotos; como si no tuviera ya bastantes problemas por resolver, propios del negocio de la ganadería y el trabajo en el campo.

Hoy, hacer una guía de movilización es una odisea. A pesar de estar en pleno 2025, seguimos teniendo que hacer filas eternas, llegar a las 5 de la mañana para tomar el “turno”, esperar indefinidamente y luego rogar para que el sistema tenga “línea”; todo esto para poder movilizar unos animales. Y como si fuera poco, luego de la movilización, viene el segundo acto del drama: comprobar la guía. Porque ahora resulta que el traspaso de los animales no es automático. Aunque la guía ya fue emitida y los animales llegaron al destino, el inventario no se actualiza. Es como si el sistema no creyera en su propia información, y eso obliga al nuevo propietario a ir a la oficina del ICA, a llevar la misma guía, hacer fila eterna y a rogar otra vez a que haya “línea” para poder comprobar la guía. Todo esto, perdiendo tiempo valioso para sus labores de campo.

Para completar el absurdo, se nos vendió como solución la asignación de usuarios en línea, una figura que en teoría permite a los ganaderos expedir sus guías desde la comodidad de su casa u oficina, descongestionando las oficinas físicas. Pero en la práctica, es muy común que el sistema no funcione, muchas veces permite hacer la guía y no permite completar el pago porque pierde conexión con las plataformas bancarias, quedando la guía hecha pero inservible. Y lo más ilógico; incluso si se logra emitir la guía en línea, esta también debe ser comprobada presencialmente, como si no existiera ninguna confianza en el propio sistema que la expidió. Es un contrasentido que anula el objetivo del trámite digital y que condena al ganadero a hacer el mismo peregrinaje burocrático que se quería evitar.

A este caos técnico se suma la desconexión institucional. En muchas oficinas regionales, los funcionarios del ICA no tienen respuestas claras, la alta rotación del personal hace que los funcionarios nuevos no conozcan con claridad los procedimientos, no hay personal suficiente y los canales de atención están saturados o desactualizados. En regiones apartadas, los productores deben desplazarse decenas de kilómetros —en algunos casos días enteros— solo para hacer un trámite que, en teoría, debería poder resolverse en línea. Es una muestra dolorosa de lo lejos que estamos de una verdadera transformación digital, y de lo poco que se escucha y se valora al campo.

Lo más grave es que esta situación no es nueva, sino que es parte de una decadencia estructural del ICA que ya no se puede ocultar. La entidad, que alguna vez fue símbolo de presencia técnica y autoridad sanitaria en el campo colombiano, hoy enfrenta una crisis profunda; escasez crónica de personal, oficinas sin funcionarios en épocas críticas como diciembre, enero e incluso febrero, por cuenta de políticas de contratación inadecuadas, y una reducción sostenida de su capacidad operativa. Es lamentable que una institución tan vital para la producción pecuaria —responsable de la sanidad animal, la trazabilidad y la confianza en los mercados— haya sido abandonada a su suerte, funcionando con lo mínimo y dejando a los productores a la deriva. El ICA debería ser un soporte sólido para el campo, y no un obstáculo que hay que sortear.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que este tipo de atropellos se normalicen? ¿Cómo es posible que una entidad como el ICA, que debería ser el pilar de la sanidad animal y la trazabilidad, esté cada vez más ausente, débil e inoperante? La falta de personal, la lentitud en los procesos, la precariedad de sus oficinas en muchas regiones y la desactualización tecnológica, hacen que uno se pregunte si de verdad tenemos el Instituto “robusto” que necesitamos o más bien, un paciente en cuidados intensivos, que apenas sobrevive gracias a la buena voluntad de algunos funcionarios y a la resignación de los productores.

El campo colombiano no puede seguir funcionando con sistemas rotos. No es así como se genera progreso; la formalidad pecuaria no puede depender de plataformas que colapsan ni de funcionarios contratistas de 3 meses que no alcanzan a conocer el funcionamiento del a entidad cuando ya se van. Los ganaderos debemos exigir que se corrijan las fallas del Sinigán, que se dignifique la atención al usuario y que el ICA recupere el liderazgo que está perdiendo a pasos agigantados.

La movilización del ganado no puede seguir siendo una tragedia.